Reabren Operación Puf, el caso que creó la AFI macrista para derribar el D’Alessiogate

La Cámara Federal porteña, con el voto de dos jueces designados por Mauricio Macri, ordenó reabrir la causa conocida como “Operación Puf”, que se basa en escuchas ilegales realizadas por la AFI macrista y se creó para derribar el D’Alessiogate. Uno de los querellantes de este caso es el fiscal Carlos Stornelli quien había apelado el archivo del expediente. Este martes, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens le dieron la razón al fiscal procesado. El caso tramitaba en el juzgado federal Nº 11 que estaba a cargo de Claudio Bonadío y fue cerrado por Marcelo Martínez de Giorgi, el primer juez que subrogó ese despacho. Ahora, la investigación quedará en manos de otro magistrado vinculado al Lawfare, Julián Ercolini, que es quien está a cargo del mismo juzgado desde el 12 de febrero pasado.

El 21 de septiembre del año pasado, Martínez de Giorgi había cerrado la Operación Puf por “inexistencia de delito”. Había tomado el expediente tras la muerte de Bonadío. Este martes, en un fallo dividido, la cámara porteña consideró que hay elementos para reabrirlo.

¿Qué se postula en la causa, que se sustenta en escuchas ilegales realizadas en la cárcel de Ezeiza? Que el D’Alessiogate se creó para derribar la causa Cuadernos. Y que todo es producto, según la denunciante Elisa Carrió, de “una maniobra perpetrada por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner; Eduardo F. Valdés … Marcelo D’Alessio; los excomisarios de la policía bonaerense y posibles agentes de la AFI Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi; y el juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla”. Algo disparatado. 

La prueba recolectada en el caso D’Alessio y en la causa que ahonda en el espionaje ilegal macrista que se sustancia en los tribunales de Lomas de Zamora derriba esa tesis absurda.

En un intento burdo por sostener vivo este expediente, Bruglia –que fue puesto a dedo en la cámara por Mauricio Macri- dijo que a pesar de sustanciarse con escuchas de dudosa legitimidad hay otros elementos que alimentan esta causa: “Debe decirse que aún cuanto en la denuncia inicial se hizo referencia a cuanto surgiría de escuchas telefónicas que fueron producto de intervenciones dispuestas en la causa FLP 41475/2016 -cuya legitimidad es actualmente objeto de investigación en el marco de otros expedientes- no menos cierto es que en el escrito promotor se aludió a otros elementos que daban autónomo respaldo a la investigación propiciada”. Por si quedaban dudas de su posición, resaltó: “El objeto de esta investigación no encuentra en las citadas escuchas exclusivo anclaje, y sin perjuicio de cuanto resulte del devenir de aquellos expedientes en los cuales se ventila la regularidad de la orden y/o de su divulgación, su resultado no obtura el presente cauce investigativo”.

Para Bruglia, el juez Martínez de Giorgi tuvo un “desacierto” en “las conclusiones a las que arribó”. Y cuestionó que “la actividad orientada a dilucidar lo acontecido ha sido limitada y escasa”. Básicamente, sostuvo que no se trabajaron “varias de las hipótesis que se han planteado en la instrucción”. 

Llorens –quien fue designado por Macri pero por concurso- coincidió con Bruglia. Dijo que el trabajo de Martínez de Giorgi “no resultó suficiente para poder descartar, definitivamente a esta altura, la inexistencia de un plan que pudiera tildarse de delictivo, tendientes a utilizar recursos jurisdiccionales con competencia en los partidos de Lomas de Zamora y Dolores, para interferir en una causa en radicada en esta ciudad capital”. 

Respecto a las escuchas ilegales tomadas en Ezeiza, Llorens dijo: “Las conversaciones que darían cuanta de la puesta en marcha de la operación existieron” y “fueron debidamente obtenidas en el marco de una investigación penal a cargo del Juzgado Federal n° 2 de Lomas de Zamora y ordenadas por el Juez a cargo”. La referencia es al juez Federico Villena y la causa Segovia, donde a pedido de la AFI macrista se intervinieron los teléfonos del penal de Ezeiza. Fue la coartada para escuchar a los presos K, algo sobre lo que Llorens no hizo hincapié. 

En ese sentido, se preguntó por “el valor que ese magistrado le dio a esos registros, que ocurrió con su cadena de custodia, que acciones siguieron a la presunta intención de poner en ejecución el deseo de quienes mantienen esas conversaciones y cuáles fueron sus alcances y resultados”. Para Llorens todo eso “podría revestir carácter delictual más allá de que el objetivo hubiera podido o no materializarse efectivamente”. Por eso consdierò “prematuro” el archivo del caso. 

El juez Eduardo Farah, quien volvió a la cámara porteña durante el gobierno de Alberto Fernández –se había sido por presión de Macri-, votó en disidencia y consideró que el caso debe archivarse. Y remarcó, a diferencia de Bruglia, que las escuchas ilegales “fueron la principal fuente de las denuncias” y que “aún hoy, se desconoce a ciencia cierta cómo fue que llegaron antes a conocimiento de las denunciantes y de quien reviste la condición de legitimado activamente”. 

Farah consideró que a dos años de iniciada la causa “no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta”. “La falta de esa base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad, como lo reclama la ley”, indicó.

A su vez, cuestionó a Stornelli. “Advierto que se han utilizado los términos ‘maniobra’, ‘operación’ o ‘plan’ para referirse a supuestas acciones que pretenderían afectar el curso de diversas investigaciones judiciales”, particularmente la causa Cuadernos, dijo el juez. “Hay detrás de ello cuestionamientos a que el juez federal de Dolores, Provincia de Buenos Aires, haya intervenido en el marco del proceso que tiene al aquí querellante como imputado”, destacó. Y recordó que hubo tribunales superiores que confirmaron el procesamiento de Stornelli en el Caso D’Alessio y todas las cuestiones formales que este trabó en pos de derribar la investigación que sustanció Alejo Ramos Padilla.

En lo que sí coincidieron los tres camaristas fue en rechazar el planteo del abogado y juez Juan María Ramos Padilla, quien también había apelado la decisión del cierre del caso porque consideraba de que “correspondía el dictado de su sobreseimiento en razón de considerarse imputado”. Desde el entorno del juez indicaron a este medio que están trabajando en un escrito para responderle a la cámara porteña.

Esta resolución provoca que el caso sea investigado ahora por Ercolini, quien está subrogando el juzgado que ocupó Bonadío desde el 12 de febrero pasado.

El inicio del caso

El 6 de febrero de 2019 se produjo un hecho que provocó un punto de quiebre en el devenir del Lawfare en la Argentina. Por eso en el gobierno de Mauricio Macri se activaron todas las alarmas. Y se multiplicaron las operaciones ilegales. Aquel día, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla allanó el domicilio del espía ilegal Marcelo D’Alessio, en el country Saint Thomas. El procedimiento se extendió hasta el día siguiente. Apenas unas horas después de que finalizara el operativo, el 7 de febrero de aquel año, la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, subió un tuit en el que sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. La “Operación Puf” empezaba a mover sus engranajes. Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza. Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día siguiente a Comodoro Py –vía Mariana Zuvic y Paula Oliveto- para darle impulso a la causa que creó la exSIDE para derribar el caso D’Alessio. Las presentó como un anónimo que le había llegado.

Ese mismo día, 8 de febrero de 2019, Stornelli presentó una denuncia similar en Comodoro Py en base a una serie de anónimos que, casualmente, también le habían llegado. 

Se trató de una doble denuncia en pos de lograr que intervenga un juez que falle de acuerdo a los intereses de los denunciantes. Solo quedó en pie la denuncia de Carrió porque recayó en el juzgado de Bonadío -allí luego Stornelli fue aceptado como querellante-. La otra denuncia se terminó cerrando por inexistencia de delito. Lo anónimos eran transcripciones de escuchas ilegales de la AFI macrista.

Una serie de datos revelan la desesperación del macrismo cuando se destapó el D’Alessiogate: las transcripciones que utilizaron para la presentación de Carrió incluían conversaciones del 5 de febrero de 2019. La AFI retiró de la DAJuDeCO (donde se graban las escuchas) el cd 539 con la grabación ilegal de esos diálogos el 6 de febrero a las 15.33. Es decir, en 24 horas el organismo de inteligencia se encargó de desgrabar el material y hacérselo llegar a la cofundadora de Cambiemos para activar un plan que obstaculizara el trabajo de Ramos Padilla. La AFI tuvo esa escucha en su poder apenas un día. Y nunca pasó por un juzgado. Era una escucha ilegal.

Por eso, la “Operación Puf” se transformó en un expediente paradigmático de persecución judicial en el que articularon su accionar los servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos –que difundieron las escuchas para blanquearlas - y jueces y fiscales del Lawfare. Por esas escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza, en febrero de este año fueron procesados en los tribunales de Lomas de Zamora integrantes de la cúpula de la AFI macrista y del Servicio Penitenciario Federal.

En esta línea, en una presentación que había hecho ante los camaristas porteños para que se ratifique el archivo del caso, el abogado Alejandro Rúa, que representa a Roberto Baratta, había resaltado “que el inicio de este expediente es resultado de las maniobras ilícitas cuya investigación se lleva adelante en la jurisdicción federal de Dolores -en el marco de la causa FMP 88/2019- y en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora -causa FLP 14149/2020/9”, es decir, en dos causas donde se investiga el espionaje ilegal macrista. 

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal había acompañado el planteo de Rúa ya que en las intervenciones telefónicas se había escuchado de forma ilegal el diálogo de abogados con sus clientes. 

Pero Bruglia y Llorens hicieron oídos sordos a este planteo y le dieron la derecha a Stornelli, que se aferra a la Operación Puf para defenderse de las acusaciones en su contra en el D’Alessiogate.