Magistradas y magistrados de distintos puntos del país se sumaron este viernes al reclamo de los curas villeros y respaldaron su denuncia sobre el trato que el gobierno porteño dispensa a los habitantes de los barrios más humildes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU Argentina) emitió una declaración de apoyo al comunicado que el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina difundió con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
En ese comunicado, los párrocos habían exigido a la gestión de Jorge Macri respuestas concretas a planteos históricos de los vecinos más postergados del distrito y denunciaron prácticas que describieron como "hostigamiento institucional": el secuestro de carros a cartoneros, la confiscación de mercadería a vendedores ambulantes, la violencia seguida de muerte, la denigración a personas en situación de calle y el desprestigio sistemático hacia quienes se organizan para dar comida o abrigo a sus hermanos y hermanas.
"La pobreza convertida en amenaza"
COPAJU Argentina hizo propia esa denuncia y fue más lejos en su diagnóstico. Con la firma de su coordinador, César Raúl Jiménez, el Comité sostuvo que las conductas señaladas por los curas villeros "no son hechos aislados", sino "la expresión visible de un discurso que convierte la pobreza en amenaza y a los pobres en enemigos".
La declaración también alertó sobre ciertos discursos públicos que "promueven, de modo explícito o implícito, una visión de los sectores vulnerables como problema a suprimir en lugar de sujetos de derechos a acompañar", y advirtió que esas narrativas "hieren la convivencia, alimentan la violencia y siembran odio donde la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos exigen integración, dignidad y protección".
Para fundamentar su posición, el Comité recuperó una frase del Papa Francisco, en la que señalaba que "el principal problema ético de este capitalismo es la creación de descartados para después tratar de esconderlos".
Posición sobre los derechos de los más vulnerables
Los magistrados que integran COPAJU Argentina subrayaron que "ninguna reforma normativa puede hacerse a expensas de los sectores más vulnerables" y ratificaron que "el acceso digno al suelo y a la vivienda hace a la dignidad de las personas". En esa línea, calificaron la exclusión habitacional como "un fenómeno estructural que el ordenamiento jurídico tiene el deber de revertir, no de profundizar".
El pronunciamiento reconoció como titulares plenos de derechos constitucionales e internacionales a "los cartoneros, los vendedores ambulantes, los habitantes de villas y asentamientos, las personas en situación de calle" y calificó como "ilegal, inconstitucional e incompatible con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos" cualquier ejercicio de violencia institucional contra esas personas.
Asimismo, el Comité defendió a las organizaciones que asisten a los más vulnerables -entre ellas el Hogar de Cristo y las comunidades parroquiales firmantes del comunicado original- y sostuvo que ejercen "una función social y espiritual de primer orden que merece reconocimiento y protección, no hostigamiento".
Exigencias al gobierno porteño
COPAJU Argentina instó a las autoridades de la Ciudad a cesar "de inmediato" con toda práctica de hostigamiento, violencia o denigración hacia los vecinos de barrios populares, vendedores ambulantes, cartoneros y personas en situación de calle. También les reclamó evitar discursos que promuevan la estigmatización de los pobres o que "alienten una mirada de clase y de odio hacia los sectores más vulnerables de la sociedad".
Además, el Comité exigió que el gobierno porteño abra con "seriedad y voluntad política" las mesas de diálogo propuestas por los curas villeros, y que retome el financiamiento de las obras de infraestructura en los barrios populares, que la legislación vigente ya reconoce como derecho.
La declaración concluyó con una reivindicación del papel del Poder Judicial como "último resguardo contra la vulneración de derechos" y con el compromiso de sus integrantes de hacer que "la justicia no quede en las páginas de los tratados, sino que se encarne en la vida de los más descartados".
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