El gobierno de Javier Milei reestructuró de manera exprés la conducción argentina en la Central Hidroeléctrica Yacyretá tras una serie de renuncias en la cúpula del organismo. El ingeniero Alfonso Peña dejó el cargo de Director Ejecutivo, mientras que Diego Luis Adúriz y José Antonio López presentaron sus renuncias como consejeros.
En el mismo decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó con un rearmado inmediato: Adúriz fue designado como nuevo Director Ejecutivo por cinco años, Peña pasó a ocupar un lugar como consejero y se incorporó al licenciado en Relaciones Públicas, Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como nuevo integrante del Consejo de Administración. De este modo, algunos funcionarios cambiaron de rol en lugar de salir de la entidad binacional que Argentina comparte con Paraguay.
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En concreto, la medida supone un recambio administrativo en un ente clave del sistema energético que, en el pasado, tuvo un largo historial de denuncias y escándalos de corrupción. Los cambios en las autoridades de la central también dan cuenta de la intención del gobierno libertario de mantener el control político directo de Yacyretá.
En este sentido, el nombramiento de Adúriz, primo en segundo grado del ministro de Economía, Luis Caputo, hasta el 12 de enero de 2031 es una muestra del intento de prolongar la influencia libertaria más allá del actual mandato presidencial de Milei. En tanto, Peña, el director saliente, de estrecho vínculo con el ex presidente Mauricio Macri, se mantiene en el organismo hasta la misma fecha.
Los escándalos de corrupción vinculados a Yacyretá
La obra de la represa fue durante décadas duramente criticada por sobrecostos gigantescos respecto del presupuesto original. El proyecto fue bautizado por el expresidente Carlos Menem en 1990 como un “monumento a la corrupción” por cómo se rompieron los costos previstos y por los manejos durante la construcción.
Esa causa por presuntos sobreprecios en la ejecución de la obra civil llegó a estar judicializada desde fines de los años 80 y siguió abierta por más de 30 años, aunque finalmente los principales acusados fueron absueltos en 2020 tras la acumulación de pruebas y el paso del tiempo.
Tres empresarios estaban acusados por presunta corrupción en la construcción de la represa —Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega—, pero fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal 4 después de un juicio que se había iniciado décadas antes y en el que la fiscalía había pedido penas de prisión.
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