Diputados de la oposición denunciaron que la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia, que decretó el gobierno de Javier Milei la semana pasada, no otorga más recursos económicos a las provincias afectadas por los incendios forestales. En ese sentido, advirtieron que se trata de una forma del oficialismo de conseguir votos a favor de la reforma laboral.
"La emergencia ígnea no puede ser moneda de cambio", posteó al respecto José Glinski diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chubut, la más afectada por los incendios que arrancaron en diciembre pasado.
En ese sentido, Glinski agregó que "el DNU de emergencia ígnea del Gobierno no trae ninguna respuesta concreta, solo abre una negociación a cambio de apoyo legislativo. Mientras la Patagonia se sigue quemando, se negocian los fondos que necesitan nuestras comunidades a cambio de darle los votos a la reforma laboral, la ley de glaciares o la baja de edad de imputabilidad. La emergencia no se negocia. Se atiende. Y el Gobierno y las provincias tienen que estar a la altura cuando la gente lo necesita".
Del mismo modo, la diputada nacional Sabrina Selva, también de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución ante la Cámara baja para que el Gobierno informe "de qué manera va a disponer la asignación de recursos, con qué criterios, a raíz de qué análisis de situación y con qué fuentes de financiamiento".
La declaración de emergencia por los incendios en la Patagonia
El viernes pasado, luego de un mes de que se desataran devastadores incendios en Chubut y que el fuego consumiera 45 mil hectáreas de bosque nativo, el gobierno de Javier Milei declaró la emergencia ígnea por el plazo de un año en esa provincia. A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Ejecutivo dispuso la misma medida para La Pampa, Río Negro y Neuquén. Los territorios de las jurisdicciones afectadas fueron declarados “zona de desastre”, medida que habilita al Gobierno a desplegar recursos y asistencia de manera inmediata para el combate del fuego.
Con la decisión de decretar la emergencia, la administración libertaria amplía su margen de acción para desplegar recursos humanos, técnicos y logísticos, reasignar partidas existentes y dictar normas complementarias que faciliten la asistencia a los damnificados y el apoyo a las economías locales afectadas. Según indicó el Gobierno, el DNU tiene como objetivo facilitar la adopción de medidas que resulten “necesarias para propiciar y atender con carácter inminente” la planificación, organización y preparación de recursos para “el combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y prevención de nuevos focos”.
A esto se suma además la declaración de los territorios como “zona de desastre”, lo que le permite al Ejecutivo a intervenir de manera inmediata y coordinada frente a los incendios. En este sentido, la norma facultó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) a “coordinar el apoyo y el despliegue de los recursos disponibles para el desarrollo de tareas, actividades y acciones de respuesta inmediata en las zonas afectadas", en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo.
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