Mala noticia para el Gobierno: habilitan la feria judicial para tratar el desmantelamiento del Hospital Bonaparte

El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa hizo lugar a un planteo del CELS y habilitó la feria para tratar la crítica situación en que quedó el Hospital Laura Bonaparte tras los despidos ordenados por el gobierno. El organismo de DDHH, que realizó una presentación antes de la intervención resuelta por el ministro Mario Lugones, alertó que la reducción del personal causa una grave afectación al derecho a la vida y a la salud.

27 de enero, 2025 | 17.05

El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa hizo lugar a un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y habilitó la feria para tratar la crítica situación en que quedó el Hospital Laura Bonaparte tras los despidos que impulsó el gobierno de Javier Milei. El organismo de Derechos Humanos, que realizó una presentación antes de la intervención, alertó que la reducción del personal causa una grave afectación al derecho a la vida y a la salud.

Tras resaltar que la habilitación de la feria “es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento”, el juez Lara Correa, a cargo del juzgado de feria, consideró “que la petición del CELS (en cuanto a la habilitación de la Feria Judicial) debe ser concedida”. Es que tras los despidos no se puede garantizar la atención plena en los diferentes servicios del nosocomio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la misma resolución, el magistrado le dio intervención al Ministerio Público de la Defensa porque entiende que pueden estar implicados derechos de los niños: “En virtud de que de los hechos relatados en la demanda podría surgir la posible lesión de derechos cuyo sujeto titulares sean niñas, niños y/o adolescentes, remítase al Ministerio Público de la Defensa a fin de que asuma la representación y se expida sobre la cuestión litigiosa”. Todo indica que Lara Correa habilita la feria porque ve un problema.

Tras la habilitación de la feria, el juez deberá resolver si el CELS está legitimado en la causa y puede representar los derechos colectivos que dice defender. Si el magistrado acepta al organismo de DDHH como parte entonces estará en condiciones de resolver la medida cautelar que reclamó el CELS el 16 de enero pasado para que se frenen los despidos en el Hospital Laura Bonaparte por causar una grave afectación al derecho a la vida y a la salud.

En este contexto, el 23 de enero, en pleno conflicto por los despidos en el nosocomio y con distintos planteos judiciales, el gobierno publicó en el Boletín Oficial la intervención del Hospital. Con la firma del ministro de Salud Mario Lugones dispuso limitar las funciones del doctor Christian Baldino como director y se designó como interventor a Mariano Bruno Pirozzo.

El planteo

El juez Lara Correa se hizo eco de una presentación del CELS del 16 de enero –y que amplió cuatro días más tarde-, en la que requirió a la Justicia que habilite la feria y dicte una medida cautelar que frene los despidos en el Hospital Laura Bonaparte por causar una grave afectación al derecho a la vida y a la salud. En esa solicitud, el organismo de DDHH había esgrimido las razones por las cuales reclama a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que intervenga con urgencia en este caso. Por ejemplo, había graficado el impacto y las consecuencias que tiene el despido de 200 trabajadores en los servicios de salud que presta el hospital.

Según expuso el CELS el 20 de enero, cuatro días después de los despidos, los “servicios críticos como los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia, sufrieron una reducción drástica en sus equipos profesionales y administrativos (en especial médicos y enfermeros) al punto que actualmente se encuentra imposibilitado el funcionamiento adecuado del Hospital, en incumplimiento por parte del Estado Nacional de su obligación de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a prestaciones de salud y brindar atención sanitaria y social integral con el objeto de asegurar a los/as usuarios/as la recuperación y preservación de su salud conforme lo establece el art. 7 de la Ley N° 26.657 de Salud Mental”.

En el mismo escrito se mencionó que la población afectada vive “en una situación de extrema vulnerabilidad y está compuesta por adultos/as, niños, niñas y adolescentes que requieren prestaciones de salud mental, siendo el Hospital Bonaparte el único con dicha especialidad en el AMBA”. “Dada la gravedad de la situación actual que lleva a una seria afectación colectiva al derecho a la salud de los/as usuarios/as de los servicios que ofrecía el Hospital Bonaparte, se hace imprescindible habilitar la feria y resolver favorablemente la medida cautelar formulada”, se había planteado.

Este lunes la justicia decidió hacer lugar al planteo en lo referente a la habilitación de la feria.

La crisis del Bonaparte

La crisis que atraviesa el Hospital Laura Bonaparte se agudizó luego de que el 15 de enero pasado el Ministerio de Salud anunciara una “reestructuración”, lo que es una metáfora para referirse a despidos, que ascendieron a 200.

En los hechos, tal como el CELS informó a la Justicia, la decisión del Ministerio de Salud implicó una reducción del 27% del personal que presta tareas en el Servicio de la Guardia Interdisciplinaria. Como consecuencia de ello en este servicio no se puede garantizar el funcionamiento operativo las 24 hs. Habrá días y horarios en los que no se contará con personal de enfermería ni trabajo social ni con psiquiatra ni 2 enfermeros. En determinados horarios nocturnos “no habrá médico generalista”. Y “los sábados de 8 a 20 hs no contará con enfermeros”, se precisó en la presentación que hizo el CELS la semana pasada.

La urgencia se replica en el Servicio de Observación y Cuidados en la Urgencia, que sufrió una reducción de personal del 30%; en el Servicio de Internación, donde el recorte fue del 29%; y en el Departamento de Salud Integral. Por su parte, el Servicio de Clínica Médica se redujo un 33%. “De mantenerse la decisión de no renovar al personal desafectado, el impacto se verá reflejado en la cobertura horaria y turnos programados del servicio”, alertó el CELS. Lo que evidencia un desmantelamiento del hospital.

El gobierno de Javier Milei hace meses que busca cerrar el Hospital Laura Bonaparte. Lo intentó en octubre pasado. Entonces argumentó que el nosocomio atendía a pocas personas, algo que está alejado de la realidad. Según se informó en tribunales, en base a datos aportados por el Director del Bonaparte, Christian Baldino; de las autoridades responsables de los diferentes servicios de salud, secciones y departamentos del nosocomio; y de un informe que elaboró la Junta Interna del Hospital, de ATE: “Durante el 2024, el hospital atendió más de 100.000 consultas de manera ambulatoria. Entre ellas hay 1.500 pacientes con consultas farmacológicas por mes, 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También atendió a 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias. Entre todas las personas usuarias hay niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental”.

La presentación del CELS se hizo en el marco de un expediente que se abrió en octubre del año pasado luego de que el mismo organismo hiciera un planteo en el fuero contencioso administrativo para que se dicte una medida de no innovar que frene dos decisiones del gobierno de Milei sobre el Hospital Laura Bonaparte: la prohibición de ingresos de nuevos pacientes al servicio de internación del nosocomio; y la derivación a otros centros de salud de manera intempestiva e involuntaria, en virtud del plan de reestructuración que ahora se está profundizando.