Senadores de Unión por la Patria (UP) anticiparon que presentarán una denuncia contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, luego de que se conociera que la Cancillería Argentina adjudicó un millonario contrato a la asociación que dirige su esposa. La decisión oficial, que activó mecanismos de control por posible conflicto de interés, abrió una nueva polémica política y generó fuertes críticas desde la oposición.
La senadora Juliana di Tullio, referente del interbloque de Unión por la Patria, adelantó que legisladores del espacio presentarán una denuncia tras la difusión de la contratación. A través de sus redes sociales, la legisladora cuestionó con dureza el vínculo entre el ministro y la entidad adjudicataria y afirmó que impulsarán acciones formales.
El anuncio se produjo luego de que la Agencia Noticias Argentinas publicara documentación sobre la adjudicación de un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) para la capacitación en idioma inglés del personal diplomático. El caso escaló rápidamente al plano político por el parentesco entre el funcionario y la directora ejecutiva de la institución beneficiada.
El contrato millonario
La polémica contratación de la Cancillería Argentina a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa —cuyos cursos de inglés estarán a cargo de la esposa del ministro Federico Sturzenegger, María Josefina Rouillet— no sólo generó reacciones políticas, sino que también encendió el foco sobre los procedimientos de contrataciones públicas en el Estado.
Según la documentación disponible, el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó a la AACI un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), equivalente a unos USD 78.000 al tipo de cambio vigente, para capacitar en idioma inglés a su personal, curso que implica un total de 132 agentes entre empleados regulares y diplomáticos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). La adjudicación se realizó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad, figura prevista en la normativa de contrataciones cuando existe un único proveedor con capacidad reconocida.
El expediente revela que la propuesta presentada por la AACI fue elaborada por Rouillet, directora ejecutiva de la entidad desde al menos septiembre de 2020. El trámite despertó atención porque al momento de revisar la Declaración Jurada de Intereses, los organismos de control detectaron un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad contratada y un miembro del gabinete nacional —en este caso, una relación familiar por matrimonio entre el funcionario y la adjudicataria—.
Cerrar sesión