El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió las políticas del Poder Ejecutivo nacional en relación a las partidas y prestaciones sociales del área de salud, al asegurar de forma enfática que "las personas con discapacidad son prioridad" para la gestión actual. En ese marco, contrastó el esquema de trabajo vigente con el accionar de administraciones previas y justificó la realización de auditorías sobre el sistema de asignaciones.
Durante su pronunciamiento, el portavoz oficialista cuestionó el destino de los fondos públicos en gestiones anteriores y apuntó de manera directa contra los gobiernos kirchneristas por el manejo de las pensiones no contributivas. Según detalló, el objetivo de la administración que encabeza Javier Milei radica en transparentar los padrones y asegurar que la asistencia económica llegue de forma efectiva a los sectores que verdaderamente la requieren.
Las auditorías estatales y las críticas a la gestión anterior
Al referirse a las causas que motivaron la revisión exhaustiva de las prestaciones, Ravier denunció irregularidades en la entrega de fondos durante los períodos anteriores. "Recordemos el uso político que han hecho de los recursos asignados a personas con discapacidad que el kirchnerismo le daba a personas por cuestiones políticas", expresó el vocero, al tiempo que remarcó que se otorgaban beneficios a "personas que no tenían ningún tipo de discapacidad".
En esa misma línea argumental, el funcionario profundizó sus señalamientos sobre las anomalías detectadas en diversas localidades del país: "Sabemos de pueblos enteros que contaban con más pensiones por discapacidad que habitantes". Frente a ese diagnóstico, explicó que el Poder Ejecutivo decidió intervenir de manera directa sobre los canales de otorgamiento para corregir las distorsiones.
"Cuando empezó a atender el tema de la discapacidad lo empezó a atender auditando los mecanismos internos de cómo se asignaban y revisando quiénes eran las personas que las recibían", indicó Ravier. Asimismo, precisó que durante el transcurso de esas auditorías internas "algunas personas se presentaron ante organismos para revisar la situación y trató de asignarse el dinero a las personas adecuadas".
El impacto presupuestario y la continuidad de las asignaciones
El vocero presidencial explicó también el criterio económico y distributivo detrás de las medidas adoptadas, haciendo hincapié en la responsabilidad fiscal del Estado. "Esto es importante porque los pagadores de impuestos damos dinero a una caja y a partir de esa caja es que se distribuye el dinero sobre las personas con discapacidad", detalló respecto a la procedencia de los recursos que sostienen las pensiones.
Sobre este aspecto, advirtió acerca del perjuicio que genera la falta de control sobre los fondos públicos: "Si el dinero se distribuye sobre muchas personas por razones políticas ajenas a esta problemática, entonces el dinero que terminan recibiendo los beneficiarios termina siendo menor y afectamos realmente a las personas que queremos ayudar". Por esa razón, reiteró que los controles buscan "terminar con las malas políticas que se tomaban en el gobierno anterior".
Hacia el final de su intervención, Ravier rechazó de manera categórica los cuestionamientos y versiones que circulan en el debate público respecto a una presunta quita de coberturas. "Desde que Javier Milei es presidente ninguna persona con discapacidad se ha quedado sin el beneficio. Esto es fundamental decirlo", manifestó.
En ese sentido, el portavoz desestimó el tratamiento mediático sobre la materia al considerar que "pareciera ser cuando uno ve lo que comunican los medios que hay alguna animosidad negativa para con las personas con discapacidad", algo que calificó como "falso completamente". Para concluir, remarcó que las previsiones presupuestarias garantizan la continuidad de las asistencias y que "no hay ningún riesgo de que las personas con discapacidad pierdan el beneficio".