El Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 dispuso como medida cautelar el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, la Justicia dispuso que el Gobierno porteño deberá brindar una “respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva, adecuada a la composición y necesidades del grupo familiar afectado” en caso de que la medida impida a las familias pernoctar en sus hogares.
Además, la resolución judicial estipuló citar a una audiencia para todas las partes involucradas. Esto se dio tras el amparo presentado por los legisladores de Fuerza por Buenos Aires Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra, junto a vecinas desalojadas y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI),
En la medida cautelar se ordena al Gobierno porteño que “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo, fundadas en razones edilicias, de salubridad, seguridad o riesgo constructivo, sin cumplir previamente con los recaudos mínimos establecidos en la presente”. Y establece además como regla que debe dar comunicación inmediata al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de turno ante una situación en la que deba intervenir de manera urgente en un inmueble por supuestos riesgos de la estructura edilicia que puedan poner en peligro la salud y la vida de las personas que lo habitan.
El recurso de amparo fue presentado por vecinos, ONGs y los legisladores de Fuerza por Buenos Aires denunciando que entre septiembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desalojó de forma irregular a más de 1200 personas de hoteles familiares, pensiones e inquilinatos.
"Aprietes, extorsiones y amenazas. Siempre, con total impunidad. Esto es lo que defienden los defensores de okupas. Se les terminó", celebró desde sus redes oficiales el Jefe de Gobierno porteño la semana pasada.
"Propiedad número 400 devuelta a sus dueños. Hoy recuperamos un edificio tomado en San Telmo. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta", escribió Jorge Macri en su cuenta de X, red social en la que compartió un video del operativo de la Policía de la Ciudad.
Según argumentaron, el procedimiento se ejecutaba bajo el argumento de "peligro de derrumbe" sin dar intervención judicial, sin debido proceso y sin garantizar una solución habitacional previa, estable y adecuada a las familias. También sostuvieron que en el 2026 el 56% de los desalojos se ejecutaron bajo esta modalidad.
“Es muy importante que la Justicia ponga un freno a la prepotencia de (el jefe de Gobierno porteño) Jorge Macri que viene manipulando trámites administrativos para llevar adelante desalojos y dejar a cientos de familias en la calle. Una de cada tres personas desalojadas son niños”, aseguró Freire, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad.
Y subrayó: “El gobierno de la Ciudad vacía y desfinancia toda política de vivienda y persigue y expulsa de la Ciudad a las personas que más necesitan acompañamiento de políticas públicas".
Por su parte, Salvatierra afirmó que “este fallo es ponerle cordura a la locura que se desató en la Ciudad con los desalojos administrativos, es poner las cosas en su lugar” y aclaró: “No estamos en desacuerdo en la restitución de los inmuebles a sus propietarios, lo que no podemos permitir es que se viole la ley y no se haga con el procedimiento que corresponde".
Y cerró: "El fallo lo que marca es que no se puede desalojar sin una orden judicial y que la justicia debe intervenir en cada proceso, porque no deja de haber familias en esos inmuebles. Es un paso hacia adelante en una pelea que venimos dando por que se respete la ley y los procedimientos”.
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