Alberto Fernández abrirá mañana las sesiones legislativas. A diferencia del año pasado lo hará en pandemia. Pero al igual que entonces su discurso tendrá un capítulo referido a la situación del Poder Judicial. Desde varios sectores del Frente de Todos esperan definiciones y anuncios concretos en torno a la Reforma Judicial, sobre las leyes que están frenadas en el Congreso pero también nuevas iniciativas surgidas del Consejo Asesor, sobre la nueva ley de Inteligencia y si va a encarar una depuración real de los tribunales desde la cúpula hacia abajo.
Trabados
Hay dos proyectos de ley que ya tienen media sanción y están trabados en Diputados por falta de números: el de Reforma Judicial y la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal. El oficialismo no tiene quórum propio y necesita del acompañamiento de los pocos diputados que responden a Roberto Lavagna y al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. La negociación con los cordobeses podría ser compleja mas no imposible; con el lavagnismo es poco entendible que no acompañen las iniciativas de un Gobierno que integran y donde ocupan varios puestos relevantes.
El proyecto de Reforma Judicial que tiene media sanción no preocupa a la cofradía de jueces y fiscales que gobiernan los tribunales con la impunidad de sus privilegios y sus fueros mediáticos. La propia CFK en una de sus cartas públicas planteó que el país se merece una verdadera Reforma Judicial que no es la que envió el Gobierno al Congreso. Pero el proyecto ya tiene media sanción desde finales de agosto del 2020 y Alberto insistió públicamente en que espera su sanción definitiva.
Lo que falta, sin embargo, es que el Presidente haga alguna jugada para que eso ocurra. En noviembre del 2020 los diputados Rodolfo Tailhade y Pablo González, que presidían las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales que tenían que tratar los proyectos, fueron a ver a la ministra de Justicia Marcela Losardo. Le dijeron que el escenario era ese, faltaban 7 u 8 votos y necesitaban saber si el Gobierno tenía intención de entablar una negociación o si existía una hoja de ruta en materia judicial. “Lo hablo con el Presidente y les doy una respuesta”, dijo Losardo. Aún están esperando.
De los dos, el más importante es el que va a modificar la ley del Ministerio Público. Alberto quiere avanzar con la aplicación del nuevo Código acusatorio, donde los fiscales tendrán a su cargo las investigaciones judiciales. Pero el Procurador General, la cabeza de los fiscales, sigue siendo el interino Eduardo Casal, que actúa bajo directivas de Mauricio Macri. Dos ejemplos claros: el interino Casal protege al procesado fiscal Carlos Stornelli, involucrado en el espionaje ilegal en la era Macri, mientras que aprieta a la fiscala Gabriela Boquin, que interviene en el caso Correo Argentino.
El oficialismo presentó varios pedidos de juicio político contra Casal pero tampoco tiene los números para avanzar. La opción del jury tampoco es viable, aún si comenzara quedaría bajo el control del propio Casal. La salida, evalúan desde el bloque del Frente de Todos, es la modificación de la ley del Ministerio Público para, entre otras cosas, poder designar a un nuevo procurador con una mayoría absoluta de los senadores (la mitad más uno de los miembros de la cámara, 37). Esto se complementa con la imposición de un mandato limitado en el tiempo, lo que explica que y a no hagan falta los dos tercios para su designación.
El propuesto por Alberto para el cargo, el juez federal Daniel Rafecas, hizo trascender a los medios que quería ser nombrado por los dos tercios que marca la ley actual. Si cambia la ley y basta con una mayoría absoluta lo lógico sería que se adapte a la nueva norma. Por ahora, sin embargo, el Gobierno no dio señales en vías de obtener los votos que le faltan para cambiar la ley orgánica del Ministerio Público.
El cargo vacante más importante dentro de la Justicia debería ser prioridad en las preocupaciones presidenciales.
ReCorte
¿Hablará Alberto de la Corte? Los cortesanos, por pedido de ellos, seguirán el discurso de manera virtual, pero en los últimos días se ocuparon de enviarle mensajes a través de sus fallos. A fines de diciembre la Corte confirmó la condena contra Amado Boudou sin siquiera justificar su decisión y a pesar de que el testigo y el juez claves fueron comprados, el primero con un hotel y el segundo con un cargo. El Presidente seguía de cerca el caso y estaba convencido que la Corte tomaría otro camino.
Otro mensaje claro del máximo tribunal fue la confirmación de una condena contra Milagro Sala, un fallo político sin ningún efecto práctico ni jurídico. Fue una condena a dos años de prisión cuando lleva 5 de presa política. Como dice ella, “4 con Macri y 1 con Alberto”. La firmaron los 5 cortesanos. Fue, a todas luces, una respuesta al presidente que pocos días antes dijo que “la Corte está mal” y que “debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención”. Lo escucharon. Y contestaron en bloque.
Esta semana la misma Corte avaló la manipulación del Consejo de la Magistratura durante el Gobierno de Mauricio Macri para lograr la suspensión y el inicio de un jury al camarista Eduardo Freiler, que no se alineaba con las directivas de la Mesa Judicial de Cambiemos y es, además, el único juez en la historia que pidió una indagatoria contra Héctor Magnetto. Imperdonable. Como informó El Destape, la Corte declaró abstracto el caso y aquí no pasó nada.
La pregunta que ronda entre las filas del oficialismo es si es posible imaginar una Reforma Judicial real con esta Corte Suprema. Uno de sus miembros, Ricardo Lorenzetti, fue quien brindó cobertura e impulso al lawfare. Su presidente, Carlos Rosenkrantz, acumula una cantidad notable de irregularidades y conflictos de interés y aceptó integrar el tribunal violando la Constitución. Esto último le cabe también a Horacio Rosatti. El cordobés Juan Carlos Maqueda ocupa un sillón en el cuarto piso de Tribunales gracias a Eduardo Duhalde, un senador que pasó por la presidencia de manera provisional. Elena Highton de Nolasco tiene los papeles de su jubilación presentados antes ANSES pero también un fallo judicial que la habilita a violar la Constitución y a continuar en el cargo pese a que ya pasó los 75 años.
El presidente ya ha dicho que no cree que la solución sea ampliar la cantidad de miembros de la Corte. En el Consejo Asesor de la Reforma Judicial el tema Corte es donde hubo más diferencias. De hecho, fue el eje que demandó más reuniones (10 de las 23) y el único de los 5 temas generales a tratar en el cuál hubo 4 dictámenes diferentes. Tanto Enrique Bacigalupo como Gustavo Ferreyra, que escribieron dictámenes en solitario, propusieron ampliar los miembros del tribunal. En lo que sí coincidió la mayoría es en que la Oficina de Escuchas tiene que salir de la órbita cortesana y en que tiene que estar más claro el funcionamiento de la Corte, por ejemplo en torno al uso del artículo 280 por el cuál resuelven centenares de casos al año sin justificar.
Espías
La cuestión en torno al destino de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (la DaJuDeCo, nombre oficial de la oficina de escuchas) tiene un punto de contacto con otro de los ejes centrales de la cuestión judicial: la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En su discurso de asunción Alberto aseguró que terminaría con los sótanos de la democracia. Intervino la AFI, puso al frente a la fiscala Cristina Caamaño y al poco tiempo prohibió la participación de los espías en causas judiciales. Es el movimiento más importante hasta ahora en materia de Reforma Judicial. Importante pero insuficiente.
Alberto ya tiene en su poder el borrador para una nueva ley de Inteligencia. Algunos especulan con que será uno de los anuncios mañana ante la Asamblea Legislativa.
El contenido está guardado bajo estricto silencio. Modelo Caamaño, cuya gestión tanto en lo que fue la oficina de escuchas como ahora en la AFI se caracteriza por evitar filtraciones. Lo que se puede asumir es que prevalecerá la lógica de la intervención, que por primera vez transparentó el presupuesto de la casa de los espías, que cortó con “la cadena de la felicidad” que iba de su sede a los tribunales y medios de comunicación, que mantiene las relaciones con los organismos de inteligencia de los demás países y que retoma de a poco el rol como servicio de inteligencia estratégica para el Presidente.
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