Feminismo debe ser justicia social

Hay múltiples formas de procesar una derrota electoral, sobre todo dentro de la coalición de gobierno, de la que nos sentimos parte. Como militantes feministas del campo nacional y popular, nosotras elegimos preguntarnos: ¿Cómo y cuánto puede afectar lo que reflejan las PASO a las perspectivas de un proyecto político amplio, de defensa de los derechos humanos con perspectiva feminista? ¿Qué parte de ese mensaje de las urnas interpela el accionar político respecto al abordaje de las temáticas de géneros y sexualidades? 

En primer lugar, compartimos la lectura de que esta derrota en las PASO está fuertemente vinculada a una situación de malestar general, económico y social, que venimos arrastrando hace años y que se recrudeció con la pandemia. Este fenómeno mundial inédito, que alteró y desorganizó de forma absoluta nuestras vidas, exige más que nunca transformar las prioridades y dar lugar a nuevas formas de organización. Tal como dijo hace unos meses, con la lucidez que la caracteriza Cristina Fernández de Kirchner, “cuando esta pandemia termine, los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres”. Por eso, toda persona con responsabilidad pública, social o política debe asumir que vivimos en un mundo que es mucho más desigual al que conocimos anteriormente, y debe actuar en consecuencia.  

Pero a esta mirada por momentos pareciera agregarse un condimento que atribuye parte de la derrota en las urnas al “excesivo” énfasis otorgado por el gobierno nacional a las políticas de género y diversidad sexual. Esta es una posición que expresaron desde la escriba de Infobae Claudia Peiro, negacionista del patriarcado, hasta periodistas y referentes del propio espacio oficialista. Según esta mirada, parte del descontento popular se explicaría por este tipo de medidas que “no son prioritarias”, o que tienen impacto en sectores “minoritarios” de la población, mientras que se dejan de lado políticas fundamentales como la educativa, la salarial o el control de precios para frenar la inflación. Ese sentido es el que también refuerza la nota de opinión del Arzobispo de la Plata publicada en La Nación. Como si decidir nombrarnos con lenguajes no excluyentes y acceder a un plato de comida fueran una disyuntiva, o como si el Cupo Laboral Trans y el Salario Básico Universal pertenecieran a campos disociados. Como si interrumpieran sus embarazos mujeres de cierta clase social, y no de todas. 

No es casual que frente al descontento por la escasez de políticas redistributivas se señalen las políticas feministas y de la diversidad con tanto encono. Esa búsqueda de un chivo expiatorio no se produce espontáneamente: hay sectores neoconservadores y en algunos casos directamente neofascistas que están proponiendo esa clave interpretativa a la sociedad. Que meten la cuña para que las demandas feministas y de la población LGBT+ no sean política de Estado y reduzcan su influencia a los márgenes. La contraofensiva frente al avance de nuestros movimientos no se hizo esperar, y no será débil.  

Pero esto es también una oportunidad para señalar algo clave al gobierno: sólo con ampliar la ciudadanía en términos simbólicos no alcanza  para mejorar la situación de nuestro pueblo -que, por si se le olvida a alguien: está lleno de mujeres y de personas LGBT- hoy empobrecido y castigado. Por eso, se torna urgente que estas políticas formen parte de un campo integral de medidas de bienestar: un ingreso básico universal, reconocimiento monetario a las tareas de cuidado, asignación de viviendas,  acceso a la tierra, promoción del acceso al trabajo en la juventud, entre muchas otras. Hay que decirlo y repetirlo: garantizar estos derechos fundamentales y universales es hoy la mejor forma de hacer política feminista. Entre otras cosas, porque las más afectadas por la desigualdad y la concentración de riquezas, tierra e ingresos son las mujeres y la comunidad LGTB+.  

Cualquier política de reconocimiento que no vaya acompañada de políticas de redistribución que modifiquen sustancialmente la situación material en relación a los ingresos es una política que va generar ciudadanía de forma muy frágil. La inclusión social debe ser pensada de forma integral, para proyectar una democracia intensa, como dice Dora Barrancos, en que la redistribución material y simbólica vayan de la mano. 

Más que nunca, las políticas feministas y de inclusión de la diversidad tienen que pensarse con los pies en la tierra, con ejecución simple y tangible, eliminando barreras burocráticas o terminología sofisticada, apuntando más a crear comunidad y restablecer derechos vulnerados que a los anuncios pomposos, las gacetillas de prensa o las fotos de funcionarixs. Toda política, por más bienintencionada que sea, que resulte inaccesible o lejana para el pueblo de a pie, puede traer aparejadas consecuencias negativas en el corto, mediano o largo plazo. Ya hemos aprendido que, ante oleadas conservadoras, el arraigo popular de las conquistas es fundamental condición de posibilidad para su permanencia.

Quienes tenemos la vocación de transformar y mejorar la vida de nuestro pueblo con política y militancia debemos defender las conquistas de nuestros gobiernos nacionales y populares, entre las cuales la agenda de género y diversidad es una parte central e innegociable. Pero en estos tiempos difíciles para nuestro pueblo, tenemos la tarea fundamental de seguir elaborando y empujando por políticas públicas que cumplan con el contrato electoral que firmó el Frente de Todxs con el pueblo en el 2019: empezar por los últimxs para llegar a todxs, con Tierra, Techo y Trabajo. Si ese rumbo inicial se recupera, cuentan con nosotras para lo que viene.  

Sin justicia social no hay feminismo, sin feminismo no hay justicia social.