Mientras el gobernador Raúl Jalil consolida la minería como eje del desarrollo en Catamarca, el avance de los proyectos extractivos de litio en la Puna reactivó las críticas por su impacto ambiental. En este contexto, crecen los reclamos hacia el mandatario por la preservación ecológica y la alteración de los suelos que causan daños irreparables con consecuencias para toda la población catamarqueña.
Las operaciones en las salinas exigen remover la capa superficial de la tierra y perforar masivamente las cuencas para llenar las piletas de evaporación. Especialistas advierten que esta intervención física provoca la salinización de los terrenos vecinos, lo que termina destruyendo los pastizales que mantienen con vida a la fauna local y a las economías familiares de la zona.
Al impacto en el paisaje se suma la amenaza de que se filtren líquidos residuales y químicos empleados para extraer el carbonato de litio. Desde las comunidades rurales denuncian que las montañas de sal acumulada y el paso constante de camiones de gran porte apelmazan la tierra y levantan nubes de polvo mineralizado, arruinando los campos que históricamente usaban los pequeños productores de la región.
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Esta pérdida de fertilidad en los suelos acelera la desertificación en plena alta montaña. El desmonte de vegetación autóctona para abrir huellas y tender tuberías deja el terreno desprotegido frente al viento cordillerano, que arrastra sedimentos secos hacia los valles fértiles y las fuentes de agua clave para el interior catamarqueño.
Jalil anunció el regreso del cobre
En medio de la recorrida con el presidente Javier Milei por Paris, los últimos días de septiembre, el gobernador Jalil anunció que Catamarca volvería a exportar cobre a partir de mediados de 2027 desde el yacimiento Bajo La Alumbrera.
El entusiasmo oficial durante el "Argentina Week" omitió las severas secuelas dejadas por este yacimiento a cielo abierto cerrado en 2018, cuya explotación provocó crisis hídrica, sequía y la alteración del modo de vida de las comunidades originarias de la provincia durante casi 25 años.
La operación de este complejo miner exigía un insumo crítico: volúmenes masivos de agua. En su período pico, la minera consumía un promedio de 69 millones de litros diarios. Esta cifra representa cinco veces el consumo de todo el departamento de Santa María, 12 millones de litros, o el equivalente al 31 % del gasto hídrico total del Valle Central catamarqueño. La consecuencia directa fue un severo déficit ambiental en una provincia golpeada por la crisis climática global y bajo recurrentes declaraciones de emergencia hídrica.