El trabajo en la pospandemia: alternativa y opciones políticas

19 de septiembre, 2021 | 00.05

Si bien no hay una total coincidencia en cuanto a una distinción clara de su significado, es común que cuando se habla de alternativa se haga referencia a algo que se opone a lo otro que se nos presenta y no como una entre varias opciones que pueden ser dos o más. La política en estos tiempos ofrece ejemplos que abonan esa diferencia de sentidos.

Mirando el vecindario

En el Mundo se advierten cambios sustantivos que no son simple fruto de una peste tan extendida e impredecible en su devenir como la que nos aqueja, sino que reconoce raíces más profundas, que nos interpelan acerca de la validez y vigencia de los sistemas imperantes que regulan la convivencia comunitaria como de la efectiva representación que se ejerce de los intereses colectivos o sectoriales.

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La concentración de la riqueza ha llegado a extremos inconcebibles con relación a parámetros tradicionales en Occidente desde mediados del siglo XX, creando una brecha enorme con los más desposeídos e incluso con las capas medias de la población, que se agiganta en los países periféricos como se puede comprobar en Latinoamérica.

La informalidad, la desocupación y la disminución de los dispositivos protectorios para las personas que trabajan muestran una tendencia preocupante que va en camino de consolidar una pobreza e indigencia estructural como de ampliar el universo de quienes quedan comprendidos en esas situaciones.

La desigualdad que muestran con elocuencia los indicadores económico-sociales cobra ribetes dramáticos en cantidad de aspectos, pero salta a la vista con terrible crudeza con sólo atender a la distribución de vacunas contra el COVID, a punto tal, que diversos Organismos y Agencias del sistema de Naciones Unidas (ONU) vienen insistiendo en la adopción de medidas concretas que permitan un acceso más equilibrado y reclaman de los países centrales una reacción inmediata en tal sentido. Demandas que, incluso, acompañan paradójicamente organismos financieros multilaterales como el FMI y el Banco Mundial en cuestiones de sus específicas competencias.

Paralelamente, aunque no desconectados de esos fenómenos sino más bien como uno de sus emergentes, se verifica una radicalización de las posturas más conservadoras y reaccionarias, con frecuencia acompañadas por signos ostensibles de racismo, xenofobia, desprecio por los que se hallan en las escalas sociales más bajas, desinterés por todo gesto solidario y una exacerbación del individualismo.

Se aprecia asimismo dentro de ese contexto la instalación de un discurso del odio, proyectado en actos de violencia simbólica y real que se promueven como supuesta respuesta a los males que nos aquejan y que tienden -o al menos facilitan- a especular con salidas antidemocráticas.

En Sudamérica se registran episodios de esa índole con una escalada que genera legítimos temores de un retorno a las peores experiencias del siglo pasado, desde el golpe de Estado en Bolivia en 2019 -con el apoyo activo de los gobiernos de Ecuador y Argentina (en los finales de la presidencia de Macri)-, a las amenazas de autogolpe en Brasil con la confrontación destituyente de Bolsonaro contra los otros Poderes de la República, al cercamiento del nuevo gobierno de Perú recién asumida la presidencia por Pedro Castillo, entre otros ejemplos en aquella línea.

Pronósticos y clima político

La Argentina no está al margen de fenómenos mundiales y regionales como los antes aludidos, por el contrario, con sus propias particularidades refleja ese clima de época y las tensiones distributivas que subyacen como uno de los principales factores determinantes de diversas conflictividades sociales e institucionales.

En la arena política, que es donde en definitiva se saldan tensiones, conflictos y aspiraciones, se advierte un aire enrarecido que responde a diversos factores, pero que en la última semana se potenció con el resultado de las primarias y con los desacuerdos dentro del Frente de Todos que sufrió una dura derrota electoral que, da la sensación, de no haberse podido todavía asimilar y decodificar en conjunto.

Una vez más fallaron los pronósticos de las encuestadoras y los datos complementarios del “boca de urna”, en forma generalizada y sin distingos de las terminales partidarias que los hicieron suyos.

Sin restarle relevancia al marketing que busca construir sentido, ni a los consultores de imagen y al aparato mediático hegemónico, pareciera que desde el campo popular falta una mayor -y mejor- proximidad con las inquietudes del común del electorado que rescate los valores de la política como instrumento transformador y capaz de dar respuestas efectivas.

La “antipolítica”, en cambio, sigue cosechando voluntades en diferentes franjas etarias de la ciudadanía, con fórmulas discursivas falaces, cada vez más violentas y descalificantes de la vida democrática.

Dos claros ejemplos en ese sentido son los dichos de Macri, afirmando “que se van a tener que ir”, con referencia al Gobierno actual, y del periodista Marcelo Bonelli, señalando: “Vivimos en una sociedad inviable democráticamente porque no podés llevar adelante un país con 40% de pobres (…) En los últimos 10 años, los políticos fueron por la grieta porque eso les daba un rédito electoral. Pero yo creo que si no solucionamos el problema de la grieta va a ser muy difícil resolver ese y otros problemas”. En ambos casos, expresados antes de las elecciones del domingo pasado.

Quienes desde viejas, nuevas o ignotas estructuras partidarias se enrolan en ese tipo de discurso denostando -por ser tal- a lo que denominan la “clase política”, reclamando que se postulen personas ajenas a ese ámbito y atribuyéndoles por ese sólo hecho calidades humanas que les niegan a esos otros, cuando no directamente se inclinan por la toma del Estado por elites “tecnocráticas”, resultan funcionales -deliberadamente o no- a los poderes fácticos de los que jamás se podrá esperar otra cosa que un recrudecimiento de las inequidades en su exclusivo beneficio.     

El ser exitoso en la actividad privada nada asegura que lo sea en la gestión pública, como ser poseedor de una gran fortuna tampoco garantiza honradez ni falta de ambición por alcanzar un mayor enriquecimiento o ser inmune a la corrupción -activa o pasiva-; y, además, como se ha visto infinidad de veces, el arribo de ese tipo de personajes ha sido efímero y resultado un fiasco, pero cuando no fue así, pasaron a nutrir a la “clase política” y no siempre para mejorarla. Cuestiones todas ellas, que han quedado claramente de manifiesto en el anterior período de gobierno (2015-2019).

El trabajo: el gran ordenador social

La tan mentada cultura del trabajo no deriva del mero voluntarismo, decisión o inclinación individual sino, primeramente, de que exista la posibilidad de obtener una ocupación y de conservar el empleo para desarrollar las propias aptitudes, lograr seguridades vitales básicas y una expectativa razonable de realización personal.

No cualquier trabajo ni modo y condiciones en que se desempeñe estimulan esa “cultura”, porque a la par de constituir un derecho humano fundamental que debe ser asegurado por el Estado, tiene que estar munido de garantías acordes con la evolución histórica alcanzada en la forma de regular las relaciones laborales que son, por definición, asimétricas e imponen dotar de tutelas especiales a las personas que trabajan brindando ciertos equilibrios para compensar esa desigualdad de origen.

La estabilidad en el empleo, cuanto menos relativa contando con una protección contra el despido arbitrario tal como lo establece nuestra Constitución Nacional (art. 14 bis), es imprescindible a los fines que se vienen señalando y para que sea verdaderamente factible el ejercicio de los derechos laborales. De no ser así, se expondría a las personas al simple arbitrio de quienes los emplean, para los que contratarlos o despedirlos sería “tan natural como comer y descomer”, como brutal e indecentemente -aunque con una convicción propia de sus antecedentes de CEO de una empresa multinacional- sostenía el Secretario de Empleo del gobierno de Macri.

La eliminación de las indemnizaciones por despido injustificado es un tema que se ha instalado fuerte en la presente campaña electoral, levantando esa consigna buena parte de la oposición (Vidal, Rodríguez Larreta, López Murphy, Santilli, Manes, Milei, Espert, Lousteau, Randazzo).

Más allá de las diferencias en los proyectos que implementarían para su supresión, todos coinciden en consagrar una “inestabilidad absoluta” en el empleo con la consecuente disponibilidad plena por parte de las empresas, lo que depararía una total incertidumbre para la organización de su vida a trabajadoras y trabajadores, como una clara violación de la mencionada garantía constitucional.

En su favor pregonan bondades que no posee, que al decir de Rodríguez Larreta  su reemplazo por un seguro “incluso para los trabajadores termina siendo mejor, es un buen sistema”, sin dar razón ninguna que justifique esa opinión; o asignándole un impacto positivo e inmediato en la generación de nuevos puestos de trabajo, aduciendo que los empresarios no incrementan sus planteles de personal por causa del régimen indemnizatorio vigente.

Nunca fue la legislación laboral un obstáculo ni un condicionante del crecimiento del empleo, que está directa e inexorablemente ligado al desempeño de la economía; a las oportunidades, márgenes de rentabilidad y direccionamiento de las inversiones; a las estrategias empresarias inducidas por una mayor capacidad de consumo interno o por decisiones de localización o deslocalización adoptadas por las multinacionales con criterios globales; a las políticas promocionales implementadas desde el Estado.

En nuestro país cada vez que se ensayaron fórmulas flexibilizadoras y/o que disminuyeron o llegaron a eliminarse las indemnizaciones por despido para ciertas modalidades de contratación, ningún impacto positivo tuvo en el nivel de ocupación, sino que, por el contrario, aumentó exponencialmente el desempleo y la precarización de las condiciones de trabajo, como ocurrió entre 1976/1983; 1991/1999, 2000/2001 y 2016/2019.

La contracara más reciente fue lo ocurrido entre 2003 y 2015, período en que se ampliaron derechos laborales y se crearon millones de puestos de trabajo, llegando la desocupación a uno de sus pisos más bajos (5,9%).

La protección contra el despido opera además como inhibidor de conductas antisociales e insolidarias ante las crisis, que es cuando precisamente más relevancia adquieren ese tipo de tutelas, evitando arrojar al desamparo a quienes viven de su trabajo.

Pensando el futuro teniendo un presente

Si bien puede señalarse como fecha de nacimiento del Peronismo el 17 de octubre de 1945, como la de su consolidación el 24 de febrero de 1946 al ganar las elecciones contra todo el arco político opositor -de derechas, centros e izquierdas partidarias- patrocinado nada menos que por la Embajada de EEUU; su gestación data de antes, cuanto menos de 1944 en que se ponen en marcha desde la Secretaría de Trabajo acciones que le dan una fisonomía propia y totalmente innovadora en el escenario político nacional.

Entre las acciones más relevantes, estuvieron las dirigidas a las personas que trabajan y al empoderamiento de las organizaciones sindicales que estaban llamadas a ser su representación natural, sin perjuicio de atender también a la enorme informalidad laboral por entonces existente dándole contención legal o siquiera, transitoriamente, protecciones desde el Estado que mitigaran el alto grado de explotación y desigualdad que padecían.

Ese Movimiento Nacional no se construyó y constituyó como masiva expresión popular por proponer y anunciar un futuro de grandeza -que efectivamente en buena medida concretó- sino por un presente atento a las necesidades del Pueblo, implementando medidas que en el día a día satisfacían esas urgencias o daban respuestas positivas a los requerimientos de las personas, sobre todo las más humildes, las más vulneralizadas, las más pobres.

Los datos positivos de recuperación productiva que, actualmente, ofrece la macroeconomía configuran proyecciones cuyos efectos benéficos no son inmediatos, ni impactan en similar medida en la cotidianeidad del común de la gente para quienes suelen ser imperceptibles y hasta ininteligibles.

El empleo seguro, la ampliación de derechos laborales, una sustancial mejora de los salarios, una mayor protección para quienes encuentran una ocupación en el sector informal y la imprescindible asistencia a los más desposeídos, son reclamos que exigen una rápida atención para dar respuesta a necesidades impostergables.

La concepción del trabajo y la calidad del empleo que se propone forman parte del núcleo de los Modelos o Proyectos alternativos de país en disputa, en cada uno podrán barajarse opciones pero siempre encontrarán sus límites infranqueables en los elementos constitutivos que definen el antagonismo que los caracteriza. En democracia podemos elegir, pero al hacerlo debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestra elección y tener memoria de las experiencias vividas, y para ello, hace falta también más cercanía con las mayorías que se pretenden representar.

MÁS INFO
Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.

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