Acuerdos para la postpandemia: no todo tiempo pasado fue mejor

Como en todas las crisis, los “ganadores de siempre” están al acecho. El Movimiento Obrero es fundamental en la búsqueda de consensos, pero el nivel de representatividad es la clave. ¿Quiénes faltaron en la foto de la CGT y AEA?

26 de julio, 2020 | 08.58

Coplas a la muerte de su padre (Jorge Manrique 1440-1479) es considerada una de las obras capitales de la literatura española, entre los versos de esa elegía que en sus primeras coplas contiene una serie de consideraciones filosóficas acerca de lo debemos y no debemos hacer, son muy recordados los siguientes: "Recuerde el alma dormida,/ avive el seso y despierte/ contemplando/ cómo se pasa la vida,/ cómo se viene la muerte/ tan callando;/ (…) cómo a nuestro parecer/ cualquiera tiempo pasado/ fue mejor”. Las retrospectivas pueden idealizar lo acontecido, como también dar cuenta de los sufrimientos padecidos, en política como en filosofía importa distinguir lo que debemos y lo que no debemos hacer, para lo cual siempre es útil ejercitar la memoria.

"Salir del closet y conquistar el mundo"

FIEL(es) al Neoliberalismo

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) se presenta a sí misma como “una institución independiente, apolítica y sin fines de lucro, fundada en 1964 por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina”; cuyo actual Consejo Académico lo integran Miguel Kiguel, Ricardo López Murphy, Manuel A. Solanet y Mario Teijeiro.

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Con esos progenitores y consejeros, sumado al listado de grandes Corporaciones auspiciantes, adherentes y receptoras de sus servicios –no gratuitos- y luego de una simple retrospectiva de su permanente actuación unidireccional, autocalificarse de “apolítica” e “independiente” constituye una expresión del realismo mágico latinoamericano que tiene más de verso que de poética y prosa con algún valor literario.

José Luis Bour, Director y Economista Jefe, en el Informe N° 621 “Indicadores Coyuntura” de julio 2020 (con el título “Gastar y gastar. Es hora de parar”), dice en su editorial: “Evitar el colapso laboral El mes pasado advertíamos que la combinación de pandemia con cuarentena extendida, las indefiniciones en la política macroeconómica y en el manejo de la deuda pública, y la reiteración de políticas represivas en mercados de factores y productos estaban en vísperas de generar un daño que podría ser más grave del que se pretende evitar con el aislamiento sanitario. (…) También podemos descontar que el derrumbe está afectando con fuerza al empleo (…) No está claro que pueda frenarse el derrame una vez que se abrieron las compuertas. ¿Cuáles son en nuestro caso esas compuertas? En primer lugar, la extensión de la cuarentena –en particular en el AMBA- (…) En segundo lugar, nadie invierte en un escenario de prohibiciones, amenazas y represión, de modo que hacia adelante tenemos “jugado” un periodo durante el cual muchas empresas de todo tamaño evaluarán desinvertir (cerrar puertas) antes de arriesgar. (…) Y en tercer lugar, la dirigencia política –oficialistas y opositores- muestra con el proyecto de ley de teletrabajo que, una vez más, desconocen el ABC de la economía”.

Si dejamos de lado al virus (que pone en riesgo bienes más importantes, como la salud y la vida) mejor se adaptarían esas reflexiones a lo vivido entre 2016 y 2019, que omitieron entonces desde esa magna entidad “sin fines de lucro”. Bien señalaba el Presidente Alberto Fernández el viernes pasado, “Hemos vivido una pandemia sin virus. Esa pandemia arrasó 20 mil pymes en 4 años”.

Cuáles serían las prohibiciones, amenazas y represión que haría a muchas empresas evaluar “desinvertir”, a la luz de la falta de inversiones –como no fueran en la especulación financiera con garantía de fugas de capitales- durante el macrismo, acerca de lo que tampoco nada se señaló por entonces.

El pensamiento colonizado –y colonizante- que exhibe esa desinteresada Institución, no es nuevo, sino la marca en el orillo de sus prendas íntimas, y para quien cuente con el tiempo –y el estómago- suficiente se recomienda la lectura de la publicación: “EL EMPLEO EN LA ARGENTINA: El rol de las instituciones laborales” (FIEL, mayo 1997, 301 páginas). Un panegírico de las devastadoras políticas neoliberales de los años ’90 que, en pleno desarrollo del derrumbe y precarización del empleo, seguía insistiendo en las máximas flexibilizadoras como recetario para combatir la desocupación que aquéllas mismas políticas habían provocado y promoviendo una mayor desindicalización del sistema de relaciones del trabajo.

Del Diálogo a los Pactos y Acuerdos

La Argentina y el Mundo ofrecen muestras de diverso pelaje en orden a concertaciones macro, por lo general ligadas a períodos expansivos o de crisis de la Economía en las que se precisa comprometer a los actores sociales con políticas públicas determinadas.

Ese tipo de Pactos o Acuerdos son formas en las que se propone cristalizar el Diálogo Social, partiendo de la premisa de su potencial aptitud para constituir una vía de canalización de conflictos con miras a su resolución, contando con el compromiso de las representaciones del Capital y el Trabajo y que, a la vez, permita a los gobiernos legitimar la orientación de sus políticas con el acompañamiento de iniciativas normativas (legislativas o por decisiones directas del Poder Ejecutivo).

Las modalidades más usuales que puede adoptar es la que reúne en forma directa a entidades empresarias y sindicales o a sólo una de ellas con el Gobierno (bipartitos), o cuando se verifica la integración plena del Estado junto a esos dos actores sociales (tripartitos), o en los cuales se amplía la conformación con otras organizaciones de la sociedad civil (de derechos humanos, de la economía popular, movimientos sociales, ONGs) nacionales e incluso internacionales (multilaterales).

Tomando en cuenta que un propósito principal consiste en la concreción de medidas concertadas, le legitimación de las representaciones como su efectiva representatividad constituyen una pieza fundamental de esos Acuerdos. Cuando comprende cuestiones de gran impacto en el sector y más aún cuando se proyecta a la sociedad en su conjunto por la participación gubernamental, comprometiendo políticas del Estado, mayor será la necesidad de validación de quienes actúen en calidad de sujetos concertantes como la ampliación y transversabilidad de las representaciones convocadas al Diálogo.

En nuestro país se registran diez experiencias de ese tipo, ya fuesen efectivamente Pactos Sociales o consistieran en instrumentos o ámbitos preparatorios para concretarlos (Consejo Nacional de Posguerra en 1944; Congreso Nacional para la Productividad y Acuerdo Nacional de la Productividad, ambos en 1955; Acta de Compromiso Nacional, en 1973; Mesa de Concertación, en 1984; Conferencia Económica y Social, en 1985; Plan Primavera, en 1988; Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, en 1994; Acta de Coincidencias para la Reforma Laboral, en 1997; y Diálogo Argentino en 2002).

Recuerdos imborrables

Por su estrecha relación con ciertos escenarios que actualmente se vienen construyendo, el siguiente análisis pondrá foco en las concertaciones de 1994 y 1997 en los límites que posibilita esta columna dominical.

El Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social (AMEPES) fue suscripto el 25 de julio de 1994 por el Gobierno de Menem, la conducción de la CGT y el “Grupo de los 8” entidad empresarial de cuarto grado, compuesta por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Unión Argentina de la Construcción (UAC).

En virtud de esa concertación se completó una desestructuración legalizada de lo que habían sido las bases del Derecho Social argentino, que ni la dictadura genocida instalada en 1976 había logrado conseguir a sangre y fuego. Quizás, como algunos analistas han sostenido, sólo un Gobierno de origen peronista –si bien en manos de quienes abjuraron en la práctica de esa doctrina- podía terminar con la esencia obrera, nacional y popular del Peronismo. Tarea, que no se pudo concluir y que mostró la persistente vigencia de ese Movimiento Político señero.

Entre otras medidas, el AMEPES implicó la privatización de las coberturas por accidentes laborales a través de las A.R.T. (creadas por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 de 1995) que así como había ocurrido dos años antes con los fondos de pensiones y jubilaciones (Ley 24.241 de 1993, complementado por Ley 24.463 en 1995) con la creación de las AFJP, tuvieron como fin la constitución de Mercados de Capitales cautivos y destinados a la especulación financiera, de altísimos costos de administración, con bajísima calidad de prestaciones y apartados totalmente de los principios fundantes del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

En similar sentido operó en materia de flexibilización laboral y para desligar o reducir en extremo la responsabilidad patronal, como lo demuestran las leyes, decretos (ordinarios y DNU) e intervención estatal pro empresaria en materia de negociación colectiva, que también abrevaron en ese Pacto. La reforma a la Ley de Concursos y Quiebras que impuso la tramitación de los juicios laborales en la Justicia Comercial (Fuero de atracción), despenalizó a los responsables del estado falencial (eliminando la figura de quiebra fraudulenta), determinó la caducidad de los CCT para las empresas concursadas.

Permitió introducir (mediante la Ley 24.465) el periodo de prueba para contratos que no brindaban estabilidad en el empleo (conforme el sistema general de despido libre indemnizado); la contratación permanente a tiempo parcial; una nueva modalidad especial “promovida para fomento del empleo” ostensiblemente precarizadora y el contrato de “aprendizaje” de igual signo. Se estableció un régimen particular para las Pymes (Ley 24.467), con menoscabo de sustanciales derechos en materia de preaviso, despido, aguinaldo y vacaciones (fraccionables por decisión del empleador), instaurando un sistema de disponibilidad colectiva (mediante el CCT) en perjuicio de los trabajadores.

La segunda etapa de aquella concertación se instrumentó (entre el Gobierno y la conducción de la CGT) con el Acta de Coincidencias para la Reforma Laboral (firmada el 9 de mayo de 1997), consensuando: una nueva modalidad “estable”, que reducía a un 70% el costo de la indemnización por despido y eliminaba el mínimo (de dos sueldos) vigente, unificando en un mes el preaviso cualquiera fuera la antigüedad (“I. 2); sistema que regiría los primeros tres años y luego podrían las partes acordar colectivamente cambiarlo por un régimen no indemnizatorio, consistente en una cuenta de capitalización individual, tornándose obligatoria esta segunda alternativa en el supuesto de no llegar a un acuerdo (“I.2”). Los CCT quedarían habilitados para modificar “en cualquier sentido y total o parcialmente” esos sistemas (“I.3”), lo que hacía ostensible que se habilitaban modificaciones desfavorables para el trabajador ya que es consustancial al Derecho Laboral la validez de toda alteración normativa que le sea beneficiosa.

Se establecía en orden a la negociación colectiva, (“II.2”) que un acuerdo de ámbito menor vigente (de empresa) no podría ser alterado por uno ulterior de ámbito mayor (de actividad, rama o sector); (“II.3”) la disponibilidad colectiva de las normas legales regulatorias de jornada y descansos; (“II.4”) la caducidad inexorable de las CCT a la fecha de su vencimiento, eliminando la ultractividad convencional (mantenimiento de la vigencia hasta la celebración de un nuevo Acuerdo) que regía desde 1953; (“II.5 y 6”) se programaba un calendario para la caducidad de los CCT celebrados con anterioridad a la sanción de la legislación que plasmara esas “coincidencias” entre los firmantes del Acta, en un plazo de entre uno y tres años; (“II.7”) el reemplazo de las regulaciones de los Estatutos Especiales (del Periodista, Viajantes de Comercio y otra decena existentes) por otras pactadas en CCT, contando con un plazo máximo de 180 días y disponiéndose la progresiva caducidad de las normas estatutarias (según sus materias) una vez vencido ese término sin arribar a un acuerdo paritario.

Los referidos Pactos (de 1994 y 1997) no fueron respaldados por muchas organizaciones sindicales, algunas adheridas a la CGT como las nucleadas por el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y otras congregadas en una Central alternativa creada en 1992 (la CTA, por entonces sin divisiones), que ofrecieron una seria resistencia a las reformas impulsadas por esos Acuerdos.

Obviamente, FIEL celebraba en aquella recordada publicación de 1997 (pág. 236 y ss.) los cambios flexibilizadores de la primera etapa fruto del AMEPES y anticipaba los por venir que denominaba de “segunda generación” luego, en lo principal, contenidos en el Acta de Coincidencias para la Reforma Laboral.

¿Sólo cuestión de entidades e identidades?

En estos días se hizo pública una Declaración Conjunta fruto de un encuentro entre integrantes del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la que expresaban haber convenido en la necesidad de profundizar el diálogo entre ellas, y con otros sectores de la sociedad de modo de avanzar en ciertos consensos básicos, que den lugar en el tiempo a la implementación de políticas específicas.

Allí se aludía a que "la Argentina viene de muchas décadas de una muy mala perfomance económica", homogeneizando acríticamente lo ocurrido en nuestro país y, particularmente, haciendo abstracción del ciclo altamente positivo registrado entre los años 2004 y 2014. Haciéndose referencia a determinados tópicos “abordados en el diálogo”, enunciados como: papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor; políticas específicas para promover el empleo registrado; inserción inteligente de Argentina en el mundo; necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria (…) y equilibrar las cuentas fiscales.

La identificación en cuanto a los protagonistas (tanto entidades como personas) con los artífices de aquellos otros consensos de los ’90, provoca razonables preocupaciones en un amplio espectro gremial y del empresariado Pyme que no han participado de ese “encuentro”, como tampoco se infiere de esa Declaración que se prevea convocarlos a la hora de definir las líneas directrices de las políticas propuestas a corto y mediano plazo.

No es para menos, a poco de advertir que los Acuerdos celebrados en 1994 y 1997 dieron como frutos claros éxitos y fracasos. Exitos, para el capital concentrado, así como rotundos fracasos para el país, dejando un tendal de perjudicados entre trabajadores, pequeños y medianos empresarios, sectores medios empobrecidos y una crisis político-institucional sin precedentes desde 1983 que estalló en diciembre de 2001.

Afirmaba Juan D. Perón: “Alguna vez se me ha presentado como enemigo del capital, y yo, señores, distingo bien lo que es capital, y no soy su enemigo; pero sí soy enemigo del capitalismo. Hay una diferencia muy notable entre lo que es capital patrimonial, que representa la herramienta del hombre progresista y de trabajo, y lo que es el capitalismo frío e internacional, que no reconoce hombres ni banderas. Ese es el verdadero enemigo de los productores, de los industriales y de los comerciantes, que quieren dedicarse honestamente a producir y a enriquecer al país” (6 de diciembre de 1946).

Una nueva oportunidad

Las dificultades son muchas evidentemente, pero también cada vez es mayor la evidencia de que no existe una sola alternativa en un mundo tan convulsionado y que denota una estrepitosa caída de los mitos neoliberales.

El estado de alerta se justifica toda vez que los “ganadores de siempre” en cada crisis están al acecho para obtener un nuevo triunfo a cualquier precio y a costa del conjunto de la sociedad, como en tantas otras ocasiones.

El papel que corresponde al Movimiento Obrero es fundamental en la búsqueda de consensos, pero el nivel de representatividad es la clave y, para alcanzarla en grado suficiente, es indispensable ampliar al máximo las representaciones sindicales, entre las que no pueden faltar los sectores gremiales que han combatido constantemente al capitalismo financiero y se han mostrado consecuentes con esas luchas desde el 2016 e impulsado sinceramente el apoyo de sus bases para lograr la victoria del Frente de Todos.

Si se sabe apreciar el pasado, justipreciar lo ocurrido, aprovechar la oportunidad que el presente brinda para superar los desencuentros diferenciando claramente aliados, adversarios y enemigos, seguramente la Argentina tendrá el futuro que su Pueblo se merece.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.