El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, publicó este mes en el Boletín Oficial la Resolución N° 1066/2026, con la que replica a nivel nacional el arancelamiento de la atención sanitaria a extranjeros no residentes con la promesa de mejorar la atención en el sistema sanitario. El modelo tiene un antecedente explícito y un padrino político: Salta, la provincia que lo implementó primero en febrero de 2024 y que el Gobierno nacional exhibe como caso de éxito, aunque los datos digan lo contrario.
Desde la Casa de Gobierno salteña celebraron la réplica. "El impacto de la medida fue claro. Logramos reordenar la demanda, optimizar insumos y descomprimir las guardias. Hoy los salteños encuentran turnos más rápido y disponen de los recursos que aportan con sus impuestos", sostuvo el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, según la Secretaría de Prensa y Comunicación de Salta. Consultado por El Destape sobre el balance de esos dos años, el propio Ministerio aportó precisiones que desarman buena parte de ese relato.
"Aunque la recaudación en ventanilla fue marginal porque casi nadie opta por pagar el arancel, el ahorro acumulado por insumos, descartables y cirugías no realizadas superó los $2.300 millones en los primeros meses", respondió el Ministerio ante la consulta por el detalle de lo recaudado desde la implementación de esta medida.
La política que Salta exhibe como herramienta para financiar su sistema sanitario, entonces, no financia nada. Al no recaudar, simplemente busca disuadir. Entre enero y mayo de 2025 ingresaron 141 extranjeros a los hospitales provinciales y el recupero fue de poco más de $50 millones. Para 2025-2026, según la propia cartera, las atenciones a no residentes "pasaron a ser prácticamente nulas".
Aún así, esto no es todo: la cifra de $2.367 millones que el Gobierno de Gustavo Sáenz difundió como principal resultado tampoco corresponde a fondos ingresados. "No corresponde a dinero ingresado por ventanilla, sino a la valorización del gasto médico evitado según el nomenclador del IPS y los módulos hospitalarios", explicó el Ministerio.
Es decir, estamos ante una estimación contrafáctica: cuánto hubiese costado atender a quienes dejaron de consultar. No es plata disponible para comprar insumos, cubrir cargos ni pagar salarios. La comunicación oficial, sin embargo, la presenta junto al recupero real, como si ambas cifras fueran del mismo orden.
Números que no cierran ante un sistema colapsado
Cabe destacar que en mayo de 2024, al defender la implementación, Mangione afirmó que en el hospital de Orán "el 10% del presupuesto de salud pública iba en atención de extranjeros". En diciembre de ese año, ante la observación de que el impacto parecía menor, admitió: "En términos de porcentajes puede que sea poco más que el 1%".
Ahora el Ministerio incorporó un tercer número: "Aunque a nivel provincial representaba cerca del 1% del presupuesto global, en los hospitales de frontera explicaba hasta el 30% del uso de quirófanos y camas críticas". Por cada consulta nueva, aparece una nueva forma de medir la realidad para acomodar el relato oficial.
"Antes estábamos con los pasillos colmados de pacientes, y hoy estamos bastante holgados con la atención", celebraba Mangione en mayo de 2024 sobre la implementación de esta medida. Sin embargo, en junio de 2026 la descripción fue la opuesta: "Tengo colmadas las guardias. Hace cuatro meses que volvimos a tener pacientes en los pasillos, en camillas. No me alcanza el espacio". En esa entrevista con El Tribuno advirtió que la demanda en guardias creció hasta un 85% y semanas después denunció que "hay gente que duerme afuera de las guardias" y que se cobran 10 mil pesos por un turno.
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Consultado sobre qué cambió, el Ministerio no negó el colapso: lo cuantificó. "Hoy atendemos 17 personas por cada 10 que teníamos presupuestadas históricamente". Las propias cifras oficiales exponen el desenlace: la concurrencia de extranjeros cayó un 99% mientras la demanda total creció un 70% por encima de la capacidad del sistema. La medida redujo lo marginal mientras el problema estructural se multiplicaba.
La explicación de esa saturación llega desde la misma cartera: "El fuerte aumento de las prepagas y la caída del empleo formal empujaron a miles de salteños al hospital público, las obras sociales cortaron coberturas o fijaron copagos inaccesibles provocando que sus afiliados recurrieran al Estado, y Nación recortó programas y medicamentos clave".
Ninguno de esos factores se corrige con el arancelamiento, y todos remiten a decisiones del Gobierno nacional, el mismo que ahora replica el modelo salteño como política sanitaria federal. "El arancelamiento nunca se pensó como la solución mágica a toda la crisis estructural, sino como un acto de estricta justicia distributiva para cuidar los recursos de los contribuyentes salteños", defiende el Ministerio, que sostiene que sin la medida el colapso actual "sería inmanejable".
Sin embargo, el balance de dos años, construido íntegramente con respuestas oficiales, describe una política que casi no recauda, cuyo principal resultado es una estimación apoyada en cifras que no cierran, y aplicada sobre un sistema que hoy atiende un 70% más de pacientes de los que puede.
Ese es el modelo que Nación acaba de adoptar para todo el país, con la promesa de mejorar la atención. En Salta esa promesa duró exactamente lo que tardó el deterioro económico en llenar los pasillos que el arancelamiento había vaciado. La diferencia es que ahora la medida se aplica en el mismo territorio donde se decidieron las causas que el Ministerio salteño enumera: el aumento de las prepagas, la caída del empleo formal y el recorte de los programas nacionales. Por lo que difícilmente veamos un resultado distinto si los ingredientes son los mismos.