Luego de la exposición de funcionarios del Ministerio de Economía, otras carteras y áreas del Gobierno nacional, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para continuar el tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2023.
Por el lado del oficialismo, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto afirmó que el presupuesto para el ejercicio 2023 es "de crecimiento, de creación de empleos y de distribución de ingresos” y remarcó que “es la ley más importante que se trata en este Congreso". En referencia a las exposiciones de los funcionaios, recordó: "Tuvimos una amplia descripción del Presupuesto en caracteres generales y políticas específicas en la presentación de cada uno de las exposiciones”.
En tanto, su compañero de banca Marcos Cleri valoró que, “en materia de educación, de ciencia y tecnología hay mucha inversión en el proyecto presentado”, al tiempo que consideró que "es un presupuesto que tiene que tener una mirada federal”.
En otro orden, el legislador informó: “Queremos acercar una iniciativa para la actualización del Fondo del Conurbano para Rosario, con el fin de dotarla de recursos suficientes para mejorar sus políticas de estado: seguridad, educación y salud.”, en relación a la situación actual de inseguridad que atraviesa.
A su turno, Roberto Mirabella, también del Frente de Todos, pidió la modificación del Fondo de Compensación al transporte público, al considerar que “existen asimetrías entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país”.
Por el lado de la oposición, desde la Unión Cívica Radical, el diputado Víctor Romero puntualizó que “en este proyecto se mantiene la falta de un programa económico”, al indicar que “no hay pautas claras para superar la inflación”. Y agregó: “No compartimos la macro, pero estamos dispuestos a seguir consensuando el Presupuesto”.
Luego, el diputado del Pro Luciano Laspina reconoció que en este año hubo un "diagnóstico mas realista" en el cálculo de gastos y recursos, el primero desde que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía. “Es el primer presupuesto (kirchnerista) que presenta un recorte del gasto público”, lanzó.
“Nosotros queremos que haya Presupuesto, y se respete, para que también existan garantías de que no se le deje al próximo gobierno una bomba fiscal”, especificó el legislador del partido amarillo.
Desde el bloque Evolución, la diputada Danya Tavella se refirió a la inversión en educación, indicando que “se registra una caída”, y al respecto pidió "la incorporación de las partidas que sostengan las paritarias y refuerzos para becas.”.
Por su parte, la diputada Romina del Plá (Partido Obrero-Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) cuestionó las partidas presupuestarias a nivel universitario: “Aún con una inflación proyectada para el año próximo del 60%, la transferencia para las universidades crece de 2022 a 2023 un 54%", protestó, para luego añadir que "sería bueno que se informe si se va a modificar porque hoy la docencia universitaria está de paro”.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Carlos Heller (Frente de Todos), instó a sus pares para hacer “un enorme esfuerzo de racionalidad en el debate” y pidió: “Tengamos el compromiso de lograr un dictamen consensuado, ya que el país necesita un Presupuesto”.
Presupuesto 2023, datos y escenario
El Presupuesto 2023 que estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios. El Frente de Todos busca tratar el proyecto el próximo miércoles 19 pero Juntos por el Cambio quiere que el debate se realice el 26, que es la fecha límite que se acordó entre la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y los bloques políticos.
Los acuerdos que pueda lograr el oficialismo con los bloques opositores son claves dado que tiene 118 legisladores -117 en condiciones de votar- con lo cual necesita al menos unos quince para tener una mayoría más holgada que supere los 129 votos.
El oficialismo espera contar con el respaldo de los cuatro diputados de Provincias Unidas, de los ocho del Interbloque, uno del Movimiento Popular Neuquino, y de un conjunto de bloques de Juntos por el Cambio como la UCR, Evolución Radical, y Encuentro Federal.
Uno de los pedidos de Juntos por el Cambio para acompañar el proyecto es incluir un artículo para que si se eleva la pauta inflacionaria el Gobierno envíe en el último trimestre del próximo año una corrección de la ley de Presupuesto.
Otro punto que es motivo de conflicto son los subsidios para el transporte automotor ya que los legisladores del interior donde se pagan tarifas más elevada que en la región metropolitana reclaman un aumento de los $ 66.000 millones establecidos para el 2023.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación de aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones. Un dato distintivo es que más del 65% de los fondos se destinarán a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.
El proyecto de gastos y recursos para el 2023, además, prevé un aumento del consumo privado estimado en un 2,2% y la inversión en un 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.
En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $ 1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $ 1,2 billones, a gastos sociales $ 18 billones, servicios económicos $ 4,5 billones, deuda pública $ 2,9 billones, lo que implica casi $ 29 billones.
El Presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.
Otro aspecto central será la posibilidad de blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.
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