La Cámara Federal de Casación Penal se mostró en estado de “preocupación institucional” este lunes luego de que escalara el escándalo por la denuncia por violencia de género contra uno de sus integrantes: el juez Gustavo Hornos, a quien la justicia civil le impuso una perimetral para que no se acerque a su expareja. La máxima instancia penal del país pidió copia de las causas en que se investiga al camarista de la sala IV denunciado y se reunirá el próximo jueves para abordar el tema. Podría pedir la intervención del Consejo de la Magistratura, el órgano que sanciona magistrados.
A la par, la expresidenta Cristina Kirchner recusó en la causa Vialidad al juez acusado de abuso. Hornos integra la sala que debe revisar su condena. Para los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la sentencia deber ser revisada “por magistrados que cuenten con una sólida formación en materia de género” y cuya conducta se ajuste “estrictamente a los estándares fijados por la comunidad internacional con relación a los derechos de las mujeres”.
“Preocupación institucional”
El escándalo que involucra al camarista Gustavo Hornos, denunciado por su expareja por violencia de género, provocó que el Tribunal de Superintendencia de la Casación, es decir, el presidente de la cámara, Mariano Borinsky, y los presidentes de las cuatro salas que componen el tribunal se reunieran este lunes para tomar medidas.
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“Atento a los hechos de público conocimiento relativos al Señor juez Gustavo M. Hornos, debido a la preocupación institucional que estos generan”, el Tribunal de Superintendencia ordenó que se remitan a la cámara copias de los expedientes en que se aborda la denuncia de su expareja: se trata de una causa civil, que tramita en el juzgado civil Nº 12, y una causa penal, que tramitaba en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires y el viernes pasó a Comodoro Py. A su vez, convocó a un Acuerdo General –es decir, a todos los camaristas de Casación- para el jueves próximo, a las 10.30, para tratar el tema. ¿Qué puede hacer la Casación? De acuerdo a su reglamento, notificar al Consejo de la Magistratura y girar los antecedentes del caso para que intervenga. Se trata del órgano que sanciona jueces y define si los remueve.
Junto a Borinsky firmaron la resolución de este lunes los camaristas Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y Javier Carbajo.
El traspaso de la causa penal de la justicia nacional a la justicia federal fue el que hizo escalar el escándalo. El viernes, el juez Alfredoo Godoy, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, se declaró incompetente en el expediente penal y giró el caso a Comodoro Py. En una resolución de 7 páginas, Godoy delimitó 6 hechos que dan cuenta no solo de circunstancias que describen lesiones sino también amenazas y coacción agravada. Entre otras cuestiones, de acuerdo al escrito judicial, Hornos habría hecho valer su poder como juez para amedrentar a la víctima.
Godoy declinó la competencia hacia la justicia federal porque “nos encontramos frente a supuestos de ejercicio de violencia de género mediante el aprovechamiento que habría efectuado el imputado de la investidura otorgada por su cargo de Magistrado de Nación, como así también de los recursos estatales a los que, por ese motivo, tenía acceso”.
Concretamente, de acuerdo al juez Godoy, algunos de los hechos denunciados por la víctima “versan sobre un potencial aprovechamiento por parte del imputado, de su calidad de Magistrado de la Nación, tanto para posicionarse en una situación de superioridad respecto de ella en el contexto de las amenazas que le habría proferido, como del acceso a las herramientas del estado y la utilización en su favor personal”. El juez nacional señala que “incluso tales circunstancias podrían haber influenciado a la víctima a no instar la acción penal por temor”. Al pasar a Comodoro Py la causa quedó radicada en el juzgado federal Nº 8 que subroga el juez Sebastián Ramos.
A su vez, el 2 de septiembre la justicia civil le impuso a Hornos una perimetral como medida cautelar. La jueza civil Paula Marinkovic, quien está a cargo del juzgado civil Nº 12, dispuso: “Ordenar por el plazo de 90 días y en carácter de medida precautoria, la prohibición de acercamiento y contacto de GUSTAVO MARCELO HORNOS, a un radio inferior de 200 metros” de la víctima, cuyo nombre se preserva. La “prohibición de acercamiento” implica “suspender todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique intromisión injustificada con relación a la denunciante”. La decisión precautoria que tomó la jueza se debió a “la entidad de los hechos denunciados, lo que surge del informe interdisciplinario de situación de riesgo, y demás constancias de autos”.
Las causas contra el camarista Hornos se iniciaron luego de que la víctima declarara ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No es la primera vez que este camarista tiene un caso mediático que lo expone y deriva en un pedido de explicaciones por parte de sus colegas. Por un lado, Hornos fue denunciado por quien fuera su conyugue por violencia doméstica en un caso en el que terminó sobreseído por un magistrado que tiempo después fue condenado por violencia de género. Y tal como publicó El Destape, fue denunciado junto a Borinsky por visitar al expresidente Mauricio Macri tanto en la Casa Rosada como en la quinta de Olivos en la previa o luego de firmar fallos claves para el macrismo. Cuando esos encuentros que no habían sido informados a sus pares tomaron estado público el camarista le dijo a sus colegas que mantenía una “relación social” con el entonces presidente. Hornos fue denunciado también en el caso conocido como “Mesa Judicial Pro”. En ambas denuncias penales (Operación Olivos y Mesa Judicial) el camarista logró salir indemne. Operación Olivos, por ejemplo, se cerró sin investigarse.
CFK recusa al juez denunciado por abuso
Este lunes, la expresidenta Cristina Kirchner se hizo eco de la denuncia por violencia de género contra Hornos y pidió nuevamente que se lo aparte del tribunal que debe revisar su condena en la causa Vialidad. Hornos, junto a Borinsky y Barroetaveña, integra la sala que debe definir si confirma la pena de 6 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos contra CFK, si la revoca o la aumenta.
“Resulta imprescindible que la injusta condena impuesta a la ex Presidenta de la Nación sea revisada por magistrados que cuenten con una sólida formación en materia de género y, por sobre todas las cosas, que ofrezcan ante toda la sociedad garantías suficientes en cuanto a que su conducta se ajusta estrictamente a los estándares fijados por la comunidad internacional con relación a los derechos de las mujeres”, sostuvieron los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en su planteo de recusación. “Dada la grave acusación que pesa en contra del juez Hornos, cuya verosimilitud, insistimos, fue reconocida por la autoridad judicial competente al disponer a su respecto medidas precautorias, es claro que el magistrado no satisface dicho recaudo, lo cual, en el contexto descripto, impone que sea apartado de estas actuaciones”, agregaron.
Los letrados también destacaron que en diversas notas periodísticas que se hicieron eco de la denuncia contra Hornos “se indica que el nombre de Cristina Fernández de Kirchner aparecía mencionado en intercambios con la denunciante, lo cual torna aún más complejo el panorama evidenciado”.
Para Beraldi y Llernovoy “sin perjuicio del derrotero que corresponda transitar en las actuaciones civiles y penales promovidas en contra del juez Hornos y las medidas de superintendencia que pueda adoptar esta Cámara Federal de Casación Penal a su respecto, la grave situación informada acrecienta el fundado temor objetivo de parcialidad que ya había sido invocado por nuestra parte. Todo ello, sin resquicio de duda, en un Estado de Derecho respetuoso de las garantías constitucionales debe conducir, de manera categórica, a que el referido magistrado sea apartado de este proceso”.
En esa línea, los abogados remarcaron el intento de asesinato que sufrió la entonces vicepresidenta de la Nación: “Resulta de público conocimiento que desde hace varios años la Dra. Cristina Fernández de Kirchner viene siendo víctima de episodios de violencia de toda índole, los cuales incluso se materializaron en un intento de magnicidio”. “Una constante de estos permanentes ataques padecidos por la ex Presidenta de la Nación es que aquellos son motorizados, entre otras razones, por su condición de mujer”, añadieron. E indicaron que “este incesante hostigamiento en contra de nuestra representada en virtud de su género fue debidamente explicado en el marco del debate oral en el cual son enjuiciados los autores materiales de su tentativa de asesinato”.
Los letrados también se hicieron eco de que “ésta no es la primera denuncia que el juez recusado enfrenta en orden a esta clase de ilícitos verdaderamente graves”.
Sobre el final del escrito de 15 páginas, los abogados concluyeron: “Que un juez al que se lo acusa nada más ni nada menos que de llevar a cabo actos de violencia de género, que cuenta con antecedentes en esta materia y que ha sido públicamente cuestionado por tales episodios se presente a sí mismo como magistrado imparcial frente a una justiciable de sexo femenino como es nuestra defendida, resulta ser un disparate que no solo afecta a nuestra parte, sino antes bien incrementa la crisis de falta de credibilidad que afronta nuestro servicio de administración de justicia”.
¿Aceptará Hornos la recusación que planteó CFK? ¿De rechazarla, en el medio de este escándalo, sus colegas lo mantendrán en la causa?
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