Lejos del combate contra los vicios de la “casta” política, la gestión de Javier Milei enfrenta uno de los peores momentos en términos de transparencia institucional. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, funcionario que se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace más de dos meses por presunto enriquecimiento ilícito, quedó nuevamente bajo la lupa judicial tras confirmarse que volvió a ocultar el anexo reservado con los bienes de su esposa, Bettina Angeletti, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Según publicó La Nación, la ausencia de esta documentación, específicamente el Formulario F-1246, es crítica porque impide que la Justicia obtenga una fotografía completa del patrimonio familiar en un momento donde Adorni busca validar sus gastos e inversiones. Aunque desde el entorno del funcionario alegan que tiene plazo hasta el 31 de julio para completar el trámite, la normativa vigente establece que el formulario público y el anexo reservado constituyen una única obligación legal.
Por lo tanto, no se trata de un trámite complementario u optativo, sino de una pieza integrante de la misma presentación que el jefe de Gabinete decidió, una vez más, desdoblar en el tiempo.
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Esta situación no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una causa por presunto enriquecimiento ilícito donde el funcionario tuvo que rectificar sus presentaciones anteriores para intentar justificar una evolución patrimonial que genera crecientes interrogantes en los tribunales de Comodoro Py.
El contraste entre los ingresos públicos y los gastos reales es uno de los pilares de la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien contabiliza desembolsos y deudas por más de 700.000 dólares, además de consumos millonarios con tarjeta de crédito. Por todo esto, tener acceso a la declaración de bienes de Angeletti se vuelve un eslabón clave para la investigación.
El laberinto de las rectificaciones y el country Indio Cuá
Esta estrategia de demora no es nueva en el comportamiento del vocero reconvertido en jefe de ministros. Durante el ejercicio anterior, Adorni también retrasó la entrega de los datos de su cónyuge y solo acompañó el anexo en abril de este año, cuando la investigación penal en su contra ya mostraba avances notorios. Fue en esa instancia donde se terminó por “blanquear” la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá.
Originalmente, el funcionario no había incluido el inmueble en su declaración, argumentando que pertenecía exclusivamente a su esposa, pero ante el avance de las observaciones sobre su patrimonio, decidió rectificar la información para declarar una “titularidad compartida del cincuenta por ciento para cada uno”.
Para sostener este complejo andamiaje financiero, Adorni recurrió a explicaciones que rozan la confesión de irregularidades pasadas. En recientes apariciones televisivas, el funcionario justificó su nivel de vida basándose en la trayectoria de su esposa en el sector privado, donde ocupó “cargos gerenciales” durante más de 15 años.
Sin embargo, el punto más polémico de su defensa fue admitir que el matrimonio mantuvo fondos fuera del sistema formal durante años. Según sus propias palabras, se trató de dinero ahorrado “en negro” que no declararon para resguardarse de la “vieja política”. Esta justificación resulta paradójica para un gobierno que exige el cumplimiento estricto de la ley al resto de la sociedad, mientras su máxima autoridad administrativa reconoce haber operado en la marginalidad fiscal por décadas.
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