Malas noticias para el exjuez federal Roberto Catalán, condenado por delitos de lesa humanidad en La Rioja. Después de que ayer se difundiera un video en el que se lo veía violando la prisión domiciliaria, la fiscal federal Virginia Carmona acaba de solicitar a la justicia que se le revoque el beneficio y que se lo traslade a un establecimiento del Servicio Penitenciario provincial.

A Catalán lo sorprendieron ayer volviendo de hacer las compras en la puerta de su domicilio en Adolfo Dávila, entre Rivadavia y San Nicolás de Bari, en la capital rioja, como informó El Independiente. Cuando vio que lo estaban filmando, se apuró para subirse al escalón de entrada y saludó con los brazos en alto.

Según remarca la integrante de la Unidad de Asistencia de causas de violaciones a los derechos humanos de La Rioja, no consta en ningún lado que Catalán haya sido autorizado ayer para salir de su casa – como lo muestra el video.

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“El encausado puede movilizarse sin ningún inconveniente, gozando de una salud tal que le permite, incluso en estos días de intenso calor en esta provincia, salir a la calle, caminar y desenvolverse sin ayuda o colaboración de nadie”, dice el escrito presentado por la fiscal.

Catalán está en domiciliaria desde 2013, aunque la decisión del juez Daniel Herrera Piedrabuena fue impugnada por el Ministerio Público Fiscal, ya que los informes demostraban que, pese a la edad avanzada del exjuez, podía estar alojado en un establecimiento penitenciario. En 2016, fue condenado a doce años de prisión. El Tribunal Oral Federal de La Rioja lo encontró culpable de encubrir un homicidio y siete casos de torturas.

Catalán deberá en los próximos días enfrentar un nuevo juicio: tiene que sentarse en el banquillo junto al exjefe del Ejército César Milani, acusados por participar en los secuestros y tormentos a Alfredo Olivera y a su padre en marzo de 1977. Olivera pudo enterarse cómo se llamaba el subteniente que había participado de su secuestro y el de su padre cuando fue trasladado al despacho del juez Catalán – nombrado después del golpe como juez federal – desde el centro de detención donde estaba ilegalmente retenido. Allí lo escuchó a Milani decir su apellido mientras hablaba con un secretario del juzgado, según relató Olivera, y lo denunció en 1979 – mientras todavía seguía privado de su libertad.

La causa que involucra a Catalán y a Milani inicialmente estaba prevista para comenzar en febrero, pero se postergó porque el 7 se inicia otro juicio por delitos de lesa humanidad. Todavía no hay fecha para el primer proceso oral por delitos de lesa humanidad que debe afrontar el militar que comandó el Ejército entre 2013 y 2015. En Tucumán, también está imputado por la participación en la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976.