El Derecho Internacional se encuentra en una fase terminal desde hace varios años. El ataque militar de los Estados Unidos sobre Caracas, en pleno territorio sudamericano, constituye una confirmación brutal de ese proceso. No se trata de un hecho aislado ni inesperado: es la manifestación abierta de una lógica de poder que ha ido vaciando de contenido a las normas, instituciones y consensos que, al menos formalmente, estructuraron el orden internacional de la posguerra. El ataque a Venezuela es una agresión unilateral ilegal en el derecho internacional y ante la propia Constitución de Estados Unidos, pues el gobierno debió pedir autorización al Congreso para declarar la guerra antes de la incursión en territorio extranjero.
Lo que no podrá decirse es que no hubo advertencias. Las hubo en los últimos meses, de forma explícita; las hubo de manera sistemática desde diciembre de 1998 en Venezuela; y, si se amplía la perspectiva histórica, desde 1823, cuando la Doctrina Monroe estableció a América Latina y el Caribe como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. La diferencia hoy no es el principio, sino el contexto: estas acciones se despliegan en un momento de declive relativo de la hegemonía estadounidense, marcado por tensiones económicas internas, disputas geopolíticas globales y el avance de potencias extrahemisféricas.
Donald Trump no es una anomalía, sino una expresión condensada del declive norteamericano. Su política exterior radicaliza una tendencia previa: la sustitución de la diplomacia por la coerción, del multilateralismo por el unilateralismo armado, y del Derecho Internacional por la fuerza directa. El control de recursos estratégicos -energéticos, territoriales y geopolíticos- se convierte así en el eje ordenador de una estrategia que busca reafirmar el poder imperial sin mediaciones ni ambigüedades. Solo dejar entre paréntesis el patetismo con el que se mueve un país tan importante como Argentina por medio de un presidente incapacitado e irresponsable.
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En el marco planteado, Estados Unidos cruza una línea de enorme gravedad: el bombardeo de un país sudamericano de la relevancia estratégica de Venezuela. No se trata solo de la principal reserva de petróleo convencional del planeta, sino de un Estado que ha funcionado como epicentro de la experiencia integracionista más ambiciosa de América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Atacar a Venezuela es, en este sentido, disciplinar a la región en su conjunto.
En las últimas horas han sido atacados sistemas de comunicaciones, el Sistema de Defensa Aeroespacial, centros políticos, residencias de altos mandos, unidades militares estratégicas y nodos clave de infraestructura eléctrica. El ingreso de diez helicópteros al Valle de Caracas aparece como parte de un operativo mayor, orientado a la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Más allá de los detalles aún confusos del episodio, el mensaje político es inequívoco: Estados Unidos está dispuesto a intervenir de manera directa para imponer un orden regional acorde a sus intereses.
Este escenario no puede comprenderse sin atender a la militarización progresiva del Mar Caribe durante los últimos meses. Allí se fue configurando el marco operativo de lo que hoy se materializa como acción militar directa. El llamado Corolario Trump —una actualización explícita de la Doctrina Monroe— establece el repliegue sobre el “espacio vital” latinoamericano y la expulsión, por cualquier medio, de actores estatales o no- estatales que cuestionen la hegemonía estadounidense o articulen vínculos estratégicos con potencias como China.
El resultado es la reactivación plena de la diplomacia de las cañoneras en una región que, en rigor, nunca dejó de ser objeto de intervención. Golpes de Estado, desestabilizaciones, presiones económicas y operaciones encubiertas forman parte de un repertorio histórico que hoy se actualiza con medios militares directos y sin el menor disimulo normativo.
Durante estos meses especulamos con la posibilidad de un ataque limitado, de carácter quirúrgico, orientado a infraestructura crítica o a unidades militares específicas. Esa hipótesis se apoyaba en el reconocimiento, por parte de Estados Unidos, de las sofisticadas capacidades defensivas venezolanas y del alto costo de una invasión terrestre. Venezuela desarrolló, a lo largo de años, una doctrina de guerra irregular basada en la unión cívico-militar y en una preparación territorial extensa y capilar, pensada precisamente para disuadir una ocupación directa. Tal preparación explica este desenlace. Entonces la modalidad del ataque actual parece orientada a neutralizar —al menos parcialmente— esa doctrina, afectando su capacidad de respuesta rápida y desorganizando la arquitectura defensiva construida en el territorio. Al mismo tiempo, se despliega una intensa disputa informativa y diplomática en torno a la amenaza de nuevas acciones militares, en un clima de presión permanente para alentar negociaciones.
Un componente fundamental de la guerra híbrida experimentada en estos meses es la guerra psicológica que se ha intensificado tras los ataques. Sin anunciarse el mentado "cambio de régimen", Trump ha alentado la idea de un golpe tan eficaz que le ha dado el control total sobre Venezuela. El mismo 3 de enero, tras exponer una imagen del presidente Nicolás Maduro secuestrado, dio una conferencia de prensa en su residencia de Mar a Lago, en Florida, donde afirmó que Estados Unidos "gobernará el país hasta que pueda hacerse una transición segura". Además, se refirió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como una pieza decidida a ayudar en lo que Estados Unidos necesite. Con esto, se pretende no solo mostrar el poder de la potencia norteamericana, sino abonar a deslegitimar a los liderazgos del gobierno que no fueron atacados. El engaño, la intriga y la mentira, son pues recursos esenciales para el desarrollo de cada una de estas maniobras.
Lo que está en juego excede largamente a Venezuela. Se trata del futuro de América Latina y el Caribe como región con márgenes de autonomía política, económica y estratégica. El ataque a la nación bolivariana funciona como advertencia general: frente al avance de proyectos soberanos o integracionistas, el imperio vuelve a mostrar su rostro más descarnado. La preocupación, entonces, no es solo por un país agredido, sino por una región entera que vuelve a ser tratada como espacio subordinado en la reconfiguración violenta del orden global.
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