Sobre tarados y cipayos en el ciclo acelerado de industricidio explícito

Las recientes declaraciones, por demás agresivas y despreciables, del Ministro de Economía Luis Caputo, calificando despectivamente como “tarados” a quienes defendemos desde diferentes ámbitos la necesidad de implementar políticas activas de desarrollo e industrialización nacional, no constituyen un exabrupto aislado ni un mero desliz retórico en el fragor de la disputa política.

Por el contrario, representan la manifestación explícita y despojada de eufemismos de la matriz ideológica y teórica que vertebra el actual programa económico conducido por Javier Milei. Detrás de la descalificación y el desprecio por la evidencia empírica se reactiva y profundiza un dogma neoliberal de larga data en la historia económica argentina: la convicción de que esa entelequia llamada “libre mercado” asigna los recursos de manera social y económicamente óptima, y que la industria manufacturera local representa una rémora ineficiente, una trampa prebendaria sostenida de modo artificial mediante el subsidio estatal y la protección arancelaria a costa del bienestar general.

Desde una perspectiva de economía política, este tipo de discursos omite deliberadamente el funcionamiento real del capitalismo contemporáneo y la propia dinámica histórica del desarrollo económico en nuestro país. La idea de que la desindustrialización constituye un proceso “purificador” mediante el cual el mercado corrige ineficiencias para dar paso a una estructura más “competitiva” es una falacia analítica ostensible. Lo que estamos presenciando en la coyuntura actual no es una reorganización virtuosa del aparato productivo, sino la ejecución de un ciclo acelerado de industricidio explícito y desmantelamiento estructural.

De forma similar que en etapas anteriores de sesgo antiindustrialista –como la dictadura militar iniciada en 1976, la década de 1990 bajo el régimen de convertibilidad o el período 2015-2019 en la gestión de Cambiemos–, el escenario presente combina una apertura comercial pronunciada, un atraso cambiario, un achicamiento regresivo del mercado interno y un ataque directo e inédito a los pilares institucionales del conocimiento y la soberanía nacional. Sin embargo, esos experimentos previos se dieron en momentos de auge de la globalización neoliberal, mientras que el actual se da en un contexto de declive explícito, donde las principales potencias se encuentran desplegando políticas industriales activas y proteccionistas, siguiendo prioridades geopolíticas claras.

En ese marco, el ajuste salvaje sobre las universidades públicas, la asfixia presupuestaria al CONICET y el desmantelamiento sistemático de organismos estratégicos de investigación y transferencia tecnológica como el INTI, el INTA, la CNEA y la CONAE revelan una estrategia integral orientada a demoler las capacidades productivas y de innovación del país. Pretender que la Argentina puede desarrollarse a partir de la exportación de bienes primarios sin procesar bajo control transnacional mientras se destruye su sistema científico-tecnológico equivale a condenar a la sociedad a un desierto industrial permanente y a una situación de subordinación neocolonial. Más cipayo, difícil de encontrar.

La crítica al modelo industrial formulada por el oficialismo neutraliza responsabilidades centrales e ignora tres dimensiones estructurales que definen el cuadro socioeconómico actual:

1. A lo largo de los sucesivos experimentos neoliberales, las grandes corporaciones y los conglomerados transnacionales no aprovecharon las transferencias de recursos o los marcos regulatorios favorables para encarar procesos de inversión reproductiva, densificación de eslabonamientos productivos o escalamiento tecnológico. Por el contrario, utilizaron los excedentes para la dolarización y la fuga de capitales, o bien para consolidarse en sectores extractivos con capacidad de captura de ganancias extraordinarias. Acusar al entramado industrial de ineficiente sin problematizar el comportamiento rentístico del poder económico concentrado es una simplificación interesada que busca legitimar una transferencia regresiva de ingresos como la que se está desplegando.
2. La industria manufacturera no es un sector homogéneo; constituye una red compleja e integrada de eslabonamientos donde las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol crucial como proveedoras de insumos, partes y servicios calificados, siendo además las principales generadoras de empleo. El industricidio impulsado por las políticas del gobierno de La Libertad Avanza provoca la quiebra masiva de este entramado PyME, destruyendo la masa crítica acumulada durante décadas. La estructura económica resultante es una matriz reprimarizada concentrada en la minería, los hidrocarburos y el agro a gran escala. En este esquema, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) sintetiza de manera paradigmática esta orientación regresiva. Al otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios durante 30 años a megaproyectos extractivos, sin establecer exigencias efectivas de integración de proveedores nacionales, transferencia tecnológica ni procesamiento local, el RIGI consolida un modelo de enclave. Se condena al país a exportar recursos naturales a gran escala mientras se destruye la industria manufacturera local, acentuando la transferencia de recursos al exterior y reduciendo la participación de los asalariados en el ingreso nacional. Actividades intensivas en capital como la minería o el petróleo son incapaces de brindar una inserción laboral digna a una población de más de 45 millones de habitantes.
3. El estrangulamiento de divisas, es decir, la recurrente falta de dólares, no se resuelve suprimiendo la industria, sino todo lo contrario. Confiar la sustentabilidad del balance de pagos exclusivamente al flujo de divisas proveniente de los sectores extractivos expone a la economía nacional a una extrema vulnerabilidad ante las oscilaciones de los precios internacionales de los commodities. Sin un sector manufacturero denso y diversificado, capaz de sustituir importaciones clave y de exportar bienes con alto valor agregado e incorporación de ciencia y tecnología local, cualquier intento de reactivación económica choca de manera inevitable contra la escasez de divisas. La consecuencia de este modelo reprimarizado es la renta que se fuga y no se reinvierte en el país y, por lo tanto, la recurrencia de crisis de balanza de pagos, seguidas de megadevaluaciones que terminan provocando la contracción del salario real y el aumento de la pobreza.

Reducir la discusión fundamental sobre el futuro del desarrollo argentino a insultos y descalificaciones hacia quienes defienden la producción nacional refleja una alarmante precariedad analítica y un dogmatismo cipayo ante las lecciones de la historia económica global. Ninguna nación en el mundo ha logrado altos niveles de calidad de vida, equidad distributiva, cohesión social y soberanía política renunciando a su industria ni desmantelando su sistema científico, tecnológico y universitario. La verdadera encrucijada a la que nos enfrentamos no es elegir entre un proteccionismo generalizado o un libre mercado ”modernizador”, sino entre un proyecto de país reprimarizado, concentrado y socialmente excluyente, o la reconstrucción de una estrategia nacional de desarrollo productivo con densidad tecnológica, soberanía económica e inclusión social genuina y perdurable.