Pocas horas después de la cadena nacional, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration emitieron un comunicado conjunto. Dijeron que seguirán operando en Malvinas porque cuentan con el "apoyo total y continuo del gobierno británico" (en otras ocasiones habían referido que contaban también el apoyo del actual gobierno argentino), que sus licencias son válidas, y que las sanciones anunciadas por Javier Milei no afectarán el desarrollo ni los plazos del proyecto. Como creemos, es la respuesta de quien no está tranquilo. Al mismo tiempo, las acciones de Rockhopper caían en la Bolsa de Londres y las de Navitas lo propio en Tel Aviv. La pregunta que ese dato abre no es menor: ¿está cambiando realmente la posición de este gobierno sobre Malvinas, o estamos ante oportunismo electoral con decreto incluido?
En el año 2011 el gobierno de Cristina Fernández impulsó la Ley 26.659 para sancionar la explotación colonial. En 2012, expropió el 51% de YPF, recuperando el control sobre Vaca Muerta. Ese mismo año, el gobierno ilegítimo de Malvinas otorgó las últimas Licencias de Producción de la Cuenca Sur. Es decir: el mismo año en que Argentina recuperaba soberanía efectiva sobre el recurso no disputado, Gran Bretaña completaba la arquitectura jurídica del despojo sobre el recurso de gestión ilegal. Los dos movimientos ocurrieron en paralelo y en sentidos opuestos. El tiempo del gobierno de Macri era el de leerlos de forma integrada, pero para ello se debió asumir una posición soberana.
Lo que el decreto de Milei agrega a la Ley 26.659 (y lo que no)
El Decreto 868/2026 que Milei firmó esa misma noche no inventa nada: aplica la Ley 26.659. Pero sí agrega dos elementos que técnicamente no deben perderse de vista: primero, extiende explícitamente las sanciones a accionistas, directores y proveedores de las empresas involucradas; segundo -y esto es lo más original- establece que quienes pretendan acceder al RIGI deberán presentar una declaración jurada que acredite que no están incumpliendo la legislación argentina sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental. Es la “pinza Malvinas-Vaca Muerta” hecha norma: elegir entre el continente y Sea Lion. El canciller Pablo Quirno expresó que 180 compañías "van a tener que elegir si quieren operar en Malvinas y ser sancionadas".
El problema es que ya existía un precedente que debería preocupar: en 2022, Navitas fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años por el propio Estado argentino. Siguió operando sin consecuencias materiales. La pregunta es entonces cuál será la letra chica sobre el alcance real del concepto de "proveedores" y "accionistas". Esa letra chica es el verdadero test del decreto.
El efecto dominó: las gigantes de los servicios petroleros (SLB, Halliburton, Baker Hughes) y Vaca Muerta
La respuesta más concreta e inmediata no vino de Navitas ni de Rockhopper, sino de la cadena de proveedores. Luego del Decreto, la empresa SLB reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes. Halliburton declaró que "respeta la soberanía de la República Argentina" y que "no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada". Baker Hughes siguió la misma línea, con un documento oficial que confirmó que "no participa ni participará en licitaciones de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas". DLS Archer, una de las principales operadoras de equipos de perforación de Vaca Muerta, dejó en claro que no tiene relación ni participación alguna en Sea Lion, asegurando así -tal como dice el comunicado- su "enorme flujo de trabajo continuo con las operadoras" en Argentina. Por supuesto que ninguna de estas empresas tenía vinculación previa confirmada con Sea Lion; pero sí reduce el universo de contratistas globales disponibles para un proyecto offshore de esa escala. La razón por la que la pinza funciona no es solo regulatoria: es económica. Los costos de perforación en Vaca Muerta son entre ostensiblemente menores que en un pozo offshore en Malvinas. Con el RIGI, estabilidad fiscal e infraestructura creciente en Vaca Muerta, frente a costos offshore sustancialmente mayores en Malvinas, la elección racional para cualquier empresa de servicios con presencia en Argentina es evidente.
El entramado que explica por qué igual hay sobreactuación
Que los proveedores elijan Vaca Muerta no resuelve el problema de fondo. La guerra de 1982 produjo un complejo económico-militar en las islas que no existía antes del conflicto y que tiene capas superpuestas de intereses concretos en que nada cambie. La Transnacional británica BAE Systems provee los Typhoon de quinta generación en Mount Pleasant; otras empresas como Babcock International operan en las islas, siendo uno de los principales contratistas de defensa del Reino Unido; la pesca representa el 65% del PIB nominal de las islas: el gobierno de Malvinas licencia ilegalmente flotas de Taiwán, España, Corea del Sur y Japón, entre otros. Y detrás de todo eso, el Falkland Islands All-Party Parliamentary Group (grupo de presión cuyo objetivo es sostener el derecho de autodeterminación de los isleños) en Londres y que tiene representantes de todos los partidos. No es un fenómeno exclusivamente conservador: explica que los ministros laboristas de defensa y relaciones exteriores hayan cerrado la puerta en horas. Ceder soberanía desmantelaría un entramado con décadas de construcción y actores con poder de lobby directo en el Parlamento británico.
Trump, Starmer, Netanyahu: una palanca táctica, no una política
La tensión entre Trump y Starmer ha sido real: el gobierno laborista se distanció de la política de máxima presión contra Irán, condicionó el apoyo militar a Israel por Gaza, y mantuvo relaciones con China que Washington quiere restringir. El diferendo no menor sobre las Islas Chagos -donde el Reino Unido “negoció” una devolución que Trump leyó como “una debilidad inaceptable”- completa el cuadro. En ese contexto, las declaraciones de Trump sobre Malvinas se inscriben en un patrón: usar disputas territoriales como palanca de presión sobre aliados que no se alinean completamente. Pero hay una contradicción interna que la lectura entusiasta del gobierno argentino pasa por alto. La relación de Trump con Netanyahu es de alineamiento total. Y Navitas es israelí: cotiza en Tel Aviv, tiene fondos de pensión israelíes entre sus accionistas; inclusive Rockhopper incorporó recientemente a un ex CEO israelí a su directorio. Si Trump usara a Malvinas genuinamente como palanca contra Gran Bretaña, estaría complicando a una red de intereses israelí, lo que no encaja con su postura de apoyo irrestricto a Israel. Las declaraciones de Trump sobre Malvinas son ruido táctico, no política: no habría coherencia entre apoyar a Navitas en Malvinas y cuestionar la soberanía británica. Washington lleva décadas reconociendo la administración de facto británica sobre las islas. Leer a Trump como aliado estable tiene antecedente histórico: Galtieri también creyó en 1982 que Reagan no apoyaría a Thatcher.
Tres escenarios abiertos
El primero es el oportunismo puro: el decreto existe pero su aplicación efectiva nunca se materializa, como ocurrió con la inhabilitación de Navitas en 2022. El segundo es un cambio real acotado: el gobierno activa efectivamente los mecanismos contra proveedores y financiadores, aprovechando que Trump le da cobertura política. La pinza RIGI-Malvinas sería el instrumento más original y potencialmente efectivo de toda la cadena nacional. El tercero es un reposicionamiento estratégico más profundo: el gobierno detectó que Malvinas se convirtió en un clivaje electoral que va a estructurar 2027 y decidió que el costo de seguir ignorándolo supera el costo de tensionar con Israel y Gran Bretaña.
El verdadero test llegará en las próximas semanas, cuando se conozca la letra chica sobre el alcance real de "proveedores" y "accionistas", y cuando se vea si las 45 personas y empresas en la nómina de Cancillería enfrentan consecuencias concretas. Lo que ya ocurrió es la primera evidencia de que la pinza tuvo efecto narrativo. Si se sostiene y profundiza, habrá que reconocer que algo cambió. Si no, el cuadro que conocemos desde hace dos años se mantendrá: un proyecto petrolero avanzando, un gobierno que llega tarde y se va antes, y una sociedad que generó una notable producción política en torno a Malvinas y ahora hace sus cálculos sobre la reacción de un gobierno que hasta hace una semana se mostró a favor de los principales argumentos británicos en torno a la colonización.