Se inició la investigación para saber si el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele para arrepentirse

Buscan saber si recibió fondos de forma irregular como pago por ser testigo arrepentido contra Amado Boudou.

14 de febrero, 2020 | 16.25

La fiscal Paloma Ocoha abrió la investigación, motorizada por una denuncia del juez federal Ariel Lijo, para saber si el gobierno de Mauricio Macri le financió a Alejandro Vandenbroele la construcción de un hotel boutique en Mendoza como forma de pago por su testimonio como arrepentido en causa Ciccone, que involucra a Amado Boudou, como reveló El Destape.

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Tal como publicó este medio, el 24 de 2018 Carlos Linsalata, operador de Vandenbroele en el Programa de Testigos Protegidos e Imputados, envió una nota a sus superiores pidiendo $1.500.000 para su custodiado. Da en la nota una información clave: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”.

Según la documentación de su legajo, revelada por El Destape, en agosto de 2019 Vandenbroele recibió más fondos. El Programa dependiente del ministerio de Justicia, comandado por Germán Garavano, le dio $40.000 el 7 de agosto y otros $300.000 el 16. En el acta de esta última entrega consta que ya le habían dado un total de $600.000. El 9 de octubre le entregaron $200.000 más. 

Con ese dinero, puso en pie el hotel boutique La Masía, ubicado "en una exclusiva zona de Chacras de Coria y rodeada de viñedos y bodegas, La Masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para que sus huéspedes vivan una experiencia diferente”, según la descripción de su página web.

Lijo fue quien realizó la denuncia en base a esta revelación y también quien tuvo a su cargo la causa por la que Boudou terminó condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, donde Vandenbroele fue clave como arrepentido. 

La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los personajes a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Para lograr esto, el juez Lijo dividió el expediente. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio, resuelto por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez le dictó una falta te mérito, como contó Ari Lijalad.

Vandenbroele acordó con el juez Lijo su colaboración como arrepentido en la segunda. La primera, la que apuntaba a Boudou, ya estaba en instancia de juicio donde la propia ley del Arrepentido impide que se sumara como tal. Pero le encontraron la vuelta: lo hicieron declarar en el juicio el 10 de abril de 2018, cuando ya llevaba varios meses bajo el ala del programa de Protección de Testigos. Por ese motivo su abogado pidió que declarara primero y que Boudou saliera de la sala. 

Vandenbroele no declaró ahí como arrepentido pero los propios jueces dijeron que su testimonio sería  “valorado para atenuar las penas que corresponderá aplicársele por los hechos que los acusadores les han atribuido”. En otro pasaje de la sentencia los jueces también explican que “todo lo que tiene que ver con los probables inversores que supuestamente inyectaron fondos para el emprendimiento criminal, no forma parte del objeto procesal traído a juicio”. La declaración de Vandenbroele fue criticada por los abogados de buena parte de lo imputados en la causa, pero los reclamos fueron descartados por los jueces. 

 

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