No se trata de un simple grupo de estafadores o extorsionadores que buscaban rédito económico aprovechándose de sus contactos con actores desprevenidos o ingenuos; se estaría frente a un grupo de personas que llevó adelante acciones que afectan instituciones de nuestro sistema democrático”, escribió el juez Alejo Ramos Padilla en su última resolución. Es un párrafo clave, ya que reitera que no es un caso de simples bandidos sino que tiene la complejidad del entramado de jueces-periodistas-servicios de inteligencia dedicado a operaciones políticas.

El juez Ramos Padilla dio un paso importante hoy al delimitar los alcances de la investigación que lleva adelante, tal como le había solicitado la Cámara Federal de Mar del Plata cuando lo confirmó provisoriamente al frente del caso. En un documento de 26 páginas, hizo un punteo pormenorizado donde describió a esta “organización criminal clandestina”, su modus operandi, el rol de los medios de comunicación, los lugares donde se cometieron los delitos y enumeró los 31 casos que ya componen esta megacausa. 

Los 31 casos, advierte el juez, son “a mero título ilustrativo”, es decir, que existen aún más líneas de investigación. Este listado incluye la denuncia original del empresario agropecuario Pedro Etchebest; las extorsiones variopintas con uso de medios de comunicación al empresario petrolero Mario Cifuentes y el despachante de aduanas Gabriel Traficante; operaciones de lavado de dinero vía transferencias internacionales; las operaciones ilegales sobre los abogados Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; el espionaje a Jorge Castanon, ex marido de la pareja actual del fiscal Carlos Stornelli; los casos anotados por el espía ilegal D’Alessio como Irán y Enarsa/GNL; la extorsión al ex secretario de CFK Pablo Barreiro y a Victoria Munin; el espionaje al ex funcionario Roberto Porcaro; la maniobra de la que fue víctima el ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat; las cuestiones alrededor del mediático Leonardo Fariña y su ex abogada Giselle Robles; el Operativo Andújar; la Operación Jaitt; maniobras en las que involucraron al diputado Alfredo Olmedo y otras de espionaje a funcionarios radicales en Corrientes; un capítulo sobre Formosa y los vínculos de D’Alessio; la causa narco Bobinas Blancas; el seguimiento al abogado Gabriel Bouzat, ex socio del supremo cortesano Carlos Rosenkrantz; la extorsión a Diego Vestillero; el caso de Juan José Gómez Centurión; el envío de información de inteligencia a la diputada Paula Oliveto; la denominada Operación Fantino-CFK; e incluso una hipótesis planteada por D’Alessio en su declaración indagatoria.

El juez les informó todo esto al fiscal Juan Pablo Curi, a las querellas y a los pretensos querellantes para que analicen si tienen más elementos para sumar.

Ramos Padilla detalló que investiga “una organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros”. Esto es clave para la cuestión de la competencia, ya que esta investigación, nacida de un caso de extorsión, mutó a esta megacausa sobre operaciones de espionaje en muchos lugares que hacen que sea imposible determinar a qué jurisdicción le tocaría intervenir. Una opción que anhelan muchos de los involucrados es balcanizar la causa, dividirla y enviarla a distintos juzgados. Pero la propia Cámara Federal de Mar del Plata sostuvo que eso no conviene, “so riesgo de atomizar el presente proceso penal, lo que haría perder la eficacia a la investigación que aquí se lleva adelante o –cuanto menos– conspiraría contra su buen desarrollo”. Ante esta situación, lo que establece la ley es que sigua al frente el juez que más tiempo lleva en el caso, que no es otro que Ramos Padilla.

Ramos Padilla describe a el funcionamiento de esta organización como “pseudo mafioso”, dedicada al “espionaje”, donde sus miembros tienen “una estrecha vinculación con integrantes expuestos y ocultos del poder del Estado, sus contactos fluidos y clandestinos con los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad -incluso en el Servicio Penitenciario”.

En el punto C de su resolución, el juez detalla el modus operandi de esta banda, que incluye la realización de tareas de inteligencia ilegal, espionaje político, operaciones para influir tanto en la vida personal como en la coyuntura política, la utilización de los medios de comunicación alineados a estas operaciones, escuchas y acceso a datos sensibles de forma ilegal y extorsión, entre otras tácticas.

En su descripción, el juez detalló las relaciones de esta banda y el rol de los medios: “Para concretar sus fines delictivos la organización tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los tres poderes del Estado; también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa que fueron claves para el éxito de sus operaciones

Capítulo Medios

En su última resolución, el juez Ramos Padilla dedica un apartado completo al rol de los medios de comunicación en este entramado de operaciones ilegales e incluso los menciona en otros tramos de la misma resolución.

Lo que describe es la rueda mágica alimentada por la santa trinidad de medios-jueces-servicios de inteligencia para las operaciones jurídico-mediáticas. En las palabras del juez: “Este mecanismo produce una legitimación autorreferencial, al hacer que la causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa legitima, al mismo tiempo, la causa judicial, y produce, paradójicamente, el propio desgaste de las estructuras democráticas que dichas instituciones protegen”. Y advierte que la ley de inteligencia castiga las actividades de espionaje que tienen por objetivo afectar la opinión pública. Ramos Padilla aclara que es posible que tanto periodistas como jueces relacionados con D’Alessio no supieran sus verdaderas intenciones, pero señala que hay otros que, con el cúmulo de de operaciones en las que están involucrados, es necesario investigarlos. El caso del operador con patente de periodista Daniel Santoro es un ejemplo. Por eso ya lo citó a indagatoria par el próximo martes 25 a las 11 horas.

"La causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa legitima, al mismo tiempo, la causa judicial"

El rol de los medios es clave. De ahí tanto el trabajo de Santoro como de las empresas donde trabaja, el Grupo Clarín, y trabajaba, como el programa Animales Sueltos. Dice Ramos Padilla: “En el marco de la estrategia aludida se habría recurrido también a la difusión de información falaz o direccionada en algún medio de comunicación. En casos donde la víctima se resistía a la extorsión, un medio periodístico replicaba la noticia del hecho que desataba los temores, por ejemplo, confirmando la posibilidad o la inminencia de la pérdida de la libertad. Se provocaba así un estado de desesperación destinado a quebrar por completo su voluntad”.

En algunas ocasiones, determinados medios y comunicadores -con o sin conocimiento de ello-replicaron o dieron lugar a que se difundiera en sus espacios información obtenida de manera ilegal -en muchas ocasiones falsa o direccionada a provocar un efecto en la vida de una persona”, aclaró el juez. Pero obviamente no es el caso de muchos de los involucrado.

El complemento de las actividades de inteligencia ilegal era lo que Ramos Padilla titula como la “introducción de información obtenida ilegalmente”, para la cual “se constata la intervención esencial de personas con roles importantes en distintas áreas del Estado y comunicadores de medios de prensa de amplio alcance”. Es decir, funcionarios y periodistas.