Lo primero fue comenzar por cuestionar el número de desaparecidos. Al principio se trató de algún funcionario aislado que parecía desbocarse o hablar "a título personal". Después fue con más fuerza, si hasta el propio presidente dijo que no era una cuestión de números.
A los negacionistas se sumaron los que reflotaron la “teoría de los dos demonios”. Hasta se agregaron a la cruzada algunos familiares de desaparecidos de renombre en la política argentina. Más tarde intentaron esmerilar y deslegitimar los juicios de lesa humanidad a los ojos de la sociedad.
Al poco tiempo vino el fallo Fontevecchia, donde la Corte Suprema de la Nación sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. La posición mayoritaria fue conformada por el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y el voto propio del juez Horacio Rosatti.
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Después llegó el fallo Alespeiti, donde la Corte revocó otro de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un teniente coronel del Ejército, estableciendo condiciones para que cualquier genocida aspire próximamente a la libertad. Lo hizo con los votos a favor de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Casación había revocado el arresto domiciliario de Alespeiti sobre la base de considerar el riesgo de fuga y el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena. ¿Y por qué está condenado Alespeiti? Nada más ni nada menos que por 107 secuestros y desapariciones, entre los que se cuentan las del escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.
De allí a otorgarle la domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la desaparición de Julio López hace nada más que diez años, había un paso, y lo dieron.
Días atrás apareció en escena la Iglesia para volver a poner en la palestra la idea de la reconciliación con los genocidas y actuando en consecuencia: realizó encuentros por el "diálogo" que también incluían a familiares de represores.
¿Qué faltaba para que llegara este fallo? Nada: que los nuevos jueces devuelvan el favor recibido en el nombramiento y que Highton de Nolasco viera peligrar su eterno sillón.
¿Quién es Muiña? Un civil que integró el llamado grupo Swat que, armado hasta los dientes, recorría los pasillos del Hospital Posadas. Está condenado por secuestro, tortura y desaparición de trabajadores del hospital en El Chalet, centro clandestino montado a tal fin dentro del Posadas.
Así se llegó al día de hoy, en que todos los genocidas quedaron a las puertas de la libertad. Como una ironía extra de la impunidad, es probable que los primeros genocidas en obtenerla sean los que no tienen penas muy elevadas, como se da en casos de apropiación de bebés. Terrible, ¿no? Al día de hoy no conocemos el destino de cientos de niños apropiados en dictadura, pero los genocidas ya pueden ir pensando en reducir sus condenas.
Lorenzetti no votó a favor esta vez, pero la Corte que preside hace años viene sentando las bases para este fallo al dilatar eternamente las causas. Esa demora es la base para este fallo de impunidad.
Este Gobierno no puede indultar directamente a los genocidas, pero crea las condiciones para un punto final de hecho. Los jueces, que pertenecen a una casta vitalicia que el pueblo no votó, acompañan.
Paso a paso, la impunidad se va construyendo. Todos los que peleamos desde hace décadas por juicio y castigo, por cárcel común a todos los genocidas, civiles y militares, hemos transitado un largo camino para impedir que la impunidad se consolide, y eso es algo que no podrán borrar tan fácilmente. Por la memoria de los 30.000, por el futuro. Cuando se cumplieron 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de mayo, el camino y la lucha siguen. Sin dudas, y con la contundencia y la fuerza necesaria para revertir este fallo: una suerte de nuevo indulto a los genocidas.
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