El juez Juan María Ramos Padilla presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura en el que dijo que tomó “conocimiento de la existencia de ‘nuevas escuchas’” a presos K “que al igual que las anteriores provendrían también del penal de Ezeiza”. Se trata de audios que llegaron al órgano que selecciona y sanciona jueces en el marco del expediente que el Gobierno impulsa contra Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal de Dolores. Su padre y abogado explicó que no van a retirarlas. En ese marco, los Ramos Padilla exigieron que se dicten “medidas de custodia y seguridad” para que los audios “no aparezcan en los medios comunicación generando daño a terceros de manera innecesaria o, tal como lo prohíbe la ley de inteligencia, para influir en la opinión pública en el medio de un proceso electoral”.

Ramos Padilla (p) afirmó en su escrito dirigido al presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado PRO Pablo Tonelli, que las escuchas en el penal de Ezeiza son “una suerte de excursión de pesca sobre ‘ex funcionarios’, que pretenden ser incorporadas a través de las maniobras ilícitas que ya he denunciado, con la participación activa de los servicios de inteligencia”.

Acto seguido, indicó que el juez de Dolores rechazó retirar del consejo esas escuchas, que podrían servirle como elemento de defensa en las denuncias que el oficialismo impulsa en su contra, porque “pretender que un Juez de la Nación analice estas ilegalidades es admitir que denunciantes, jueces y eventualmente los Sres. Consejeros puedan incursionar con ‘escuchas’ de esta naturaleza y utilizarlas con propósitos contrarios a los que permite la ley y la Constitución Nacional”.

En pos de responsabilizar al consejo en caso de que se filtren a los medios de comunicación, se solicitó que “se identifique a todas las personas que pudieren tener acceso a las mismas, en especial a aquellos de la vocalía del consejero instructor Dr. Pablo Tonelli, para lo cual se reclama un pronunciamiento expreso del Plenario acerca del modo en que habrá de resguardar estas ‘escuchas’ evitando mayores daños a los ya causados”. Es que al inicio de la Operación Puf, las escuchas ilegales a los exfuncionarios detenidos en el penal de Ezeiza se difundieron en el prime time de la televisión.

En la misma línea, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 señaló que los audios de las conversaciones de los detenidos son “pruebas manifiestamente ilegales, que nada prueban, tomadas sobre personas en estado de vulnerabilidad, en el marco de una causa en la que no se los investigaba, que nunca fueron transcriptas por orden de un juez, que se mandaron a destruir y que, luego, aparecieron mediante ‘anónimos’ que presentaron en la justicia los investigados en la causa de Dolores, a través de maniobras contrarias a la ley”.

Las escuchas con las que se estructuró la causa conocida como Operación Puf llegaron a manos del fiscal federal Carlos Stornelli y la diputada Elisa Carrió, quienes las presentaron en los tribunales de Comodoro Py el 8 de febrero, unas horas después de que el periodista Horacio Verbitsky difundiera desde El Cohete a la Luna la primera nota sobre el D’Alessiogate.

Según la reconstrucción que hizo El Destape, el titular del juzgado federal 11 tomó esos audios de forma controvertida - en febrero pasado - de otra causa que instruía el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en la que investigaba al llamado “rey de la efedrina” Mario Segovia, detenido en Ezeiza. El expediente contra Segovia se abrió en 2016 por el hallazgo “de una encomienda que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos”  en el aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, Paraguay. El “paquete” tenía por destino la Argentina. De esa causa se tomó Bonadio para nutrir Operación Puf.

El doctor Glock -Verbitsky dixit- posee al menos 6 meses de escuchas de exfuncionarios kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza, ya que fue habilitado a requerir el contenido de los audios a los presos desde el 21 de septiembre de 2018. Esto implica más de 100 cds con grabaciones de conversaciones de detenidos con el exterior. Para tener una dimensión del volumen: la transcripción de solo 39 de ellos se volcó en 1870 fojas.

Ante la noticia de las “nuevas escuchas”, Ramos Padilla (p) insistió en que las van a retirar, “haciendo un aporte para evitar mayores daños a personas privadas de su libertad que han sido objeto de esta difusión en los medios públicos; máxime cuando las primeras que me otorgaron y que nada prueban, fueron filtradas a los medios de comunicación y utilizadas para realizar burdas operaciones de prensa”.

Al recordar la difusión de las primeras escuchas, el presidente del TOC 29 consideró que “el Consejo debió haber adoptado las precauciones mínimas del caso para evitar que se generaran estas afectaciones indebidas a los derechos constitucionales y a los procesos judiciales”. Ahora reclamó que “debe actuar del modo señalado recientemente por la Corte Suprema de la Nación, la que en clara referencia a lo aquí ocurrido –me refiero a la utilización de estas escuchas por Bonadío, Carrió y Stornelli-, desautorizó a aquellos magistrados y señaló que la utilización e incorporación por vías ilegales de esas escuchas judiciales merecen el mayor repudio social”.

En la misma línea, destacó que “se ha comprobado que alrededor de estas escuchas producto de maniobras ilícitas existe un desacertado tratamiento y (des)manejo que responde a intereses espurios”.