Mala praxis: la familia de Janna quiere impedir que se cierre la investigación por la muerte de su hija

Janna, de tan sólo tres meses, falleció en abril de 2018 como consecuencia de “un shock séptico a punto de partida enteral, en paciente prematura con antecedentes de ductus enfermedad operando y cirugía abdominal”, en el hospital Garraham tras "diez horas de agonía". El fiscal de la causa pidió sobreseer a la médica imputada y cerrar la investigación, pero el 19 de diciembre la querella solicitó dar marcha atrás con ello y avanzar con la denuncia penal por homicidio culposo, al tener pruebas suficientes que dejan en evidencia la mala praxis de los doctores del área de cirugía, lo que llevó a la muerte de la menor.

Noelia Bonetto, abogada de la familia, aseguró a El Destape que "la mala praxis viene del servicio de cirugía" porque hubo un "retraso en la intervención quirúrgica, hecha el 26 de marzo con un cuadro clínico que la requería 19 de febrero". No sólo eso, sino que debieron haberle realizado dos estudios que no se hicieron, al tiempo que se evidenció una falta de seguimiento y control sobre la internación de la menor, lo que impidió hacer una historia clínica correcta para la investigación judicial.

Pese a ello, el fiscal Lucio Eduardo Herrera pidió que la doctora Carla Martínez, imputada, sea sobreseída y posteriormente que se cierre la investigación. La letrada aseguró que el funcionario judicial sólo se basó en los dichos de la madre de la beba, Ludmila, que no sólo no tiene conocimientos de medicina sino que atravesó por una situación traumática que le impidió prestar atención a ciertos detalles técnicos.

El 14 de abril de 2018, según consta en el pedido de sobreseimiento de la doctora Martínez, Ludmila aseguró que llamó varias veces a la médica de guardia, sin éxito, para que atendiera a su hija. "Por su instinto de madre", sostuvo el fiscal, la mujer pudo ver que la nena "no se encontraba para nada bien, incluso tenía uno de los pies color morado".

En base a pericias realizadas a pedido de Herrera, se concluyó que "la actividad efectuada por el equipo médico resultó ser correcta de acuerdo a las prácticas médicas esperables para el caso". Además, sostuvo que "tomando en consideración la historia clínica y la evolución de la paciente, es posible corroborar o no la versión de su madre en cuanto a la falta de atención médica denunciada que desencadenara la muerte".

El Cuerpo Médico Forense concluyó, en un breve informe, que los tratamientos que recibió la beba "resultaron adecuados y acordes a la diferente signo-sintomatología que fuera manifestando en el transcurso de su internación".

La querella se contactó con un médico legislta que realizó un informe reservado en el que se evidenciaron muchos errores: además de letra ilegible, se advirtió una falta de seguimiento y control, ya que la única constancia de intervención fue la de un parte quirúrgico del 26 de marzo, pero no aparecían respuestas a las consultas hechas a cirugías. "¿Cómo pudieron decir que los médicos hicieron bien las cosas si no estaba en la historia clínica?", se preguntó la abogada en diálogo con este medio.

Bonetto aseguró que el fiscal realizó una investigación sesgada en base a la declaración de la madre de la víctima, sin conocimientos médicos y posterior a un hecho traumático. En esa pesquisa, Herrera resolvió: "Llegado el momento de expedirme en el marco de las presentes actuaciones, entiendo que no se pudo acreditar que las causales del fallecimiento de la niña Janna se hayan debido a un accionar médico negligente" y que "no pudo acreditarse que las maniobras practicadas por la doctora Carla Martínez y su equipo médico hayan sido realizadas" por fuera de la praxis correspondiente a estos casos. Así, solicitó el sobreseimiento y el cierre de la investigación ya que "no se percibe la perspectiva de nuevas pruebas", por lo que el juicio corría riesgo de "tornarse casi imposible".

Informe médico

Ante esta situación, Bonetto se presentó como querellante en la causa, se opusieron al cierre de la misma y al sobreseimiento de la médica y, en estos momentos, aguardan la respuesta del fiscal. Al hacerlo, consultaron con un médico legislta para que analice el caso y definiera si hubo o no mala praxis. La respuesta fue afirmativa.

Según pudo reconstruir El Destape, en el análisis confidencial se planteó que hubo una falla en el accionar médico, como la falta de seguimiento y control de parte del Servicio de Cirugía ya que sólo se encontró una constancia de intervención correspondiente al parte quirúrgico del 26 de marzo de 2018 y no se constataron respuestas a varios de los pedidos que se le hicieron al área.

También se detectaron retrasos en la insuficiencia cardíaca de Cirugía, ya que presentó síntomas el 14 de febrero y, sin presentar mejoría, la primera evaluación fue recién 12 días más tarde, además de la realización de estudios inadecuados y el retraso en exámenes complementarios de hasta dos semanas.

La intervención quirúrgica, en tanto, se demoró más de un mes. La Laparotomía exploradora - para un análisis de órganos abdominales - debía haberse realizado el 23 de febrero pero recién se hizo el 26 de marzo, por razones que no se conocen.

Lejos de lo manifestado por el Cuerpo Médico Forense y por el fiscal, el médico legista también encontró pruebas de abandono de la paciente de tres meses en base a la falta de atención, denunciada por la madre de la beba, por parte de la médica a cargo de la Guardia de Neonatología.

Por todo ésto, se concluyó que de haberse intervenido quirúrgicamente como corresponde y en forma oportuna, las chances de sobrevida de la beba hubieran sido más elevadas.

Ante este panorama, la querella rechazó el cierre de la causa, el sobreseimiento de la médica y avanzó con la denuncia penal por homicidio culposo con el pedido de que se amplíe la imputación a todo el servicio de cirugía (ya que la menor comenzó a desmejorar después de una intervención), así como el apartamiento del fiscal ya que, al haberse expedido en el caso, carga con prejuicios sobre su razonamiento.

Por otro lado, según pudo saber El Destape, el médico legista elaborará un informe público - además del confidencial - para poder iniciar acciones en el fuero civil, por responsabilidad profesional, con altas posibilidades de obtener un fallo favorable.