La intervención en Correo Argentino suma un nuevo capítulo. Como informó El Destape, la jueza Marta Cirulli dispuso la intervención de la empresa de la familia Macri tarde, a medias y a dedo. Tarde, porque la fiscala Gabriela Boquín la pide desde 2017; a medias, porque nombró un coadministrador y mantuvo a los síndicos y administradores imputados por el vaciamiento; y a dedo, porque la designación no se hizo por sorteo sino que Cirulli, también imputada por el vaciamiento, eligió directamente al abogado de la city Carlos Ángel María Ferrario. Ahora, los Macri presentaron un escrito donde critican la intervención de su empresa pero aceptan a Ferrario, del que se animan incluso a vaticinar sus conclusiones.

El escrito lo presentaron Jaime Cibilis Robirosa, presidente de Correo Argentino, patrocinado por su tocayo Jaime Kleidermacher, abogado de los Macri en esta causa. Tanto Robirosa como Kleidermacher están imputados y fueron indagados en la causa penal por el vaciamiento de Correo Argentino que instruye el juez Ariel Lijo en Comodoro Py.

El escrito critica al inicio la resolución de la jueza Cirulli, también imputada penalmente por el vaciamiento pese a lo cuál se niega a excusarse y continúa su intervención en esta causa. La jueza Cirulli dictó la intervención tarde, a medias y a dedo de Correo Argentino con el argumento de que los Macri ocultaron información. Para los Macri, “las argumentaciones que nutren la resolución en crisis parten de una serie de bases erróneas”. Aseguran que sufren “una intervención no merecida frente a un ‘pasivo’ no concursal no exigible que es solventado por sus accionistas y que es informado todos los meses a la sindicatura controlante”. La cuestión es justamente esa: las deudas que Correo acumuló en estos años no fueron informadas y la sindicatura controlante la maneja Julio César Rivera, abogado histórico de los Macri que también está imputado en el vaciamiento pero que el presidente no se privó de nombrar como conjuez de la Corte Suprema.

Esto no quiere decir, como ya se dijo, que la concursada no colabore con VS y acepte la designación de co-administrador que cumplirá con sus funcione y que seguramente ratificará lo expuesto”, aclaran los Macri, con lo que aceptan al interventor e incluso aventuran el resultado de sus informes. En sus conclusiones, insisten en “que una vez que el co-administrador verifique y demuestre el correcto proceder de Correo Argentino SA y sus administradores, pueda cesar en sus funciones”.

La jueza Cirulli nombró como coadministrador a Ferrario. Como informó El Destape, lo hizo de forma irregular, sin realizar el sorteo legal que establece la resolución 528 del 2005, donde el Consejo de la Magistratura estableció que “en los casos en que corresponda la intervención de un profesional, los Tribunales nacionales y federales de todos los Fueros con sede en la Capital Federal deberán designarlo por sorteo entre los integrantes de las listas auxiliares de la Justicia remitidas por las entidades profesionales”. La jueza Cirulli tomó su nombre del listado entregado por el Colegio Público de Abogados, pero informó que no hizo ningún sorteo.

Los Macri dicen que el coadministrador Ferrario es innecesario, que su tareas se superpondrán con las del síndico que, tal como publicó este medio, no es otro que el abogado de confianza de los Macri. En este último documento, los Macri destacan que siempre colaboraron con la sindicatura, como si no tuvieran uno y el mismo interés.

 

 

El documento, al que accedió El Destape, tiene un párrafo curioso. Tras insistir, como siempre, en que el Estado despojó a Correo Argentino de sus bienes cuando le quitó la concesión, afirman: “Llamativamente ni los síndicos, ni los medios ni la fiscalía ni ningún órgano jurisdiccional ha señalado en todo este tiempo nada al respecto guardando silencio y afectando sensiblemente lo derechos de la concursada. Nadie colabora en la recuperación de la empresa”. Hay que separar los tantos. No hay motivos por lo que los medios deberían (o deberíamos) colaborar en la recuperación de la empresa, aunque hay que mencionar el aporte que hizo la prensa dominante con su silencio del caso Correo Argentino o, como mucho, con notas de periodismo lavandina. Los síndicos y jueces de esta causa han sido parte de su letargo y están imputados penalmente por el vaciamiento, a excepción (por ahora) de las camaristas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini. Todos han colaborado y bastante. Respecto a la fiscalía, los Macri desforman otra vez su función, que es la de proteger el Estado y no a su empresa. De tanto mezclar fiscales con los intereses de Macri tal vez se les olvidó esa diferencia.