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“La utilización de la UIF para la persecución de adversarios políticos por parte del macrismo fue y es evidente”, afirma a El Destape un exempleado de aquel organismo, que pide reserva de identidad por temor a represalias. 

La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo encargado de investigar el lavado de activos, es decir, el traspaso de dinero mal habido al circuito legal. ¿Y qué hizo el presidente Mauricio Macri con esta institución clave, que tiene una base de datos envidiable y articula información sumamente sensible de la AFIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, Migraciones, bancos y otros sujetos obligados? La convirtió en un instrumento de persecución, por un lado. Y flexibilizó controles del lavado de activos en temas puntuales que podrían beneficiar a sus amigos. O al propio jefe de Estado. 

El lavado se nutre siempre de un delito precedente ya que se “lava” plata que está “sucia”. El dinero en cuestión puede provenir del narcotráfico, del terrorismo, de la trata de personas, la corrupción y también de la evasión impositiva. Pero según pudo reconstruir este medio, la nueva gestión de la UIF, con Mariano Federici a  la cabeza, suspicazmente, soslayó este último delito, que es una de las principales fuentes de lavado. Casualmente, Macri, que impulsó uno de los blanqueos más grandes de la historia argentina, y muchos de sus empresarios amigos están o estuvieron sospechados de evadir impuestos. El caso paradigmático es el de los Panamá Papers. 

La utilización de la UIF para la perseguir opositores ya había sido insinuada, por ejemplo, en 2017 cuando el fiscal Federico Delgado elevó un informe a la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En aquel documento, el fiscal destacó demoras en la entrega de información solicitada a la UIF así como diferencias de profundidad en los informes realizados por este organismo cuando se trataba de exfuncionarios y dirigentes K (los análisis eran extensos) o de funcionarios macristas (los informes eran pobres). Delgado tuvo en sus manos, entre distintas causas, la de los mentados Panamá Papers. 

Algo similar sucedió con lo que refiere a la flexibilización de los controles del lavado de activos. El entonces titular de la Procelac, Gabriel Perez Barberá, había advertido en una entrevista con una revista académica, también en 2017: “La Unidad de Información Financiera y, en parte, la AFIP están promoviendo una serie de flexibilizaciones en los controles del sector financiero que pueden terminar transformando a la Argentina en una plaza atractiva para lavadores de activos”.  Y había añadido: “La UIF muestra una actitud contraria a compartir información necesaria para la investigación de los delitos de lavado de dinero”.
  
El Destape pudo comprobar con testimonios de empleados del organismo y evidencias cómo Macri hizo de la UIF un órgano de persecución y cómo se flexibilizaron determinados controles.

La inmensa mayoría de las fuentes consultadas para esta nota pidió reserva de su identidad. Es que la ley que aborda el funcionamiento de la UIF, la 25.246, en su artículo 22, reprime a empleados la difusión de investigaciones. Los obliga a guardar secreto. Si no lo hacen, los podría sancionar con la pena de prisión de 6 meses a 3 años.

Uno de los pocos consultados que aceptó brindar su nombre fue Nicolás Gómez, un exanalista de la UIF, quien trabajó en el organismo entre 2012 y 2016. Los analistas son una especie de detectives: cruzan datos y analizan las operaciones sospechosa (ROS) que los sujetos obligados (bancos, AFIP; contadores, BCRA, CNV, etc.) informan a la UIF. Hacen la investigación del expediente. Solicitan nuevos datos a las instituciones que consideren necesarias y llegan a conclusiones. Luego elevan el caso a la dirección de jurídicos y esta lo judicializa vía el Ministerio Público Fiscal.

En diálogo con El Destape, Gómez se refirió “al direccionamiento que tuvo la UIF en los últimos años respecto de sus investigaciones”. “Basta simplemente con revisar las tapas de los diarios y vamos a encontrar que las causas más importantes donde intervino la UIF tienen que ver con funcionarios del anterior gobierno. Muy pocas fueron las causas iniciadas durante esta última gestión”, explicó. “Y la mayoría del resto de las causas que no están relacionadas con exfuncionarios fueron causas iniciadas por la anterior gestión”.

La persecución

La UIF centró sus principales investigaciones en dirigentes opositores. Y puso a sus distintas direcciones al servicio de la persecución.

Un exempleado relató las directivas que les daba el director de Litigios Penales (exAsuntos Jurídicos), Agustín Biancardi. Y cómo se articulaba el trabajo del organismo con la información que circulaba en los medios de comunicación oficialistas.

“Biancardi, nos bajaba linea todas las mañanas. Nos pedía que busquemos -así de literal- noticias en los diarios y portales como Infobae y Clarín en las que apareciera alguna cuestión relacionada con funcionarios de la gestión K y averigüemos sobre ellos. Nos pedían que investiguemos en la causa y como organismo nos metíamos a querellar por lavado, haya o no interés, solo para sumar causas por lavado de dinero en que la UIF era parte querellante contra exfuncionarios”.

A Biancardi se lo puede observar junto al titular de la UIF, Mariano Federici, en el inicio del juicio de la Obra Pública contra la expresidenta Cristina Kirchner, por ejemplo. Se trata del juicio emblema, con el que el Gobierno buscó sentar a CFK en el banquillo de los acusados en un año electoral y sin pruebas.

El de la Obra Pública es un juicio polémico al que se llegó prácticamente sin peritar las obras que se cuestionaban. Solo se habían analizado 5 obras de 51 (y esos 5 peritajes están muy cuestionados). Esta cuestión -y otros planteos de las defensas- llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Quien también quedó bajó la mira de la UIF fue Florencia Kirchner, a quien se investiga en causas como Hotesur y Los Sauces, donde también es querellante la Unidad de Información Financiera es querellante. Allí se apunta contra Cristina Kirchner y su familia por lavado de activos de dinero. 

Otro ejemplo del direccionamiento de las investigaciones dentro de la UIF es el de Milagro Sala.

“En el caso de Milagro Sala, a una analista le indicaron que analizara unos reportes vinculados con la referente social y su entorno. Esos expedientes, por su nivel de riesgo, no deberían haber sido analizados. Lo cierto es que la dirigente social no tenía ninguna actuación a su nombre que estuviera siendo analizada en ese momento, hasta que por decisión de la nueva gestión se procedió a analizar unos ROS que eran de color ‘Verde’, es decir, que no correspondía analizarlos en función a su riesgo, el cual era bajo o nulo”, indicó un analista.

La UIF recibe miles de reportes y una matriz de riesgo las distribuye según su consistencia (atada a distintas variables). Solo se investigan los casos que se agrupan con el color “Rojo”.

La descripción que relata el analista a El Destape aconteció en 2016, cuando Federici quedó al frente de la UIF. ¿Y qué pasó ese mismo año? Se realizaron dos allanamientos en la sede de la Tupac Amaru. Un año después, en 2017, se abrió una causa por lavado contra Milagro Sala. Ese año se volvió hacer un nuevo procedimiento en el establecimiento de la organización. Hoy esa causa, que tramita en los juzgados de Jujuy, está abierta pero estancada. Entonces provocó mucho ruido mediático.  

Un capítulo internacional

La “cacería” tuvo su capítulo internacional. ¿De qué se trata? De un caso que evidencia la vinculación entre La Casa Rosada, la UIF y el gobierno de los Estados Unidos, impulsor del lawfare en la Argentina.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso El Destape, la unidad que dirige Federici emitió una comunicación a todos los Sujetos Obligados (SO) para perseguir a dirigentes y funcionarios venezolanos. Los SO son organismos obligados a informarle a la UIF si observan movimientos de dinero “sospechosos”.

En el documento, fechado el 4 de agosto de 2017, la UIF emite un alerta para informar la decisión que tomó  la Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “de sancionar y congelar las cuentas y bienes de una lista de catorce (14) personas de nacionalidad venezolana por los atentados al orden constitucional y a la vida democrática que se registran en Venezuela, las continuas violaciones a los derechos humanos, así como por los actos de corrupción pública que tienen lugar en el mencionado país”. 

La decisión adoptada por la OFAC estaba enmarcada “en lo resuelto por la Orden Ejecutiva N.º 13.692 del año 2015, dictada por el entonces presidente de los Estados Unidos de América”.

En base a eso, se requirió que los SO corroboren “la existencia de cualquier tipo de operatoria en la que puedan haber intervenido de forma directa y/o indirecta las personas individualizadas”, que fueron mencionadas en un anexo. Quien encabeza la nómina es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Le siguen, por citar dos ejemplos, Rocco Albisinni Serrano, “Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela (CENCOEX)” y Alejandro Fleming Cabrera, “Vice Ministro para Europa y Norte América de la Cancillería Venezolana”. No había motivo legal en la Argentina para tomar una medida de esta envergadura.

Zona liberada

“El claro ejemplo de la utilización del departamento de querella para perseguir opositores es cuando se dejan de seguir las querellas iniciadas por la gestión anterior de Evasión impositiva y fuga de capitales que involucra a grandes bancos y poderosos como JPMorgán, Banco Paribás, HSBC y no participa en el caso de los Panamá Papers, el caso más brutal de lavado”, explica un exempleado de la UIF.

Es que el Gobierno de Macri flexibilizó muchos los controles relativos a lavado.

Algunos ejemplos de los cambios de las reglas de juego, que pudieron haber beneficiado a amigos del Presidente, se desprenden de las siguientes resoluciones:

• Resolución UIF N.º 92/2016- Sinceramiento Fiscal.
Por esta resolución, los sujetos obligados que realizan el primer control de lavado y generan reportes por “inusualidades” no generarán los mismos correspondientes a los blanqueos al eliminar como operación inusual la evasión impositiva. 

“En los blanqueos anteriores si bien la AFIP quedaba exenta de investigar a aquellos que blanqueaban nunca se exceptuó a la UIF”, explica a este medio una fuente del organismo.

“De hecho, los bancos tuvieron la obligación de reportar a todos los que blanquearon. Si bien la acción penal por evasión fiscal está exceptuada, sí se debía reportar aquellos casos en que el perfil económico declarado no le permitiría justificar el blanqueo, por lo cual el lavado no era producto de evasión sino alguna otra operatoria ilícita”, añade el especialista.

• Resolución UIF N.º 30-E/2017- Nuevos lineamientos para las Entidades Financieras en materia de gestión de riesgo
Esta resolución permite a las entidades financieras disminuir el control sobre las operaciones de sus clientes.

• Resolución UIF N°97/2018- Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF
Se deja de hablar de la obligación del BCRA de reportar como ente regulador. “El BCRA casi no esta realizando Reportes de Operaciones Sospechosas ante la UIF”, aseguran a El Destape.

• Resolución UIF N°155/2018- Se aprueba la Reglamentación del deber de Colaboración de la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para los Procedimientos de Supervisión de los Sujetos Obligados bajo su Contralor.
Por esta normativa, se delega una función básica de la UIF que es la supervisión de sujetos obligados. “Esto fue política de la gestión desde su inicio, en febrero de 2016. No hay intención de supervisar”, señalan desde la UIF.

Esto quedó en evidencia apenas asumió Federici: echó a casi el 80% del personal del área de Supervisión, es decir, a quiene tienen que controlar a los Sujetos Obligados, para que cumplan la ley. Se trata de algo elemental: sin control no hay sanción.

Incompatibilidades

Desde que asumieron al frente de la UIF, tanto Mariano Federici, presidente del organismo, como María Eugenia Talerico, su vice, fueron cuestionados por tener un claro conflicto de interés.

Federici fue asesor del Fondo Monetario Internacional (¿volverá al FMI tras la partida de Macri?) y está vinculado al abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores. Este estudio tuvo como clientes a Clarín y el JP Morgan.

El titular de la UIF, por ejemplo, fue consejero externo de la Fundación FININT (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera), presidida justamente por Marteau.

Respecto a Talerico, un analista recordó un episodio puntual, que aconteció en 2016. “La UIF empezó a mirar para un lado y dejó de mirar para otro. Uno de los casos paradigmáticos es el de las 4040 cuentas del banco HSBC, que por ese momento estaba en la tapa e todos los diarios. Eso estaba siendo analizado en la UIF pero resultado de diversos recortes, el analista que llevaba esta investigación fue dejado del lado por el organismo. Esto resulta llamativo por la vinculación entre la vicepresidente de la UIF y el HSBC”.

Es que Talerico antes de ser la Número 2 de la UIF se desempeñó como abogada defensora del HSBC en investigaciones contra el banco por lavado. Reconoció, por ejemplo, ser defensora del oficial de cumplimiento de la entidad, Gustavo Peccora. 

Talerico también está vinculada a Será Justicia, organización de abogados de perfil filomacrista 

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el CEPA, entre otros, habían impugnado ambas postulaciones. Sostuvieron que con sus nombramientos, la UIF pasaría a ser manejada por un equipo de personas que hasta entonces se había desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos. 

 En criollo: Macri estaba poniendo zorros a cuidar el gallinero.