La oposición brasileña, reforzada por algunos legisladores de la base oficialista, exigió este jueves la renuncia del presidente brasileño, Michel Temer, objeto de una grave denuncia que sugiere que intentó obstaculizar la acción de la justicia.
"Frente a la gravedad del escenario y con la responsabilidad de no dejar que Brasil se sumerja en lo imponderable, sólo nos resta la renuncia del presidente Michel Temer", dijo en las redes sociales el senador Ronaldo Caiado, del partido Demócratas (DEM), que integra la coalición de Gobierno.
Esa posición fue respaldada por el jefe del grupo del Partido Popular Socialista (PPS) en la Cámara de Diputados, Arnaldo Jordy, quien afirmó de forma rotunda que el Gobierno de Temer "acabó".
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Según Jordy, Temer "debe pactar una salida institucional" que incluya "anticipar el proceso electoral" previsto para octubre del año próximo, a fin de "devolver a las urnas la decisión" sobre el futuro del país.
El Banco Central brasileño informó hoy de que está atento a las repercusiones que pueda tener en los mercados el escándalo, que vigila el comportamiento de los mercados y que actuará en caso de que sea necesario para mantener su pleno funcionamiento.
Anoche se divulgó que Temer habría sido grabado por un empresario que colabora en investigaciones sobre corrupción cuando avalaba sobornar a un exdiputado preso a cambio de su silencio.
El objeto del supuesto soborno sería Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara Baja y promotor del juicio político que condujo el año pasado a la destitución de Dilma Rousseff y que llevó a Temer al poder.
El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, también sostuvo que la situación de Temer es "gravísima" y exigió su renuncia.
"Primero, exigimos la renuncia inmediata del presidente Temer", y luego "pedimos que se apruebe una enmienda constitucional que nos permita convocar unas elecciones directas ya", declaró el diputado Carlos Zarattini, jefe del grupo del PT en la Cámara baja.
Hasta ahora, Temer sólo se pronunció en un comunicado oficial, en el que admitió que mantuvo una reunión en marzo pasado con el empresario Joesley Batista, uno de los dueños del gigante cárnico JBS y quien entregó a la Justicia la supuesta grabación.
Sin embargo, la nota afirma que "jamás solicitó pagos para obtener el silencio del ex diputado Eduardo Cunha" y que "no participó y no autorizó cualquier movimiento con el objetivo de evitar una delación o colaboración con la Justicia por parte del ex diputado".
La denuncia pudiera llevar a la Corte Suprema a iniciar una investigación sobre la responsabilidad de Temer, quien como jefe de Estado en ejercicio sólo puede ser objeto de un proceso judicial por asuntos ocurridos después del inicio de su mandato.
En este caso, los hechos ocurrieron el pasado abril, cuando Temer llevaba casi un año en el cargo, por lo que la apertura de una investigación es considerada inevitable, lo cual dejaría el presidente literalmente contra las cuerdas.
El cargo de Temer también está amenazado por un proceso que se tramita en la justicia electoral, que intenta determinar si la campaña de la fórmula que integró junto a Rousseff para las elecciones de 2014 fue financiada con dinero originado en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
Si por algunas de esas circunstancias Temer fuera desalojado del Poder, la Constitución brasileña prevé que el Congreso designe en una elección indirecta a su sucesor, quien gobernaría entonces hasta el 1 de enero de 2019, cuando asumiría el ganador de los comicios del año próximo.
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