La Justicia bonaerense investigará el permiso que brindó Pilar para la instalación de dos termoeléctricas altamente contaminantes en medio de una zona residencial. Si bien el máximo tribunal bonaerense no se declaró competente ante el planteo del vecino partido de Escobar, envió el expediente a un juzgado de primera instancia.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires remitió a los juzgados en lo Contencioso Administrativo de San Isidro la causa. El municipio de Ariel Sujarchuk demandó al de Nicolás Ducoté por no haberlo consultado antes de habilitar plantas que perjudicarán a ambas localidades.
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Como mostró El Destape, las dos centrales se emplazaron en plena ciudad de Santa Rosa, a escasos metros del partido lindante. El intendente y el Consejo Deliberante de Pilar rezonificaron el lugar de residencial a industrial exclusivo para que Araucaria Energy y APR Energy puedan ubicarse en el sitio más económico para ellas.
Si bien los vecinos ya habían conseguido una suspensión de las obras por parte de la Justicia Federal de Campana, Sujarchuk decidió demandar al municipio de Cambiemos por no haber realizado una interconsulta. En el informe de impacto ambiental de APR Energy, al que accedió este medio, la multinacional da cuenta de que 2.025 de los 2.275 lotes que serán afectados por el funcionamiento de la generadora eléctrica son residenciales.
En su reciente decisión, el máximo órgano judicial provincial apuntó “el vicio de procedimiento en la gestión y aprobación de las normas territoriales, consistente en no habérsele dado oportunidad (a la municipalidad de Escobar) de audiencia o intervención previas que estiman imprescindibles en vista de los efectos adversos que esas normas podrían producir en su territorio y sobre su comunidad, desde que se trata un municipio lindero al de Pilar”.
Ahora, el tribunal de primera instancia deberá resolver la medida cautelar requerida de suspender las tareas de las compañías que, en caso de que dé lugar, acompañará a paralización aprobada por el magistrado federal Adrián González Charvay ante el requerimiento de los vecinos autoconvocados representados por Gustavo Madeira.
Escobar plantea en el expediente inter-municipal que la ilegalidad radica en la omisión deliberada de Pilar de informarle e integrarlo en la redefinición del ordenamiento territorial. Consultado por este medio, el jefe de Gabinete de Pilar, Juan Pablo Martignone, opinó que “no existían razones para una interconsulta. No había razón de fondo, a priori, por los informes de las empresas”.
Las industrias catalogadas de “categoría 3”, como estas, suponen un alto impacto ambiental y un riesgo cierto para la población. De hecho, APR Energy detalló que consumirá 5 millones de litros de agua diarios, lo que competirá con el uso residencial del acuífero Puelche.
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