El juez y abogado Juan Ramos Padilla, padre del magistrado de Dolores que impulsa el D’Alessiogate, Alejo Ramos Padilla, volvió a denunciar a Claudio Bonadio.

Este miércoles realizó una “queja por retardo de justicia” ante el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun. Es que Ramos Padilla (p), dos semanas atrás, pidió declarar de forma espontánea ante el titular del juzgado federal 11, en el marco de la “Operación Puf” porque se anotició de que estaba siendo investigado, al igual que su hijo. Afirma que se venció el plazo en el que Doctor Glock debía expedirse sobre su planteo. También le apunta por “encubrimiento y retención y distribución de escuchas ilegales”.

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 reclamó este miércoles a la Cámara Federal porteña (instancia superior y revisora de los 12 juzgados federales de Comodoro Py) “que mediante el ejercicio de Superintendencia y previo informe del denunciado, Dr. Claudio Bonadio, provea enseguida lo que corresponda de modo de evitar que se continúe con la indefensión que genera el magistrado”.

Ramos Padilla (p) achaca a Bonadio que le impide ver el expediente en el que está imputado (por ejemplo, no resuelve “sobre las solicitudes de extracción de fotocopias que se le reclaman”) y que no ha dictado ninguna resolución vinculada a los planteos que realizó el 21 de agosto pasado.

Aquel día, el juez y abogado denunció a Bonadio por su desempeño en “Operación Puf”. En su presentación, el presidente del TOC 29 pidió declarar ante el magistrado con despacho en Comodoro Py a la par que lo recusó y reclamó la nulidad del expediente que se abrió en base a escuchas ilegales de presos K. También lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Argumentó que Bonadio está acusado desde el inicio en la causa de Dolores y que lo único que busca con el impulso de la “Operación escuchas” es “autoencubrirse”.  

Este miércoles insistió con ese planteo: dijo que “actúa maliciosamente en una suerte de autodefensa, haciendo lo propio con quienes realizaron conductas ilícitas que también aparecen denunciadas”. La referencia implícita es al fiscal rebelde, Carlos Stornelli, y a la diputada Elisa Carrió, quienes están imputados en el D’Alessiogate e impulsan Operación Puf, en una especie de contraofensiva judicial.

La tesis sin sustento que postula Carrió es que Juan María y Alejo Ramo Padilla así como la expresidenta Cristina Kirchner y distintos dirigentes peronistas como Eduardo Valdés se complotaron con la banda del espía ilegal Marcelo D’Alessio para derribar la causa de las fotocopias de los Cuadernos y otros expedientes “paradigmáticos sobre la corrupción del gobierno anterior”. Así surgió la Operación Puf, cuya acusación central se basó en escuchas ilegales a detenidos en el penal de Ezeiza.

El 21 de agosto, Ramos Padilla (p) había destacado: “Se debe dejar en claro a qué apunta esta ilegal investigación (en referencia a Operación Puf): aquellos que aparecen involucrados en un proceso penal que se tramita en el Juzgado Federal de Dolores buscan su impunidad mediante mecanismos ilícitos, sus relaciones con la Agencia Federal de Inteligencia y el abuso de sus funciones”.

Escuchas ilegales

Este miércoles ante el tribunal de alzada, Juan Ramos Padilla también resaltó que Bonadio “retiene” escuchas ilegales, “que han sido la base de la investigación que está realizando en mi contra”. Sin ir más lejos, hay un cd con “nuevas escuchas” en el Consejo de la Magistratura, que los Ramos Padilla se negaron a retirar ya que desconocen su legitimidad jurídica (se presentó en el marco del expediente que se le abrió en esa institución al juez de Dolores). Según pudo reconstruir El Destape, Doctor Glock se hizo de más de 100 cds con escuchas a los detenidos en el penal de Ezeiza.

En su reciente presentación, el titular del TOC 29 volvió a mencionar distintas ilegalidades en las que incurrió Doctor Glock para hacer avanzar Operación Puf. “Además de la utilización de pruebas ilegales y de inmiscuirse en mi vida privada sin haberme citado, ni informado al Consejo de la Magistratura Nacional, existen irregularidades conocidas como ‘forum shopping’”, señaló, antes de volver a solicitar una audiencia “con urgencia”.

En su escrito también dedicó un apartado para volver sobre su pedido de “separación” de Bonadio del caso. En ese sentido, recordó que la propia cámara en un fallo del mismo 21 de agosto le ordenó al titular del juzgado N°11 que “evalúe la procedencia de seguir interviniendo” en Operación Puf. Pero el tribunal, en un nuevo guiño hacia Doctor Glock, lo sostuvo porque consideró que podía ser “víctima” y juez al mismo tiempo. Lo cierto es que Bonadio no se expresó aún sobre el tema.

Tras su presentación ante la cámara, Ramos Padilla (p) sintetizó su estrategia vía Twitter: “Le estoy pidiendo a Bonadio que me tome declaración indagatoria y me pregunte lo que quiera, cara a cara quiero tenerlo, pero no me llama, por eso ahora se lo pido a la Cámara. Será un encuentro interesante”. “Tengo derecho a defenderme de lo que me acusa”, explicó. 

Investigan al padre del investigador

El 21 de agosto, Ramos Padilla (p) aseguró que está imputado en Operación Puf por lo que puede declarar.

Entonces, el presidente del TOC 29 recordó que Stornelli se presentó como querellante en ese expediente y solicitó “una investigación” para “certificar mi presencia y la del Dr. Eduardo Valdés en un Centro Médico de Salud de la provincia de Entre Ríos”. El magistrado con despacho en Comodoro Py hizo lugar al planteo. Por tal motivo, Ramos Padilla (p) afirmó que se “instruye una causa que me incluye como supuesto partícipe de una asociación ilícita o de un ‘complot’”.

Es que Bonadio dispuso librar oficio al Centro de Salud adventista Vida Sana de la Provincia de Entre Ríos. Este centro respondió y confirmó la presencia de Ramos Padilla (p) entre el 23 de enero y el 2 de febrero pasado. Es más, Bonadio logró recoger “el modo en que efectué el pago ‘de la persona que me acompañó’ y de ‘los demás estudios médicos’”. También se informó que Valdés estuvo allí internado entre el 20 al 26 de enero. Stornelli pidió se cite a testigos para ahondar sobre la estadía de Ramos Padilla (p) en el centro de salud.

Por esto es que el presidente del TOC 29 consideró que se ingresó “en un terreno peligroso en el que se podría ver afectada la vida íntima del magistrado que lleva la causa de Dolores y de este Juez de Cámara de la Capital Federal, en la medida en que en estas investigaciones se comience a analizar la conducta de padres, hijos, hermanos o familiares de aquel juez que los incomoda”.

Acto seguido, explicó que concurre hace años a ese centro de salud y que si quisiera encontrarse con Valdes “no tengo que irme a una clínica en Entre Ríos, someterme a un tratamiento de salud, realizarme controles cardíacos o de otro tipo, que es lo que hago en ese lugar y que no debería despertar ningún interés para la investigación”. “Simplemente me alcanza con llamarlo por teléfono, reunirme con él, invitarlo a mi casa”, agregó, ya que -dijo- no estaría cometiendo ningún delito.

 

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