Documentación exclusiva a la que accedió El Destape revela los sobreprecios que habría pagado el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en la construcción de obra pública. Ocurre en medio de un fuerte recorte en el organismo que esta semana dejó a 254 trabajadores en la calle.
Se trata de una adjudicación de 2016 para la construcción de un edificio en el Parque Tecnológico Miguelete. Los técnicos del instituto habían presupuestado $12.350.000 para esa tarea; sin embargo, las autoridades del organismo decidieron concederla de forma directa a la empresa Kopar S.A. por $14.050.000. Es decir, existió una diferencia de $1.700.000 entre lo propuesto por los especialistas y lo pagado por las autoridades de Cambiemos con el dinero público. El documento lleva la firma del gerente general del INTI, Carlos Vedova.
La ley vigente indica que debe aplicarse una contratación directa en casos donde los montos no superen los $2.000.000 o exista una urgencia. En la resolución oficial se argumenta por la segunda opción, pero en los hechos no sucedió tal cosa. Es que la contratista incumplió los plazos de ejecución ya que la obra, debía completarse en diciembre de 2016 y aún no está terminada.
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Por esa demora no se aplicaron multas y los adicionales abonados en ese período también revelarían una diferencia a favor de la empresa privada, una vez más. Según señalan, durante 2017 en complementarios se abonó más del doble de lo calculado por los especialistas del INTI, con un beneficio de $700.000 para la sociedad anónima.
Correría la misma suerte la remodelación de un edificio en Chaco adjudicada directamente a Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. Lo llamativo es que la firma está radicada en Capital Federal y no suele trabajar en el interior. “Generalmente para los edificios en el interior se piden contratistas de la zona porque si no estás pagando el traslado de empleados y maquinaria”, aseguran desde el instituto industrial.
Kopar y C.I.S compartirían empleados y directivos, por lo que se sospecha de empresas mellizas. Desde el organismo indican a Kopar S.A. como una amiga de las autoridades. “Su dueño, Pablo Aparo, está vinculado a Carlos Grosso y es un ganador sistemático de licitaciones en la Ciudad”, señaló el ex legislador porteño Gabriel Fucks. En la Ciudad conocen a ese empresario como “el Rey de la adjudicación directa”.
Entre las múltiples irregularidades observadas se encontraría, además, la sobrevaloración del metro cuadrado. Para la licitación de un edificio de oficinas se pagó hasta el doble del precio calculado por los especialistas. El responsable del área es Guillermo Strokach quien desde que arribó en la Subgerencia de Servicios de Apoyo en junio de 2016 montó una oficina con gente de su confianza que responde directamente a él y sus intereses.
Todos figurarían como asesores monotributistas y muy bien pagos. Tal es el caso de su mujer, Ileana Sanutto, y su socia, Mariana Miller con sueldos que superan los $48.000. La oficina se completa con, al menos, otros 10 empleados con un salario promedio por encima de los $25000. Mientras, el futuro de 254 familias se dirime bajo el Excel del ajuste gubernamental.
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