El 3,1 por ciento de inflación medido en mayo por el Indec, que anualiza la suba de precios en un 57,3 por ciento, solo puede ser analizado a esta altura como el aporte testimonial del fracaso del esquema monetarista implementado por el gobierno. Y es que a pocos meses que finalice su mandato, queda claro que la alianza Cambiemos no volverá sobre sus pasos para revisar su diagnostico y receta para combatir la inflación, menos aún cuando voluntariamente se sometió a la tutela del FMI, organismo que exige la aplicación de su modelo ortodoxo, -por fuera de tiempos, países, historias y culturas-, como canje de sus prestamos “salvadores”.

Las incongruencias empezaron desde antes de asumir, cuando el primer ministro de Economía del macrismo, Alfonso Prat Gay, señaló que la primera gran devaluación que llevarían a cabo, cercana al 40 por ciento, no impactaría sobre los precios, ya que los mismos consideraban el valor del dólar paralelo, en ese momento cercano a 15 pesos frente al oficial de 10. La realidad exhibió su gruesa equivocación, pero el hecho de que en los primeros meses de 2016 se registraran las mayores subas de precios desde 1990, no fue obstáculo para que el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, planteara que la inflación estaría controlada sin importar el valor de la divisa norteamericana, pues su programa de metas por inflación y reducción de base monetaria permitiría controlar la suba de precios. El resto, lo harían la recesión que destruiría empleos y consumo, y la apertura importadora para competir con los precios locales, pues en el programa de Cambiemos, de neto corte neoliberal, solo se evitaría la reducción del déficit fiscal en función de que el Estado asuma los costos políticos que implicaría el nuevo gobierno. El resultado, sin embargo, no pudo ser más decepcionante, pues en aquel primer año de gobierno la Argentina experimentó la mayor inflación desde la implementación de la convertibilidad: 40,9 por ciento, con el agravante de la caída del PBI en un 2,3 por ciento, es decir inflación con recesión. El año 2017 tuvo la particularidad de ser un año electoral, en donde el gobierno abandonó parcialmente su manual para dar paso a políticas con un tinte heterodoxo, entre las que se incluyeron un congelamiento de las tarifas, que habían estado en proceso de dolarización, y un control en el precio del dólar mediante intervenciones puntuales del Banco Central en el mercado cambiario. Así, incluso en un año en donde el PBI creció en un 2,9 por ciento y también el poder adquisitivo de los salarios, la alianza Cambiemos pudo exhibir el “logro” de volver a la inflación de los últimos años del kirchnerismo, cercana al 25 por ciento. Sin embargo, el día después de los comicios, reincidió con su política neoliberal, con bruscas subas de las tarifas de servicios públicos, que se montaron al descontrol en el valor del dólar, que saltó de 20 a 30 pesos entre mayo y junio y de 30 a 40 en los últimos días de agosto, frente a la ineficacia de la suba en las tasas de interés para controlarlo. La inflación, que ya venía alta, experimentó un pico, lo cual explica el índice de 57,3 por ciento, incluso con tasas de interés superiores al 70 por ciento.

Modelo alternativo

El Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Confederación General Económica fue el primer think thank económico que tuvo la Argentina, y a diferencia de muchos de los que se crearon luego, sostuvo un pensamiento heterodoxo. En sus Memorias de 1973 y 1975, afirmaba que se comprendía “porqué liberales o monetaristas han fracasado con su política recesiva en la lucha contra la inflación. Sostenía que la pretención de "combatir la inflación por medio de la iliquidez, alzando los intereses, restringiendo el crédito, congelando los salarios, creando impuestos al consumo o elevando los ya existentes, en fin, solo la reducción del volumen de dinero en manos del público, y, en consecuencia, la demanda interna, permite explicar que actuando sobre los fenómenos pura y exclusivamente monetarios, se soslaye y se encubra la existencia de deformaciones estructurales”. Agregaba asimismo que “a partir de 1956, se impuso en las conducciones económicas el criterio de que la inflación y el déficit en el balance de pagos se deben a una demanda excesiva originada en la mayor oferta de dinero. Sin embargo, la experiencia argentina señala que la reducción de liquidez no alienta el ahorro y en cambio deprime el normal desenvolvimiento de los negocios”.

No tan profundamente como ahora, pero también en aquel momento, la ausencia de un tejido productivo consolidado, no dependiente de bienes de capital e insumos importados, -cuyos valores en dólares fluctúan enormemente frente a cualquier devaluación- se combinaba con falencias en tecnología e infraestructura que limitaban la competitividad, a lo que se agregaba una sociedad donde la falta de acuerdos programáticos utilizaba a la suba de precios o salarios como defensa frente a las situaciones de imprevisión. De hecho, cuando los equipos técnicos de la CGE se sumaron al gobierno peronista de 1973, lograron reducir la inflación del 80 por ciento anual en mayo de 1973 al 22 por ciento en noviembre de 1974. Lejos de las medidas monetaristas o fiscales, en aquel momento el logro, según la CGE, tuvo que ver con “la sólida concertación entre gobierno, cámaras empresarias, y sindicatos, y el mantenimiento de la paridad cambiaria, que limitó la gravitación de la inflación importada”.