El abogado Alejandro Rúa le pidió al Colegio Público de Abogados de Capital Federal que actúe por la intervención de nueve teléfonos públicos de tres pabellones de la cárcel de Ezeiza mediante la cual se grabaron "indiscriminadamente las conversaciones de todas las personas allí alojadas, incluso las mantenidas con sus abogados". Esta medida judicial fue tomada para interceptar las conversaciones de Mario Segovia, apresado por narcotráfico, pero que perjudicó a todos los privados de su libertad y el trabajo de los abogados a la hora de mantener conversaciones con sus clientes, violando el secreto profesional.

El Colegio Público podría no hacer nada ante esta demanda y alegar que ya se pronunciaron mediante un comunicado, pero también podría designar un veedor para examinar la causa que originaron las escuchas, si el modo indiscriminado en que se ordenaron afectó el ejercicio de los abogados que representan a los detenidos en el penal de Ezeiza o si esas conversaciones fueron destruidas o no. En caso de no haberlo sido, de haberse conservado, deberían destruirse, explicó a El Destape el abogado.

La decisión de intervenir nueve teléfonos públicos de tres pabellones diferentes hizo que los llamados telefónicos de más de cien detenidos fueran grabados. Llamados privados, con sus familias, parejas, amigos o incluso abogados. Hay sólo dos formas que un letrado tiene para comunicarse con sus representados: ir en persona al penal o hablar por el teléfono público. Es uno de los derechos que los abogados tienen para comunicarse de manera libre con ellos, pero ahora una de esas dos vías fue perdida. Las conversaciones ya son y fueron grabadas.

Por eso, Rúa aseguró que el Colegio Público de Abogados tiene el deber de defender el libre ejercicio de la profesión por parte de sus matriculados y en base a ello se realizó esta presentación para conocer el estado de las escuchas captadas indiscriminadamente y difundidas, varias de ellas, en los medios de comunicación en lugar de ser eliminadas.