A meses del 2020, año límite para cerrar los manicomios e institutos psiquiátricos en la Argentina, tal como lo dispuso la Ley de Salud Mental de 2010, el Gobierno no diseñó ni implementó políticas públicas para sustituir este sistema tradicional de internación por uno de atención comunitaria, que le garantice plenos derechos a las pacientes y les permita vivir de forma independiente. Por eso, los especialistas en el área consideran que será imposible cumplir con esa meta ya que en la actualidad existen 162 de estas instituciones en todo el país, con más de 12 mil personas internadas.

El 1 de agosto se conoció el primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, estipulado por la ley. Los datos arrojaron que hay 162 manicomios en el país con 12.035 personas internadas. Según explicó Eduardo Quiroga, del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, a El Destape, sólo el 36,4% de los pacientes tiene un riesgo cierto inminente y el resto podría estar en situación de alta o externación. A la vez, remarcó que todas las internaciones están mal ya que, por normativa, no deberían existir más estas instituciones.

Según la Ley de Salud Mental (26.657), los manicomios deberían cerrarse en 2020, sin una fecha particular, al tiempo que se prohibió la apertura de otros nuevos. El objetivo es su reemplazo por otros dispositivos comunitarios, sin restricción de derechos. Según explicó Quiroga, la internación también está contemplada, pero como una medida extrema que tenga, como horizonte, un lapso de tiempo limitado, que no se extienda en el tiempo. Hoy, según el Censo, el tiempo promedio de permanencia en estos centros es 8,2 años, cifra que aumenta a 12,5 en el sector público. Del total de pacientes, 1 de cada 4 lleva entre 11 y 90 años internada. 

De estas personas internadas, muchas están incomunicadas, ya que solo el 41,6% puede realizar llamadas telefónicas y algunas de ellas deben pagar para hacerlo. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley 26.657 y su decreto reglamentario, que establece que todas ellas tienen derecho a comunicarse gratuitamente con familiares, amigos/as o con quien deseen. En cuanto a la posibilidad de realizar salidas del  hospital, el 40,4% respondió que no había salido a la calle durante el último mes, según datos del Censo. Además, algo aún más preocupante es que solo el 12,4% de los pacientes está en posesión de su DNI. Por lo tanto, no tienen acceso a documentación personal.

Desde 2010 a la fecha, el Estado no implementó políticas públicas destinadas a la creación y desarrollo de dispositivos que permitan a las personas con discapacidad ser externadas y vivir en comunidad. Esta situación fue constatada por la Justicia en el marco de la causa “SAF c. Estado Nacional y otros s/amparo” (2015), en la que se condenó al Ministerio de Salud de la Nación y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dar cumplimiento a la ley y crear una red de dispositivos comunitarios alternativos a la internación para todos los pacientes que se encuentren internadas sin criterio de internación. A tres años y medio de su dictado, la sentencia no ha sido cumplida. Solo una de las personas pudo ser externada y no se acreditó la existencia de ningún nuevo dispositivo, lo que hizo que el juez que lleva la causa impusiera una multa al Estado Nacional y de la CABA por cada día que transcurre de incumplimiento, explicaron desde ACIJ a este medio.

En 2001, la Organización Mundial de la Salud realizó un informe sobre a nivel mundial sobre este tema y remarcó que la atención comunitaria tiene mejores efectos que el tratamiento institucional en el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, los hospitales psiquiátricos deben ser sustituidos por centros de atención comunitaria respaldados por camas en los hospitales generales y apoyo a la asistencia domiciliaria.

Frente a los casos denunciados por malos tratos, aislamiento, irregularidades en los procedimientos de notificación y contabilidad, la mala gestión y la ineficacia administrativa, la incorrecta asignación de los recursos financieros, las deficiencias de los procedimientos de inspección y de control de la calidad, la atención comunitaria persigue una asistencia de buena calidad y la habilitación de las personas internadas, manifestó la OMS.

En ese sentido, el objetivo de cerrar manicomios y reemplazarlos por atención en hospitales generales y centros comunitarios, con una lógica de internación corta, como último recurso, ambulatoria pero con asistencia y contención, apuntan a que las personas internadas puedan tener una vida y manejo independiente e integradas a la comunidad, algo que no ocurre en los psiquiátricos donde no pueden decidir sobre sus acciones, según detalló Quiroga a El Destape.

Pero la creación de estos espacios no tuvo lugar estos años y los 162 manicomios, con más de 12 mil pacientes, siguen funcionando. Según la ley, el 10% del presupuesto de Salud debe ser destinado a la Salud Mental, sin embargo, informes de ACIJ revelaron que en el período 2014-2018, el presupuesto ejecutado que el Estado destinó a la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” (única actividad del Ministerio de Salud en la que se identifica de modo claro el objetivo de promover la salud mental comunitaria) registró una disminución del 88,56%. Por este motive, avanzar en la promoción y creación de centros comunitarios se hace cuesta arriba y, estiman, será imposible cumplir con la ley en 2020.

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