“Si aparecen casos de coronavirus en las cárceles será una masacre”. La frase la comparten todos aquellos que conocen la situación del sistema penitenciario, donde el hacinamiento y la falta de condiciones sanitarias hacen que sea una bomba de tiempo frente a la pandemia de COVID-19. Es allí donde combustionan la emergencia sanitaria con la emergencia penitenciaria. La solución no es sencilla. Implica la reducción de la cantidad de presos sea por sus detenciones arbitrarias o a través de prisiones domiciliarias y la prevención dentro de las cárceles. Ya hacia falta lugar, ahora más previendo la necesidad de aislamiento en caso de que aparezca un caso de coronavirus intramuros. La burocracia judicial y el ninguneo mediático son los obstáculos principales, pero desde el Ministerio de Justicia ya lograron resolver cerca de 600 casos en un trabajo a contrarreloj. Otro tanto lograron en el ministerio análogo de la provincia de Buenos Aires. La pandemia no tiene plazos y si ingresa a las cárceles el ritmo de reproducción del virus se multiplica.
El CELS da los siguientes datos sobre la situación carcelaria en el contexto de la pandemia de COVID-19: “En este momento, el Servicio Penitenciario Federal está ocupado en más del 110%. En el Servicio Penitenciario Bonaerense la situación es peor: la ocupación es el doble de su capacidad de alojamiento. A la sobrepoblación en las unidades penitenciarias debe sumarse el desborde en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires, donde más de 4 mil personas están detenidas por tiempos prolongados en condiciones de hacinamiento extremo. Las recomendaciones de los expertos en salud penitenciaria dicen que los lugares con más del 75% de ocupación ya son muy difíciles de controlar ante epidemias”.
Una de las claves es, entonces, disminuir la cantidad de presos. A eso apuntan desde el Ministerio de Justicia, con un equipo de abogados trabaja en coordinación con jueces y tribunales para acelerar los trámites de libertad en las cárceles federales. La tarea respecto a las cárceles y presos recae sobre el Secretario de Justicia Juan Martin Mena.
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En la provincia de Buenos Aires la cartera que comanda Julio Alak trabaja en el mismo sentido. Desde principio de año pusieron en marcha una mesa de dialogo para buscar soluciones a la sobrepoblación en las cárceles. Los números asustan. En la provincia hay 49.000 presos, de los cuales 44.000 están en cárceles y casi 4.000 en comisarías. El resto bajo monitoreo electrónico. Tanto cárceles como comisarías están muy por encima de sus capacidades. Otra de las herencias de María Eugenia Vidal, cuya gestión arrojó un promedio de 3.600 nuevos presos por año..
Desde el Ministerio de Justicia explicaron a El Destape que no se trata de liberar a discreción, sino de que la autoridades judiciales verifiquen y evalúen si todos los presos tienen que estar en las cárceles en función de los antecedentes de riesgo sanitario, si ya les quedaba poco de condena, si ya se cumplió el plazo máximo de su prisión preventiva o si se trata de delitos leves o situaciones que puedan resolverse con prisión domiciliaria. Bajo este esquema, ya lograron enviar a sus domicilios cerca de 600 privados de libertad en cárceles federales. No es una cuestión sencilla: además del papeleo hay trabas logísticas, ya que muchos de ellos están detenidos lejos de sus hogares. Otro dato importante es que no son enviados a prisión domiciliaria aquellos detenidos por violencia de género doméstica.
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de hace unos días ayudó. Tal como informó Franco Mizahi en El Destape, el máximo tribunal penal del país “dictó este lunes una serie de reglas y recomendaciones para fomentar el ‘despoblamiento’ de las cárceles, que se encuentran en una grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, un cóctel que puede ser fatal en plena pandemia del coronavirus. El máximo tribunal penal del país sugirió medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria, para afrontar la delicada situación actual”. La decisión podrá alcanzar a: Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos; condenados por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta; condenados a penas de hasta 3 años de prisión; personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas (algo que ya venía sucediendo); y personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades, inmunodeprimidas o con condiciones crónicas, como pueden ser enfermedades coronarias, diabetes o HIV.
La tarea en el ámbito penitenciario a nivel federal suma una complicación que viene de arrastre, y es que aún no fue designado el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, área que tiene responsabilidad directa sobre esta cuestión. Es una pugna que lleva varios meses dentro del Gobierno. Un sector quiso nombrar allí a Emiliano Blanco, Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal desde 2014, pero otro puso fuertes reparos ya que bajo su gestión durante el macrismo se acumularon tejes y manejes de la persecución política a opositores. El lobby para ascender a Blanco incluyó operaciones mediáticas donde daban por confirmada su designación pero que restaba la publicación en el Boletin Oficial al igual que buena parte de los funcionario del ministerio. Lo cierto es que el resto de los funcionarios fueron designados y ese raviol sigue vacante.
Desde el CELS plantean que “es necesario que se revisen las prisiones preventivas y de quienes están condenades por delitos leves o no violentos”, explican que “el crecimiento de la tasa de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires tuvo como causa principal el encarcelamiento de personas por este tipo de delitos. De igual modo, en el sistema federal y nacional con la incorporación del sistema de flagrancia que llevó a prisión a muchas personas por condenas cortas”. El organismo que preside Horacio Verbitsky y dirige Paula Litchvasky sostiene que “el revocamiento de estas prisiones es lo que garantizará una situación de verdadera ‘distancia social’ como la que se necesita para evitar la propagación del virus”. También afirman que “las comisarías de la provincia de Buenos Aires deben ser prioridad, ya que allí hay más ingreso y circulación de personas del exterior y el riesgo de entrada del virus aumenta”.
Algo que tienen en cuenta en el ministerio de Justicia es que en una cárcel la tasa de reproducción del virus es mucho más alta que afuera. La explicación es obvia: el distanciamiento social es inviable. Y el hacinamiento y las condiciones sanitarias lo empeoran.
Otra cuestión vital es la posibilidad de aislamiento en caso de que ingrese el virus a una cárcel. En este momento, las visitas fueron suspendidas y, al menos en las cárceles bonaerenses, los privados de libertad pueden comunicarse con sus familias por celular. En las cárceles federales se repartieron tarjetas telefónicas y se instalaron salas de videoconferencia. La única vía de ingreso del coronavirus son los trabajadores del Servicio Penitenciario. En caso de que se de un contagio, el aislamiento será más que difícil. Un simple cálculo matemático muestra que en las cárceles bonaerense ya hay el doble de personas de las que aguanta el sistema. Habría que enviar a sus casas a 20.000 presos (algo que demoraría mucho) y aún así estaría al tope. La cifra de domiciliarias debería ascender a 30.000 para hacer lugar para un futuro aislamiento dentro de las prisiones.
“Hoy las indicaciones del Ministerio de Salud para prevenir el Coronavirus son muy difíciles de aplicar en las cárceles y comisarías de los sistemas federal y de la provincia de Buenos Aires. En las condiciones de hacinamiento que caracterizan a estos sistemas el contagio, si se desata, puede ser veloz. Además de estar sobrepobladas, las cárceles tienen mala o nula atención de salud y no cuentan con los insumos básicos de medicina, sanitarios, ni de higiene”, advirtieron desde el CELS.
Hasta ahora no hay registro de presos con coronavirus. En el sistema penitenciario federal hubo casos de personal médico con síntomas de coronavirus. Enseguida el Ministerio de Justicia dispuso un monitoreo de todos los privados de libertad que tuvieron contacto con esos médicos y un sistema de alerta si aparecía alguno con síntomas. Eso fue hace 21 días y, por suerte, no hubo casos.
En el servicio penitenciario bonaerense tuvieron un caso similar. Se trató de un guarda de muro de la Unidad 21 de Campana, que es uno de los casos confirmados de contagio de coronavirus. La última vez que fue a trabajar fue el 5 de abril. Por su trabajo no estuvo en contacto con internos pero sí con otros miembros del servicio penitenciario. Fuentes del ministerio de Justicia bonaerense indicaron a El Destape que fueron aislados y monitoreados y que ningún presentó síntomas hasta ahora.
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