El kirchnerismo prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) por persecución política.
Es porque "el escenario configura una erosión progresiva del Estado de Derecho sin garantías para la defensa ni el respeto al debido proceso".
Así lo publicó el diario Tiempo Argentino. "Especialistas jurídicos vinculados a Unidad Ciudadana, pero también al conglomerado amplio del justicialismo, advierten que la metodología para ahondar en el intento de aislamiento y proscripción moral de todo lo ‘K’ se basa en la articulación entre lo judicial y lo mediático: tiene su herramienta jurídica en la aplicación extensiva de la prisión preventiva en casos en los que no hay ni procesamiento ni condena", revela el diario.
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La abogada defensora de Cristina Kirchner en la causa iniciada contra la ex presidenta por supuesta ‘traición a la patria’, en tándem con Alejandro Rúa, Graciana Peñafort descree de los argumentos esgrimidos por la Sala II y Ariel Lijo para ordenar prisiones preventivas, como es el caso de Julio De Vido y Amado Boudou.
“Todas las causas que están investigando son de larga data. Son ex funcionarios del anterior gobierno, ya no tienen ningún poder. Ellos tienen que explicar cómo los contactos que pudieran tener pueden entorpecer causas que llevan muchos años y en las que la documental está en manos del juzgado. En el caso de Lijo, no olvidemos que él también tiene la causa de Correo Argentino, en la que se investiga si el presidente Macri utilizó al Estado para condonarle una deuda a su familia. Si Boudou, que hoy no tiene ningún poder, es un peligro para el avance de la investigación, imagínese Macri. Todo esto se abre al absurdo”, fundamentó a Tiempo Argentino.
Y el diario afirma que "los expertos en Derecho asociados al peronismo que siguen con detalle la más reciente saga de detenciones –un raid que comenzó con Roberto Baratta y siguió con el desafuero y detención inmediata de De Vido y el encarcelamiento más reciente de Boudou- aseguran que el cimiento jurídico de toda esta serie de episodios se puede ubicar en el voto que redactó el camarista Martín Irurzun, hombre fuerte de la Sala II de la Cámara Federal, y de muy buena relación con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. En ese planteo, Irurzun justificó su orden de detener a De Vido pese a que la investigación está en curso y no hay sentencia en que por su condición de diputado (aunque ya le quitaron los fueros) su libertad “constituía un riesgo para el proceso” porque si se mantenía libre “tendría las oportunidades y los medios” para “influir sobre terceros”", cierra.
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