Del lawfare a la pandemia

La persecución judicial contra líderes populares para instalar gobiernos neoliberales tiene hoy sus consecuencias frente a la pandemia de coronavirus. Los casos de Brasil, Ecuador y Bolivia y el contraste con Argentina.

05 de abril, 2020 | 00.05

"El populismo es más peligroso que el coronavirus". La frase la pronunció Mauricio Macri el 5 de marzo, apenas 6 días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia de COVID-19. El contexto era propicio. Fue en Guatemala, el V Encuentro Ciudadano organizada por la Fundación Libertad y Desarrollo, uno de los think tanks de la derecha latinoamericana patrocinados y financiados de diversas formas desde Estados Unidos.

EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA

En Argentina ya pocos dudan de que si esta pandemia llegaba con Macri en el Gobierno la reacción hubiera sido diametralmente opuesta. De hecho, pese a los gestos de acompañamiento de su propia fuerza en los primeros días de la emergencia sanitaria, el reclamo de Macri al presidente Alberto Fernández el 19 de marzo, ya en plena pandemia, fue que no se paralizara la economía y se tomara como ejemplo al primer ministro inglés Boris Johnson. En concreto, priorizar la economía sobre la salud. Hoy Inglaterra tiene más de 38.000 contagiados y 3.605 fallecidos. Entre los contagiados, el propio Johnson.

Ese planteo de Macri revela cuál hubiera sido el destino de la Argentina si hubiera prevalecido el lawfare, la persecución judicial a opositores sostenida por el tridente medios-servicios de inteligencia-jueces. La rebaja del Ministerio de Salud a una Secretaría no fue un simple cambio de nombre durante el gobierno PRO. En la era Macri la inversión en salud cayó un 20,7% en relación a la inflación, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. No se pueden medir aún las consecuencias, aunque tanto el gobierno Nacional como los provinciales, en especial el bonaerene, lidian con la pésima herencia recibida en infraestructura hospitalaria que dejaron Macri y Maria Eugenia Vidal. Lo que si puede verse son las ventajas que, a diferencia de otros países de la región, surgen de la derrota electoral del candidato del lawfare.

Los casos de Brasil, Ecuador y Bolivia en el contexto de la pandemia de COVID-19 son elocuentes. El golpe contra Dilma Roussef y el proceso completo de persecución judicial contra Lula da Silva, incluida su proscripción electoral, la traición de Lenin Moreno materializada en la cacería de Rafael Correa y el golpe cívico militar contra Evo Morales tienen hoy consecuencias.

Tristeza não tem fim

Algunos van a morir, lo siento, pero así es la vida”. "Es una pequeña gripe". El brasilero “no se contagia” pues es capaz de “bucear en una alcantarilla, salir y no pasa nada”. Es obvio que las frases de Jair Bolsonaro, en especial la última, eran falsas: Brasil ya superó los 8.200 contagiados y contabilizó 343 muertes por coronavirus. Lo claro es que no fueron exabruptos, sino la bajada de línea que quiso imponer Bolsonaro y que fue rechazada por 25 de 27 gobernadores, criticada por su propio ministro de Salud y que llevó la situación a que hoy exista un gobierno militar de facto en Brasil.

Bolsonaro, ex capitán del Ejército, dedicó su voto en el proceso de impeachment contra Dilma al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los líderes de la dictadura militar brasileña entre 1964 y 1985 y torturador personal de la ex presidenta. Cuando asumió la presidencia Bolsonaro recibió a la viuda del militar y aseguró que era un “héroe nacional”. Esa actitud, sin embargo, no le garantiza hoy el apoyo de los altos mandos militares. Horacio Verbitsky reveló en El Destape Radio que “hubo una comunicación entre un alto militar brasileño con un alto militar argentino donde le dijo que decidieron soslayar las decisiones de Bolsonaro", que el Superior Tribunal brasilero le informó a Bolsonaro que no iban a aceptar que levantara la cuarentena y que hoy “hay un presidente operacional militar en Brasil, que es el general Walter Braga Netto”. Verbitsky explicó que esto “no implica el derrocamiento de Bolsonaro. Se utiliza la figura de la reina loca para Bolsonaro, que reina pero no gobierna"

El proceso brasilero es el ejemplo paradigmático del lawfare y sus consecuencias. Comenzó, vale recordar, con el espionaje de Estados Unidos a Dilma y varios de sus funcionarios, siguió con el impeachment a la ex presidenta y la inquisición judicial contra Lula da Silva que incluyó su proscripción electoral para que no derrotara al propio Bolsonaro. El ejecutor material e intelectual de la persecución judicial, el juez Sergio Moro, fue premiado como ministro de Justicia de Bolsonaro. En Argentina, ese modelo era catalogado de virtuoso y a seguir por el entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que agasajó a Moro junto a su análogo local, el fallecido juez Claudio Bonadio. Aquí no lograron lo mismo que en Brasil, pero la onda expansiva del lawfare sigue vigente. Amado Boudou sigue preso por decisión de la Corte Suprema.

El proceso brasilero fue digitado y promovido por Estados Unidos, al igual que en resto de los países de la región. Pero esa sumisión no implica reciprocidad. O’Globo informó que Estados Unidos retuvo un envío de 600 respiradores de China a Brasil.

Incluso el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, se diferenció de Bolsonaro, que en plena pandemia salió a las calles e instó incluso a sus seguidores a movilizarse. El titular de la cartera sanitaria insistió en que se respetara el aislamiento recomendado por la OMS. Bolsonaro le contestó que “le falta humildad” para gestionar la crisis.

Otro contraste con Argentina es la reacción frente al trabajo y los salarios. Según consignó el portal Nodal, Bolsonaro lanzó un plan supuesta mente para cuidar los empleos, pero implica que “las compañías podrán reducir salarios y horas en hasta un 70 por ciento por un periodo de tres meses, mientras que el gobierno cubrirá parcialmente los ingresos perdidos de los trabajadores”. Alberto Fernández, por le contrario, prohibió los despidos y suspensiones y, como se dice en la jerga, le puso plata en el bolsillo a millones de familias.

Muertos en las calles

Tenemos la obligación de transparentar toda la información estadística de #Covid19, por dolorosa que sea. La rapidez del contagio rebasa las cifras oficiales. Hay muchos más contagiados que los que dieron positivo”. Este texto lo publicó Lenin Moreno, presidente de Ecuador, en su cuenta de Twitter. Lo hizo recién el 2 de abril, cuando las imágenes de los cuerpos de fallecidos por coronavirus en las calles ya recorría el mundo. Las fechas son relevantes: el gobierno ecuatoriano confirmó el primer caso de COVID-19 el 29 de febrero, más de un mes atrás. En Ecuador ya hay más de 3.000 casos confirmados y, al menos, 120 muertes. Es el segundo país con más fallecimientos hasta el momento a pesar de que es el séptimo en población y de que se multiplican las denuncias de que el gobierno de Moreno no informa los casos reales.

Moreno ya tuvo una dimisión en su gabinete, nada menos que la ministra de Salud Catalina Andramuño. La explicación que dio Andramuño fue clara: “Enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es complicado”. El epicentro del drama ecuatoriano está en Guayaquil. Hasta ayer, el portal Nodal informó que había cientos de cuerpos sin recoger en las viviendas y en las calles.

El ex presidente Rafael Correa planteó: “Esta crisis nos tomó sin liderazgo, con un sistema de salud debilitado y una economía destrozada”. Correa ha sido víctima de la persecución judicial, incluso con el mismo guión utilizado en Argentina donde unos cuadernos supuestamente revelaban pagos de coimas gracias a la prodigiosa memoria de una ex funcionaria. A diferencia del caso argentino, allí esos cuadernos no desaparecieron, se realizaron peritajes y se demostró que fue escrito en un vuelo de 35 minutos. Ese proceso de lawfare sirvió también para encubrir los recortes en el gasto público, salud incluida, que hoy tiene sus consecuencias en Ecuador.

Dictavirus

Vamos a salir de esta, les pido que no tengan miedo, estamos protegidos por Dios”, aseguró la dictadora boliviana Jeanine Añez. Si el discurso religioso fue central en la jerga golpista contra la ciencia política, ahora reincide pero contra la ciencia médica.

Añez decretó el aislamiento en Bolivia el 22 de marzo. Frente a esto, el Tribunal Supremo Electoral suspendió el calendario electoral de cara a los comicios que se iban a realizar el próximo 3 de mayo. En un contexto normal, la situación sería entendible: una votación implicaría acumulación de millones de bolivianos, contraindicado frente al COVID-19. De hecho Luis Arce, candidato por el MAS, coincidió en que “Primero la vida antes de definir una nueva fecha de elecciones”. Pasa que la situación dista de normal, ya que en Bolivia gobierna una dictadura cuyo títere civil es Añez pero cuyos titiriteros son empresarios, militares y enviados del gobierno de Estados Unidos.

Hasta ahora, Bolivia tiene 132 contagiados y 9 fallecidos. A contramano del mundo, la dictadura boliviana rechazó la ayuda de Cuba para enfrentar esta pandemia. A fines de 2019 los golpistas expulsaron a médicos cubanos que hacía años prestaban servicios en Bolivia. La entonces ministra de Salud de Ecuador Catalina Andramuño dijo que podían cubrirse 347 vacantes de medicos cubanos con colegas ecuatorianos. Hoy Andramuño renunció, Ecuador es un caos sanitario y Bolivia sigue sin ayuda. Desde el MAS instaron a que se acepte ayuda tanto de Cuba como de China, que ya envió insumos médicos y kits para testeo.

El propio Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Hago un llamado a la reflexión al gobierno de facto: el #Coronavirus no tiene colores políticos, el pueblo está pidiendo que retornen los médicos cubanos para trabajar conjuntamente con los médicos bolivianos”. Evo también reclamó por los bolivianos que quedaron varados en el exterior, que las clínicas privadas atiendan de manera gratuita y que los bancos posterguen los cobros de créditos.

 

 

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