Deciden hoy si l inician juicio político a la presidenta de Brasil

13 de octubre, 2015 | 09.55
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, decidirá este martes si da vía libre a una de las solicitudes de iniciar un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que podría llevar a la destitución de la mandataria, por presuntas irregularidades durante una pasada campaña electoral.

Sin embargo, según la agencia EFE, el sábado un grupo de diputados oficialistas informó que presentó ante el Tribunal Supremo tres peticiones para que impida la posibilidad de que se inicie el mencionado juicio político.

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Los diputados cuestionaron en un comunicado la legalidad de los procedimientos para la apertura de un juicio parlamentario que estableció Cunha, quien según la Constitución es la autoridad competente para admitir a trámite o rechazar los pedidos de esa naturaleza. Cunha también fue duramente cuestionado por corrupción, al punto que los líderes de la oposición en Brasil pidieron que sea enjuiciado.

Según los diputados, Cunha abrió las puertas a que el pleno de la Cámara baja pueda presentar un recurso para analizar estas solicitudes contra Rousseff aunque él las haya rechazado. Ese procedimiento sería "inconstitucional", afirmó al diario O Globo el diputado Paulo Teixeira, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y uno de los impulsores de las quejas elevadas al Supremo.

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En los últimos meses Cunha negó una decena de solicitudes de apertura de un juicio político contra Rousseff y tiene pendiente de análisis al menos otras nueve.

Estas solicitudes se fundamentan principalmente en unas maniobras realizadas por el gobierno para maquillar el déficit fiscal de 2014 que fueron reprobadas por un dictamen técnico del Tribunal de Cuentas, aunque aún pueden recibir el visto bueno del Parlamento.

Los opositores también le atribuyen a Rousseff responsabilidad en el agravamiento de la crisis económica y en el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Las fuerzas oficialistas calificaron los intentos de destituir a Rousseff como "una versión moderna de golpe" de Estado y aseguran que no existen argumentos jurídicos para impulsar un procedimiento de este tipo.




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