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La plana mayor de Cambiemos celebró los diez años de los Centros de Primera Infancia (CPI) creados para "promover el desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 3 años de edad" pero los gremios educativos cuestionaron la iniciativa por considerar que crean inequidades en la enseñanza.  

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunciaron a El Destape que los CPI tercerizan la educación a organizaciones no gubernamentales que reciben subsidios del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano porteño y crean “una educación de primera y otra de segunda”, tal como describió Esteban Sueyro, secretario de Organización de la UTE.

Según informaron desde el gobierno porteño a este medio, los CPI “están pensados para hacer foco en estimulación temprana para niños en situación de vulnerabilidad social”. Por ello, sostuvieron, el objetivo es “que sean una herramienta igualadora para que los chicos lleguen a la educación formal con las mismas oportunidades que otros” dado “más del 70% de los CPI están ubicados en barrios vulnerables del sur de la ciudad”.

En contraparte, Sueyro señaló que “la Constitución de la Ciudad dice que el Estado tiene que garantizar la educación desde los 45 días hasta el secundario, por lo que el sistema tiene que garantizar la igualdad” para todos y todas los chicos porteños. Por eso, se preguntó “por qué unos tienen la posibilidad de ir a un jardín público o privado y otros a un CPI que no tienen docentes”.

El artículo 45 de la carta magna porteña establece: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. Pero en vez de crear estos espacios se generaron los CPI con el fin de “garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social”.

Los habitantes porteños, en su mayoría, pueden costear una educación privada o encontrar un jardín público que acepte a los más pequeños. Pero en los barrios más vulnerables la salida es un CPI que a veces tiene docentes y a veces sólo cuidadores. La contratación del personal “está a cargo del CPI y no del Estado”, por lo que depende de la dirección del mismo la contratación de los maestros o no maestros. Esto crea una “educación de primera y segunda”, advirtió el delegado de UTE a El Destape.

De hecho, si bien en las escuelas públicas de gestión privadas, sostuvo, “el Estado se hace cargo del 100% de los sueldos pero en los CPI hay uno monto determinado (subsidio) de Desarrollo Social y el Centro paga los salarios que quiera pagar y con las condiciones que quiera”, a veces en relación de dependencia, en negro o como monotributistas.

Los CPI dependen del  Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, comandado por Guadalupe Tagliaferri (la flamante compañera de boleta de Martín Lousteau para el Senado en representación de la ciudad). La cartera arma convenios con asociaciones civiles, cooperativas o fundaciones que son subsidiadas para que administren cada centro: contratos de personal, compra de materiales e insumos, pago de servicios y todos los gastos corrientes. El presupuesto destinado a cada centro varía según la cantidad de niños y niñas inscriptos, explicó Inés Tropea, afiliada de UTE y directora del CPI Semillitas.

Al respecto, calcularon que “de acuerdo a diversos estudios, según los presupuestos de ambos ministerios en 2016, esta cuenta da aproximadamente un 40% menos en Desarrollo Social que en Educación. Es decir, al Estado le salen mucho más baratos los niños de los CPI que los que han podido entrar a un jardín típico". 

La situación de los docentes

Los y las docentes que forman parte, trabajan y ayudan al crecimiento y socialización de los más pequeños no sólo no están bajo la órbita del Ministerio de Educación, tampoco lo están bajo el de Hábitat y Desarrollo Humano sino que están tercerizados, son contratados por una asociación, cooperativa, ONG que no tiene más vínculo con el Estado que el subsidio que les dan para mantenerlos abiertos.

Según explicó Tropea en su texto, “al abrir un Centro nuevo, exigen que haya un docente recibido a cargo de cada sala y un Equipo Técnico-Interdisciplinario. Pero no se vuelven a controlar esos títulos posteriormente” ni  “obligan ni garantizan económicamente a las asociaciones para que puedan cumplir con los sueldos acordados en paritarias docentes y demás trabajadores como los auxiliares de limpieza”. Por eso, no hay dos CPI que paguen el mismo sueldo por la misma tarea.

Pero este no es el único inconveniente que deben enfrentar los docentes. “La falta de creación de jardines permite que sólo haya trabajo en los CPI, lo cual obliga a las maestras del nivel inicial a aceptar cualquier condición a riesgo de quedarse sin trabajo”, detalló. Además, agregó que la mayoría son monotributistas por lo que no están en relación de dependencia ni “tienen reconocido ningún derecho adquirido en el Estatuto del Docente como el de antigüedad, licencias, derecho a ascensos”, entre otros.  Incluso, muchas veces no se contrata a docentes que estén recibidos, desdibujando el rol que deben cumplir a la hora de atender a los niños.

Frente a esta situación, desde UTE remarcaron a El Destape que el sindicato lucha por incorporar a estas trabajadoras docentes dentro del estatuto y dentro de la órbita del Ministerio de Educación, donde deberían pertenecer los CPI que funcionan como jardines de infantes, para suplir la falta de estos.