Mauricio Macri oficializó este miércoles una lista de conjueces para la Corte Suprema que incluye al apoderado de empresas de su familia e histórico abogado personal, a una abogada del Grupo Clarín, al lobbista y operador judicial del Gobierno Ricardo Gil Lavedra y a varios miembros del establisment jurídico que opera desde el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, reducto de abogados de grandes empresas y escribas de las dictaduras. Con estas designaciones publicadas en el Boletín Oficial, Macri le pone el broche a una operación de la cuál informó El Destapepero cuya repercusión mediática es inversamente proporcional a la magnitud del escándalo.

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Los conjueces de la Corte Suprema actúan cuando los miembros del máximo tribunal del país no pueden intervenir en una determinada causa y no se logra completar el tribunal de otra forma. En concreto, de acuerdo al decreto 1285/58, reformado por la ley 23.498, cuando un ministro cortesano sea recusado, se excuse o cuando se produzca una vacancia, el tribunal se completará hasta el número legal para fallar mediante un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias. En el caso de que no se pueda completar con este procedimiento entran en juego los conjueces, que pasan a integrar la Corte para resolver el caso en cuestión. No es un cargo menor, llegado el caso.

Uno de los conjueces está imputado en la causa por la deuda del Correo Argentino

El penúltimo paso de esta maniobra lo ejecutó el Senado el pasado jueces 11 de octubre, tal como informó El Destape. Allí, pese a que se trata de un listado directamente alineado a los intereses de Macri, se aprobó por unanimidad.

Quién es quién

El novel conjuez más escandaloso sea acaso el menos conocido públicamente. Se trata de Julio César Rivera, abogado histórico de la familia Macri y, puntualmente, del presidente. Su tarea como letrado del clan incluyó desde los negocios hasta temas familiares, como el divorcio de Mauricio con Isabel Menditeguy en 2005. Basta mencionar su rol en la causa Correo Argentino para advertir la magnitud promiscua de este nombramiento. Rivera, junto a su socio Beltrán Louge, está a cargo de la sindicatura general del concurso de acreedores de Correo Argentino. Es decir, tienen que controlar que todo se haga de forma legal en esta causa que lleva más de quince años. Lo insólito es que el que tiene que controlar defiende los intereses del deudor, los Macri, y no que se cumpla la ley, que estipula que un caso como este debería estar resuelto hace más de 15 años.

Esto no es menor. El ahora conjuez de la Corte Rivera está imputado en la causa penal que investiga las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino junto a Macri, Oscar Aguad, los directivos de SOCMA, SIDECO y Correo y otros. Como síndico, dejó correr todas las maniobras de los Macri para no pagar su deuda y vaciar la empresa. Tanto Louge como Rivera fueron apoderados de empresas de los Macri como Transmetro SA, que también pasó por un proceso de quiebra y vaciamiento.

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Por si no bastara con Carlos Rosenkrantz, el Grupo Clarín tendrá otra aliada en la Corte. Se trata de María Angélica Gelli, otra de las designadas por Macri para conjueza del máximo tribunal. Gelli fue una de las defensoras del holding de Héctor Magnetto ante la Corte Suprema en las audiencias sobre la Ley de Medios audiovisuales. Una de sus frases fue: “El único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación es Clarín”.

El reaccionario Colegio de Abogados de la calle Montevideo (CACBA), poderoso reducto del establishment jurídico y los escribas de las dictaduras, logró el 40% de representación entre los ahora confirmados conjueces de la Corte Suprema.

Uno es su presidente, Guillermo Lipera. Socio del estudio Bulló y oriundo de Chivilcoy, durante una actividad del colegio a la que asistió Macri, afirmó: “Tenemos una oportunidad histórica con este gobierno. No tenemos por qué tener vergüenza de nuestras convicciones y por el contrario, defenderlas con uñas y dientes”. Les pidió a sus socios que jueguen “el partido” a favor del Gobierno. Y no se quedó en palabras. Además de su apoyo personal en artículos, entrevistas y sus redes sociales, Lipera encabezó varias operaciones mediático-judiciales, como la que logró la destitución de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

Otro socio del Colegio es Ricardo Gil Lavedra, que oficia de ladero del ministro Germán Garavano y en 2016 fue designado Presidente del Consejo Consultivo (ad honorem) del programa Justicia 2020. Fue defensor de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa por los fondos robados de su casa que nunca pudo justificar y asesoró a la provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales en la acusación contra la dirigente social, referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que lleva más de mil días presa sin condena.

No lo hace gratis. Por ejemplo, representa a la AFIP en la causa contra Cristobal Lopez gracias a una jugosa contratación a dedo que supera los 4 millones de pesos. Pero Gil Lavedra tiene otros hitos en su prontuario. Así como integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares, en 1985, también fue designado secretario letrado de la Procuración General de la Nación el 5 de agosto de 1976. Fue el único conjuez impugnado de la lista: el senador Guillermo Snopek consideró que debía rechazarse su postulación dado sus aceitados vínculos con el oficialismo y empresas como Odebrecht, involucrada en el Lava Jato criollo.

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El cuarto miembro del CACBA es Diego Botana, socio del estudio Allende & Brea, que siempre rankea en el top 5 de los mejores estudios de la city porteña. Se define como radical y es profesor en la Universidad de San Andrés.

Entre los conjueces también figura Aída Kemelmajer de Carlucci, acaso la única del listado que tiene al menos cierto prestigio académico. Mendocina, es doctora en Derecho, tiene una larga trayectoria académica e integró la Corte Suprema de Mendoza hasta el 2010. Se la vincula a Ernesto Sanz. Fue, junto a Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, coautora del anteproyecto para el actual Código Civil y Comercial. Cuando su nombre sonó para integrar la Corte, según la periodista Susana Viau hubo una campaña en su contra de parte del grupo Vila-Manzano. En 2003, en el programa Día D, Jorge Lanata contó que no llegó a integrar el máximo tribunal por las sospechas de tráfico de influencias que recaían sobre su marido, el abogado Nedo Carlucci, cuando era jueza de la Corte cuyana. Entonces, denunció a Lanata, pero finalmente en 2014 la Corte Suprema falló a favor del actual operador macrista.

La lista sigue con Alberto García Lema, que fue procurador del Tesoro de Carlos Menem y ya ejerció como conjuez de la Corte. Desde 1974 y hasta el 2 de noviembre de 1976 ejerció como secretario letrado de la Procuraduría General de la Nación, algo que parece no fue tenido en cuenta por los senadores a la hora de aprobar su pliego.

En la lista de conjueces está también Gerardo Amadeo Conte Grand. Fue subsecretario de Inteligencia y viceministro de Interior durante el menemismo. Es tío de Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires.

Otra nueva conjueza de la Corte es María Rosa Caballero. Abogada, escribana y ex jueza de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy desde 1984. En abril de 2014 renunció al cargo y se jubiló, pero en marzo de 2016 se reincorporó temporalmente para cubrir vacantes. Su cuenta de Twitter es un compendio de militancia PRO. El 15 de diciembre de 2015, en los días previos al ballotage, escribió: “Porque un candidato esgrime el principio de la buena fe, vamos Mauricio. Se puede #MacriPresidente”. Su apoyo a Macri fue total. Días antes publicó: “Argentinos no resignen su futuro ni cambien su dignidad por un plan #AguanteMacri”.

En su cuenta comparte intervenciones de Macri en Jujuy y convocatorias a timbreos, apoyos de Elisa Carrió a María Eugenia Vidal y comunicados de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otras cosas.

La lista se completa con Verónica Nidia Torres, abogada y escribana, actualmente decana de la Universidad Nacional del Nordeste.

Durante el análisis de los pliegos de los candidatos, en la Comisión de Acuerdos, el presidente del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, aseguró: “La trayectoria de los doctores realmente es extraordinaria, larga; todos sabemos la tarea que han realizado en la parte privada, en la docencia. De parte de nuestro bloque vamos a acompañar la firma del dictamen”.

No fue el único. El pasado 11 de octubre, cuando la agenda legislativa en la Cámara Alta se vio eclipsada por el debate en torno al nuevo tarifazo del gas que pretendía cobrarse en 24 cuotas, la lista de conjueces llegó al recinto. Se votó en medio de distintos proyectos y prácticamente no hubo objeciones: se aprobó por unanimidad, con los votos tanto de los senadores PRO como los pichettistas y los que se agrupan en el bloque kirchnerista. En total 58 senadores avalaron que estos abogados puedan acceder -ocasionalmente- al máximo tribunal del país. A la hora de la votación hubo 14 ausencias, entre las más destacadas, la de la expresidenta Cristina Kirchner.