En medio de las Fiestas Patrias por la conmemoración de la independencia peruana que se celebran cada 28, 29 y 30 de julio, las organizaciones civiles, sindicales, campesinas y políticas peruanas de diferentes regiones llevan adelante un nuevo plan conjunto de movilizaciones para exigir la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso y un urgente llamado a elecciones.
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La crisis social y política en el país andino no ha dejado de profundizarse. Cada día que pasa queda más en evidencia, ante los ojos de la ciudadanía, que Boluarte llegó a la presidencia del país a partir de un confuso y sofisticado “golpe de mano” sobre Pedro Castillo, con el apoyo decidido de sectores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, del Poder Judicial limeño y de un Congreso capturado por la corrupción y la derecha. Todo estos sectores, caracterizados como un “bloque autoritario” de fuerzas, han hecho oídos sordos al reclamo popular, que pide poner límites a un viciado sistema político, diseñado por el fujimorismo con el Autogolpe de 1992 y la cuestionada Constitución de 1993, que desde entonces ha funcionado como un cerrojo para que el país esté estratégicamente controlado por las elites locales y transnacionales, sostenedores de un férreo y violento Estado Neoliberal.
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Alianzas entre el fujimorismo y Perú Libre
Mientras los ánimos se caldean en las calles peruanas, el miércoles 26 de julio se realizaron en el Congreso las elecciones para determinar las autoridades de la Mesa Directiva que dirigirá las sesiones del órgano legislativo entre 2023 y 2024. En este proceso, resultó electa la propuesta que llevaba para presidente del Congreso a Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, partido vinculado al expresidente Kuczynski; para la vicepresidencia a Hernando Guerra García de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori; y para la segunda vicepresidencia a Waldemar Cerrón de Perú Libre, el partido de origen de Pedro Castillo, que lo abandonó en plena presidencia.
“Anteponemos los intereses nacionales frente a nuestras diferencias”, señalaron las bancadas en un comunicado público. Varios diputados, en desacuerdo con la elección, exhibieron carteles donde se leía “Dina renuncia”, al momento de emitir su voto.
Waldemar Cerrón, el vocero de Perú Libre, que expulsó a Dina Boluarte por despegarse públicamente de su ideas, fue duramente cuestionado por el arco de izquierda peruano, por aceptar una alianza con la derecha, mientras el pueblo protesta desde hace ocho meses en las calles.
Fuertes críticas a la situación de derechos humanos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, contabiliza en total, desde la destitución de Pedro Castillo, 61 fallecidos, 49 de ellos, civiles. “¿Cuántas muertes más quieren?”, preguntó Dina Boluarte en declaraciones previas a la Tercera toma de Lima, planteada para el 19 de julio, en la que organizaciones de todo el país se movilizaron hacia la capital y también en diversas localidades del país para reclamar la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y el llamado a elecciones. Otra de las demandas populares está en reclamar una Asamblea Constituyente, tal y como lo proponía Pedro Castillo, en su plataforma de gobierno. De cara a la “Tercera Toma de Lima”, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas gastó 8,5 millones de dólares, tanto en municiones como en equipamiento de uso militar, sólo para “apoyar” a la Policía Nacional del Perú.
Mientras, el Ministerio Público presentó un requerimiento de revelación de información a las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional por las muertes que se registraron entre diciembre del 2022 y enero del 2023, en el marco de la investigación por la denominada “Masacre de Juliaca” a la presidenta Dina Boluarte, al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y al exministro del Interior, César Cervantes. La misma ocurrió en enero de 2023 en en el sureño Departamento de Puno, e implicó el fallecimiento de 17 personas durante las manifestaciones en rechazo al Gobierno de Boluarte, surgido del Golpe de Estado a Pedro Castillo luego de que este, antes, intentó disolver el Congreso, un proceso previsto en el sistema legal peruano.
Desde el inicio de los acontecimientos, la región mira con preocupación los sucesos en Perú. El ex mandatario boliviano, Evo Morales, fue declarado persona no grata por el Congreso peruano al posicionarse a favor de Castillo y el presidente mexicano, López Obrador, no le entregó la presidencia de la Alianza Pacífico a Boluarte y la llamó “usurpadora”.
Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos expresó en un informe que en el país “existe un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y anti-derechos, ahora aliado con el gobierno de Boluarte”, al tiempo que pidió poner límite a la desacreditación de las protestas. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también emitió un informe en mayo de este año en el que concluyó, sobre el caso de Juliaca, que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”.
En los días previos a la última gran movilización del pasado 19 de julio, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y un conjunto de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, integrado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Human Rights Watch (HRW) exhortaron al Estado peruano a cumplir con sus obligaciones de respetar, facilitar y proteger el ejercicio pacífico del Derecho a la protesta de las y los peruanos.
“Notamos con preocupación que la primera reacción de algunas autoridades tras la convocatoria de nuevas manifestaciones haya sido intentar limitar el ejercicio del derecho a la protesta, entre otras cosas, exigiendo permisos o registrando a las personas que ingresan a Lima, amenazando con el uso de la fuerza contra las personas manifestantes y con criminalizar a quienes deseen ejercer este derecho”, afirmaron y expresaron preocupación por la ampliación del estado de emergencia y la consiguiente restricción de derechos, el “despliegue ostensivo de fuerzas de seguridad” y los controles de la policía en la entrada de personas de las provincias hacia Lima.
El 19 de julio una muñeca gigante con una careta de Dina Boluarte y la banda presidencial, dentro de su paquete que la etiquetaba “Barbie Genocida”, desfiló con las y los manifestantes, junto a la consigna “Renuncia, Dina asesina”, “No más muertos por protestar”.
Profundización de los procesos organizativos
El pasado jueves, organizaciones indígenas, junto a sindicatos docentes, realizaron bloqueos en el puente internacional de Puno y en rutas, al sur del país. También hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Arequipa. El viernes la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha del Perú (CNUL), el Colectivo “No a Keiko” y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), junto a otras organizaciones que se fueron plegando, convocaron a la realización de otra gran marcha y un paro nacional, entre el 27 y el 30 de julio en todas las grandes ciudades del país. Jorge Angulo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), anunció la movilización de más de 30.000 efectivos de diferentes unidades hacia diferentes puntos de Lima metropolitana. Ese es el “diálogo” que ofrece el gobierno de Boluarte.
Desde la destitución del presidente Castillo, una diversidad de organizaciones indígenas, campesinas, ronderas, estudiantiles y sindicales se han ido articulando en un frente para coordinar las acciones de protesta y pese a la violencia con la que el Estado reprime, el movimiento social peruano ha ido adquiriendo grados cada vez más profundos de coordinación para hacer escuchar sus consignas. El diario la República de Perú, relato hace una semana el surgimiento de una articulación de organizaciones y colectivos, denominada Frente Recuperemos la Democracia, aglutinado alrededor de consignas tales como: “Renuncia inmediata de Dina Boluarte”, “Cierre del Congreso”, “Asamblea constituyente”, y “justicia y reparación para todas las víctimas de las protestas”. También rechazan la intervención de tropas extranjeras en el Perú y están en contra de la privatización en el sector salud y en educación, en el país con más muertos por cantidad de habitantes del mundo en el marco de la Pandemia del Covid-19.
Este frente, protagonizado por jóvenes, realiza eventos a través de las redes sociales para recaudar fondos y apoyar a las y los manifestantes que llegan a Lima desde distintos puntos del país. También protagoniza las luchas el Colectivo “No a Keiko”, que desde un grupo de Facebook con más de 20 mil seguidores coordina acciones de protestas, marcan la emergencia de nuevas formas de lucha, que se combinan con las acciones obreras, campesinas y ronderas, dando muestra de lo que sucede cuando las nuevas tecnologías son puestas al servicio de la lucha popular.
El escenario político peruano se encuentra abierto. Un proceso de lucha popular cada vez más firme, con una incipiente articulación programática, se enfrenta a una presidenta que promete sostenerse desde la corrupción institucional y la represión más violenta. Su resolución es, aún, incierta. Sin embargo, todas y todos tienen claro algo: La legitimidad del sistema político diseñado por el fujimorismo, para asegurar el gobierno de las élites, está herido de muerte.
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