La Fiscalía General de México informó que dispuso la captura de 83 mandos militares, autoridades; policías estatales, municipales y miembros del Grupo Guerreros Unidos -una organización criminal- en el marco de la investigación de lo que se conoce como caso Ayotzinapa. Según la Justicia todas esas personas están vinculadas a los hechos perpetrados en septiembre de 2014 cuando desaparecieron a 43 estudiantes que viajaba en micros desde el suroeste del país hacia la Ciudad de México. La decisión llegó luego de que Gobierno reconociera la responsabilidad del Estado en lo sucedido.
El comunicado fue difundido por la Fiscalía en la noche del viernes e indica que se trata de 20 militares, cinco autoridades de Guerrero, más de 40 policías y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos: “Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores”, señalaron. Los delitos que se les inculcan, según indicaron, son: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia. “Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice”, sostuvieron.
La decisión llegó horas después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconociera la responsabilidad del Estado tras una investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa -creada en 2018- cuyo titular es el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina. El jueves tras una reunión con padres y madres de los 43 normalistas, dio a conocer los resultados preliminares y dio por tierra con la “verdad histórica”, una versión pregonada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y resistida por familiares y organismos de derechos humanos locales e internacionales.
Según esa investigación, los jóvenes fueron interceptados y entregados al cartel Guerreros Unidos para quemarlos en el basurero de Colula, en Guerrero.
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, determina el documento.
En la jornada del viernes, además, en el marco de la misma investigación se concretó la detención del exprocurador general Jesús Murillo Karam, funcionario durante el sexenio de la presidencia de Peña Nieto. Murillo es señalado, desde el primer momento, como quien pregonó la “verdad histórica”.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, Estado de Guerrero del suroeste mexicano, detuvieron y atacaron a los estudiantes normalistas -escuelas rurales con una marcada visión social- que se dirigían hacia la Ciudad de México. Todos ellos pretendían asistir a la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968, un hecho también de trascendencia histórica en el país, en el que aún existen dudas sobre la cantidad de muertes y desapariciones.
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