A un año de las elecciones presidenciales y en medio del crecimiento de la ultraderecha en Europa, la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció la sanción de una ley que busca limitar el número de estudiantes extranjeros por aula, exige a los padres de alumnos extranjeros con graves problemas de integración escolar que aprendan italiano, e introduce la prohibición del burka y el hiyab en los centros educativos. El presidente de Italia y la comunidad educativa rechazaron la iniciativa de Meloni.
"Vas al colegio con la cara descubierta, y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable", dijo la primer ministra y sumó: "No es posible, que en un aula italiana los niños italianos se sientan desplazados por ser minoría. No puede ocurrir".
El presidente de Italia, Sergio Mattarella, criticó el anuncio de Meloni y citó el artículo 34 de la Constitución que indica que la escuela está "abierta para todos". "Debe incluir, ayudar a no formar guetos, a no levantar barreras, a hacer más seguras nuestras comunidades, a unir y no a desgarrar, superando los muros de la desconfianza y la incomunicabilidad", crticó el presidente italiano y sostuvo que los espacios de enseñanza son la "palanca más eficaz" de integración para los niños y niñas migrantes.
También sumaron sus críticas los directores de colegios italianos que este lunes hicieron circular un comunicado en el que aseguraron que es "muy complejo" cumplir con los requisitos de Meloni. "Desde una perspectiva educativa, el objetivo está bien fundamentado y es loable, pero llevarlo a la práctica es muy complejo", afirmó Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores.
Y agregó: "Las escuelas deben, ante todo, acoger a los alumnos locales, especialmente en preescolar y primaria. Si en un barrio la mayoría de las familias son extranjeras, ¿cómo podemos respetar un límite porcentual? Desde luego, no podemos expulsar a los niños".
Explicó que además una medida de este tipo ya existía y ponía el límite del 30 % según una circular ministerial del 2010 aprobada por Mariastella Gelmini, ministra de Educación del entonces gobierno de Silvio Berlusconi, y recordó que había sido ya un problema aplicarla.