El Gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni aprobó este miércoles un amplio paquete de políticas migratorias, que endurece los controles aduaneros en las fronteras italianas y habilita bloqueos navales temporales ante lo que considere "amenazas a la seguridad nacional". La iniciativa forma parte del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, una política aprobada por la UE en 2024. Según la reseña oficial, la norma supone una reforma integral destinada a "reforzar los instrumentos para combatir la inmigración ilegal" y "garantizar una gestión más rigurosa de los flujos migratorios".
Europa atraviesa desde hace años una crisis migratoria proveniente de distintos países tanto de África como de Asia, la cual reforzó en muchos casos discursos ultra nacionalistas y envalentonó a partidos conservadores de la región a tomar la iniciativa en materia de seguridad, con argumentos discriminatorios que buscan responsabilizar a los migrantes de los problemas internos. En ese contexto, el Parlamento Europeo impulsó en 2024 un programa de leyes a aplicar en cada país del bloque continental, que se terminó de aprobar este martes y le permite a países del Viejo Continente rechazar solicitudes de asilo, así como también deportar a migrantes porque provienen de países designados como "seguros", o porque pudiesen solicitar asilo en otro país externo al bloque de 27 naciones. Italia aprobó un día después su implementación propia de la ley europea.
Entre los puntos más relevantes de la nueva legislación italiana está la posibilidad de prohibir el ingreso en aguas territoriales a embarcaciones cuando existan "amenazas graves para el orden público o la seguridad nacional". La disposición apunta, según el Gobierno, a afrontar "situaciones de afluencia masiva e instrumentalizada de migrantes" por vía marítima, dado que Italia por su forma peninsular se mantiene como una de las principales puertas de entrada a Europa desde el Mediterráneo.
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El texto además prevé la creación un sistema de vigilancia reforzado que permitirá actuar "preventivamente" sobre las rutas migratorias y profundizar la cooperación con Frontex, la agencia europea encargada del control de fronteras exteriores del bloque. El objetivo es fortalecer tanto el monitoreo marítimo como el terrestre y acelerar los procedimientos administrativos.
Las regulaciones fronterizas y la protección en casos particulares
Uno de los tópicos centrales de la nueva ley es la creación de un "procedimiento acelerado de retorno en frontera", que se aplicará directamente en pasos fronterizos o zonas de tránsito. Este mecanismo habilita el "alejamiento inmediato" de personas provenientes de países considerados seguros o cuyas solicitudes de asilo sean calificadas como "manifiestamente infundadas". Además, se ampliarán las circunstancias en las que un juez puede ordenar la expulsión tras una condena penal, aparte de establecer un trámite rápido para expulsar a extranjeros detenidos. En el plano penal, el catálogo de delitos que implicarán expulsión automática se extenderá a conductas como la resistencia a funcionarios públicos y la participación en disturbios dentro de los Centros de Detención para Repatriación (CPR).
Las nuevas normas también endurecen el acceso a la protección complementaria, figura destinada a quienes no califican como refugiados pero enfrentan riesgos en su país de origen, y modifiquen los criterios para la reagrupación familiar. El Ejecutivo argumenta que buscará evitar el "uso instrumental" de los vínculos familiares y fija requisitos más estrictos para demostrar la existencia de lazos efectivos y un grado suficiente de integración social, como la duración de la permanencia en territorio italiano.
Quedarán excluidas de esta protección aquellas personas con condenas por delitos que impliquen "peligrosidad". En materia de reagrupación, el Gobierno señaló que pretenderá limitar abusos y garantizar el acceso al país a quienes se estén en situación de "vulnerabilidad objetiva" y sin apoyo en su país de origen.
Por último, el paquete suma cambios en el sistema de acogida. Las prestaciones serán revocadas de manera inmediata si el solicitante abandona el centro asignado o si se comprueba que dispone de medios económicos suficientes. En este último caso, deberá reintegrar los costos cubiertos por el Estado.
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