El empresario colombiano y ex ministro venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes de conspiración por lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas luego de hacer un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos. Saab había sido señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, secuestrado en enero pasado. Días después de la operación de Estados Unidos, Saab fue desplaco del ministerio de Industrias y Producción Nacional y en mayo fue deportado a ese país. En julio se había declarado inocente de los mismos cargos que hoy asumió.
Al comparecer en persona en una corte de Miami, Saab cambió la declaración de "no culpable", que había presentado el pasado 24 de julio, por una de culpabilidad durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida. "Culpable, señoría", manifestó el empresario petrolero, de 54 años, en la audiencia, según constató EFE.
El acuerdo de 12 páginas que Saab alcanzó con la Fiscalía, cuyos detalles no fueron revelados, fue revisado por la jueza, tras lo cual el ex funcionario venezolano podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión. Saab recibirá su sentencia definitiva en enero próximo y admitió haber conspirado para realizar actividades ilícitas como fraude y sobornos a funcionarios públicos, además de ocultar el origen de los fondos. Según publicó CNN, Saab se comprometió a entregar cerca de US$ 195 millones en efectivo y pertenencias, así como a la imposibilidad de cambiar su declaración. La admisión de lavado incluye a cuatro supuestos cómplices cuyos nombres no fueron revelados.
Acuerdo sin amenazas, según Saab
Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo al momento de la cita, pero el ex ministro de Maduro aseveró que "no" hubo un trato más allá del presentado ante la Fiscalía ni amenazas para que aceptase su culpabilidad. Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), el caso involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables con supuestas transferencia a cuentas bancarias en Estados Unidos. Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por "narcoterrorismo", narcotráfico y posesión de armas.
El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero había quedado libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional. La fiscalía también afirma que desde 2019, cuando se intensificaron las sanciones de EE.UU. a Venezuela, los acusados usaron su influencia en el Gobierno venezolano para tener acceso al petróleo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), venderlo y conseguir ganancias. Tanto el Gobierno de Venezuela, del que dependía el programa CLAP, como PDVSA rechazaron repetidas veces estas acusaciones.
Con información de DW