En medio de una hecatombe asistencial que mantiene desbordados sus centros de acogida y dependencias improvisadas, la ciudad autónoma de Ceuta formalizó una dramática petición de socorro al Gobierno español y a las comunidades autónomas para acelerar el traslado inmediato a la Península de los más de 1.100 menores extranjeros no acompañados que continúan bajo su custodia.
El cuadro de situación en el enclave español rozó niveles sin precedentes tras la irrupción masiva de 72.000 migrantes en apenas siete días en una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea con África, episodio que dejó un trágico saldo de al menos 75 personas fallecidas durante las avalanchas en el perímetro fronterizo. Si bien la abrumadora mayoría de los adultos fue deportada o devuelta de forma expedita hacia Marruecos, la legislación de protección a la infancia impide las expulsiones sumarias de niños y adolescentes, dejando a más de un millar de jóvenes viviendo a la intemperie en las arterias urbanas o pernoctando en naves industriales adaptadas a toda prisa.
"Estamos pidiendo auxilio, socorro y solidaridad; es una situación absolutamente insostenible", alertó públicamente el presidente del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas, al exigir la activación urgente de las derivaciones obligatorias que contempla la Ley de Extranjería para aliviar a los territorios limítrofes en estado de contingencia. Sin embargo, la reubicación peninsular tropezó de frente con una encarnizada disputa partidaria ya que la cúpula de Vox rechazó de plano acoger a los menores y exigió que "ni un solo euro" de las arcas públicas se destine a su atención, amenazando con fracturar las alianzas regionales si se ejecuta la distribución.
A la par de la parálisis política, expertos en derecho migratorio advirtieron que la logística para trasladar a los jóvenes desde la frontera africana hacia el continente podría dilatarse durante meses. El protocolo exige someter a cada menor a peritajes óseos para confirmar la edad, concretar entrevistas individuales elaboradas por los servicios sociales y coordinar pesquisas con las sedes diplomáticas de los países de origen para descartar la viabilidad de una reagrupación familiar en sus lugares de procedencia.
Con información de Reuters
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