El acuerdo Mercosur-UE como reliquia del pasado en un mundo convulsionado

Luego de 25 años de negociaciones, el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado por los ejecutivos. Por decisión del Parlamento Europeo, su implementación queda sujeto a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá revisar su compatibilidad con el derecho europeo, algo que parece una concesión burocrática a ciertas tensiones en Francia. Si bien ese proceso puede tardar dos años más, el acuerdo puede ya ser aplicado de manera provisional por la Comisión Europea, una vez los parlamentos nacionales del Mercosur lo aprueben.

Los orígenes noventosos del acuerdo nos recuerdan, por un lado, a las promesas de crecimiento y desarrollo del fracasado Consenso de Washington y por el otro lado, al miedo a la desindustrialización y reprimarización de nuestra región. Pero nuestra lectura sobre el acuerdo también se ve condicionada por el actual repliegue de los Estados Unidos hacia América Latina: la intervención militar en Venezuela y la sustracción de su presidente, así como la amenaza de ocupación de Groenlandia desafían las históricas relaciones internacionales entre los países latinoamericanos y europeos con Estados Unidos, a la vez que los organismos multilaterales pierden su reconocimiento e influencia para abordar conflictos internacionales.

En este sentido, el tratado de libre comercio aparece quizás como un último aliento de multilateralismo en occidente.

Un debate histórico

Podemos decir que desde los orígenes de la economía existieron propulsores y detractores del librecambismo. La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo (1817-1821) surgió en Inglaterra en un contexto de fuerte disputa distributiva entre los sectores terratenientes conservadores y la ascendente burguesía capitalista y situó al libre comercio como una manera eficaz de conseguir especialización productiva y crecimiento generalizado. Alexander Hamilton (1790), en cambio, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, defendía la implementación de aranceles a la importación a fin de impulsar el mercado interno y proteger la industria naciente, hasta que sea lo suficientemente competitiva para imponerse bajo condiciones de libre comercio.

Más allá de las teorías, está claro que el sector externo tiene un rol fundamental en el desarrollo económico nacional. Los ejemplos de economías asiáticas que se industrializaron en función del mercado externo y también nuestras propias experiencias en economías latinoamericanas que alcanzaron altas tasas de crecimiento pero chocaron en su desarrollo industrial con la restricción externa, nos obligan a repensar los clásicos argumentos sobre el libre comercio con economías muy desarrolladas. En este artículo trataré de salir de las simples dicotomías para pensar de manera situada las ventajas y desventajas que tendría la implementación del acuerdo UE-Mercosur para nuestro país.

Ganadores y perdedores

Un primer ganador del mayor volumen comercial con la Unión Europea será el sector agropecuario, históricamente el núcleo de las exportaciones argentinas hacia ese mercado. No sorprende, entonces, que este punto haya provocado las protestas más contundentes en Europa. Para la Argentina, la escala y la productividad del sector puede ser muy favorable. Ahora bien, hay que procurar que este beneficio permita un mayor desarrollo del sector agroindustrial.

En contraste, la industria manufacturera enfrenta un panorama más ambiguo. Sectores como maquinaria, químicos y transporte —todos intensivos en tecnología y diferenciación de productos— tienen un potencial significativo para el desarrollo argentino, pero hoy atraviesan una situación frágil: En 2025, firmas como Dass, Whirlpool y Lamb Weston cerraron plantas y pasaron a operar como importadoras tras la caída del consumo interno. Esto elevó la capacidad ociosa y destruyó empleo calificado. Entre enero y mayo del mismo año, las manufacturas de origen industrial representaron apenas el 26,7% de las exportaciones. En este contexto, un aumento del intercambio con Europa —especialmente en bienes de transporte y consumo durable— suma presión adicional sobre las industrias locales. Si bien el acuerdo podría bajar costos de insumos y maquinaria europea, ayudando a mejorar la productividad, su impacto dependerá de la capacidad del Estado de proteger y orientar las cadenas de valor.

Del lado europeo, el tratado amplifica el interés por la minería y recursos estratégicos. El complejo minero metalífero y litio representó el 8,9% de las exportaciones en el primer semestre de 2025, con una dinámica ascendente impulsada por la transición energética global que afecta la demanda global de litio y también de cobre. Pero el crecimiento del sector también reaviva tensiones internas: las protestas en Mendoza contra proyectos de oro y cobre recuerdan los impactos ambientales y sociales que genera la minería tradicional.

Aunque el debate suele reducirse a la exportación de bienes primarios, la minería podría integrarse a cadenas de valor más sofisticadas, con distintos niveles de procesamiento y complejidad tecnológica. Observemos una restricción estructural que caracteriza a nuestra economía: la baja densidad del comercio regional. Mientras Europa exhibe un entramado robusto de comercio intraindustrial —autos entre Francia y Alemania, químicos entre Países Bajos y Alemania, maquinaria entre España e Italia—, las economías latinoamericanas dependen de mercados lejanos. En el caso argentino, el 72% del litio exportado en el primer semestre de 2025 fue a China, y el 80% del oro y la plata se dirigió a Suiza, Estados Unidos y Canadá. Esta orientación casi exclusivamente extrarregional dificulta la creación de clústeres productivos, limita la diversificación y nos mantiene anclados en eslabones de bajo valor agregado. Sin una estrategia regional común, un mayor intercambio con economías altamente industrializadas profundizará la inserción primaria en el comercio global.

Un punto sensible en Europa es el de los estándares de producción y la protección del consumidor. La Unión Europea cuenta con regulaciones estrictas en seguridad alimentaria y bienes de consumo, mientras que en Argentina el proceso de desregulación —incluido el debilitamiento de INTI y ANMAT— reduce la capacidad del Estado para garantizar controles mínimos. Esta asimetría puede traducirse en barreras no arancelarias que afecten la inserción de nuestros productos.

A ello se suma la preocupación ambiental: uso intensivo de pesticidas, semillas modificadas, hormonas en ganadería, deforestación y prácticas mineras contaminantes. Como respuesta a estas inquietudes, la Comisión Europea incorporó en 2019 criterios adicionales de sustentabilidad para acercar los estándares productivos entre regiones. Lejos de ser un obstáculo, esto abre una oportunidad para fortalecer nuestros propios marcos regulatorios y garantizar que los sectores más dinámicos del comercio también cumplan con requisitos compatibles con los mercados más exigentes del mundo.

¿Qué hacer con el acuerdo adoptado?

Cabe preguntarse si existen políticas virtuosas que podría impulsar el gobierno. La única receta de Javier Milei es la de abaratar los costos a través de una reforma laboral que quita derechos, la desregulación y la reducción de impuestos que beneficia a los segmentos más altos de ingreso. Sin embargo, esa estrategia nos deja aún más débil frente a una UE que tiene altos niveles de regulación, control de calidad y protección laboral, que también se encuentran incorporados en el mismo tratado. En este sentido propongo al menos 6 políticas de competitividad dentro del acuerdo:

1. Política industrial activa

Es necesario identificar sectores estratégicos, promover la especialización en actividades complementarias a nuestras ventajas comparativas y orientar el acceso a insumos europeos para un proceso de upgrading industrial.

2. Reforma tributaria progresiva sectorial

Dado que el sector agropecuario será uno de los principales beneficiarios, se requiere una mayor contribución tributaria de los segmentos más dinámicos y políticas que incentiven la agregación de valor en origen, evitando impactos regresivos de la apertura.

3. Fortalecimiento regulatorio y estándares de calidad

Reconstruir organismos como el INTI y la ANMAT es clave para converger hacia estándares europeos y garantizar condiciones sanitarias y de seguridad en la producción.

4. Estrategia minera regional

La coordinación entre vecinos que comparten geografía y desafíos similares permitiría impulsar cadenas de valor locales y mejorar el posicionamiento internacional del sector.

5. Ciencia, tecnología y educación

La salida de profesionales y el debilitamiento del sistema científico requieren políticas urgentes de inversión en I+D, educación técnica y universidades públicas, pilares fundamentales de una inserción internacional de mayor complejidad.

6. Fortalecimiento del Mercosur

Reforzar el comercio intra-Mercosur es indispensable para diversificar mercados, generar clústeres productivos y disminuir la dependencia de destinos extrarregionales.

Conclusión

El tratado de libre comercio brinda oportunidades interesantes para acercarnos a estándares europeos de calidad y desarrollar actividades estratégicas, pero apropiarse de estos beneficios parece imposible con el actual abandono de nuestra industria, la fuga de científicos y profesionales y la política de desregulación total. Para posicionarnos mejor es indispensable recuperar una política industrial que planifique a largo plazo e introducir controles de calidad y ambiental que aseguren competitividad y también impliquen mejores condiciones productivas y laborales en América del Sur. En un momento donde el mundo se desliza hacia una creciente intrascendencia de los mecanismos multilaterales y del derecho internacional, la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur propone un ancla de integración y cooperación frente al nuevo orden económico que propone Trump.