La Obra Social del Personal del Organismo de Control Externo (OSPOCE) perdió un negocio multimillonario con la entrada en vigor de la Resolución 1/25, que eliminó la triangulación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Con esa resolución del ministerio de Salud, la entidad dejó de operar mensualmente 10 mil millones de pesos en aportes y contribuciones que pasaban por sus manos antes de llegar a las prepagas.
De esa suma, mil millones de pesos correspondían exclusivamente al costo de la intermediación que OSPOCE cobraba por ser un puente entre los trabajadores y las empresas de salud privada. Un negocio redondo que funcionaba desde los años noventa.
El esquema que se cayó
Al momento de publicarse la resolución -en enero de 2025-, OSPOCE contaba con 150 mil titulares. De ellos, más de la mitad —82.000 afiliados— desregulaban sus aportes hacia diferentes prepagas. La gran mayoría, unos 55.000, lo hacían hacia Swiss Medical, la empresa líder del mercado de medicina privada en Argentina.
Según fuentes oficiales consignadas en una nota publicada por La Nación, entre Swiss Medical y OSPOCE habían construido el “peaje” más caro del mercado: un 10% de comisión por la intermediación. Solo de los afiliados que iban a Swiss Medical, con el cambio OSPOCE dejó de recibir 6 mil millones de pesos mensuales.
Pero el negocio no se limitaba a la comisión. A la fortuna que recibía por intermediación había que sumarle la rentabilidad financiera, ya que transfería el dinero a las prepagas con 60, 90 y hasta 120 días de demora. Durante ese tiempo, los fondos quedaban en manos de la obra social, generando intereses y rendimientos en un contexto inflacionario. La operación, según evaluaron funcionarios del área, adquirió dimensiones gigantescas.
La caída de las cápitas
El impacto de la medida se reflejó en las cifras de afiliados. OSPOCE pasó de tener 215.000 cápitas antes de la resolución a apenas 73.000 en la actualidad. Una caída brutal que refleja, según los expertos, cómo la mayoría de sus “afiliados” en realidad solo existían en los papeles, mientras recibían su atención médica directamente de las prepagas.
El sistema de triangulación, implementado durante la presidencia de Carlos Menem en los años noventa, funcionaba de la siguiente manera: los trabajadores en relación de dependencia tenían asignada una obra social, que recibía sus aportes y contribuciones. Si el trabajador optaba por una prepaga, la obra social retenía un porcentaje —que en el caso de OSPOCE y Swiss Medical llegaba al 10%— y transfería el resto a la empresa de medicina privada, con demoras de hasta cuatro meses.
La Resolución 1/25, publicada el 31 de enero de 2025 en el Boletín Oficial, dispuso que los aportes y contribuciones vayan directamente desde el empleador hacia la prepaga elegida, eliminando la intermediación. Los trabajadores que deseaban mantener el sistema anterior tuvieron 60 días para manifestar su voluntad de permanencia en la obra social.
El hombre detrás de los números
Hugo Quintana, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), es quien maneja OSPOCE desde hace más de tres décadas.
La operación resultó tan lucrativa que, entre las propiedades que se le asignan, se le atribuye la construcción de barrio cerrado en el conurbano bonaerense.
En 2023, Quintana consiguió una nueva reelección en APOC que lo mantendría en el cargo hasta 2027. Pero su poder parece menguar a medida que crece el escándalo.
En mejores épocas, su influencia se extendió al terreno de la política partidaria. Quintana fue el principal sponsor de la aventura electoral de Miguel Ángel Pichetto. De hecho, el propio Quintana fue sponsor y director de la revista Movimiento 21, publicación que se convirtió en grupo político y auspició los eventos en los que Pichetto hizo sus primeros coqueteos con una eventual postulación presidencial.
Sin embargo, la crisis de OSPOCE marca un punto de inflexión en su trayectoria de poder. La profunda crisis de la obra social incluye el colapso de sus prestaciones, aumentos en pagos a prestadores y una ola de desafiliaciones y renuncias que afectan a la organización sindical.
Para apuntalar su subsistencia, en noviembre de 2025 Quintana tomó el mando de la Seccional Control Nación (principalmente con asiento en la Auditoría General de la Nación) sin ningún acto formal, luego de forzar la renuncia de Miguel Giménez, quien había sido electo en junio para ese mismo cargo.
La crisis del sindicato se plasma en la marginación de Quintana en discusiones clave de la AGN y su ausencia en el congreso de la CGT.
Un negocio mil millonario
OSPOCE no era la única que se beneficiaba del sistema que se desmanteló. Según cifras oficiales, la triangulación movía a nivel nacional unos $252.000 millones por mes, de los cuales $30.000 millones correspondían exclusivamente al costo de la intermediación que se llevaban las obras sociales.
El esquema afectaba a 1.380.000 trabajadores titulares en todo el país. Las principales prepagas involucradas eran Swiss Medical (264.595 afiliados triangulados), OSDE (238.939) y Galeno (105.464).
En el caso específico de Swiss Medical, además de los 55.002 afiliados que llegaban a través de OSPOCE, otros 85.523 lo hacían mediante la Obra Social del Personal de Dirección de Acción Social de Empresarios (ASE). Estas dos obras sociales eran las principales “socias” de la prepaga en el negocio de la intermediación.
El ahorro para los afiliados
Con la eliminación de la triangulación, el dinero que antes se quedaba en las obras sociales por concepto de intermediación —un promedio de $21.739 por afiliado por mes, según datos oficiales— quedó disponible para el sistema. El Gobierno esperaba que ese ahorro se tradujera en menores aumentos o incluso reducciones en las cuotas de las prepagas.
La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Gabriel Oriolo, se reunió con directivos de Swiss Medical, Omint, Medifé, Medicus y otras empresas para solicitarles que trasladaran este ahorro a los usuarios. Sin embargo, desde las prepagas no hubo garantías de que fueran a reducir sus cuotas.
Para OSPOCE, en cambio, el panorama fue definitivo: perdió mil millones de pesos mensuales en comisiones, 6 mil millones solo de Swiss Medical y un total de 10 mil millones que mensualmente pasaban por sus cuentas. Un golpe que puso en evidencia la magnitud del negocio que funcionó durante décadas en el sistema de salud argentino.
La medida forma parte del proceso de desregulación del sector salud impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya había obligado en octubre de 2024 a las prepagas a inscribirse en un padrón para permitir la derivación directa. Lo que entonces era opcional, se volvió obligatorio en enero de 2025: los aportes van directo a las prepagas, salvo que el trabajador manifieste expresamente lo contrario.
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