La provincia de Formosa logró una extensión de seis meses para que las personas con discapacidad entreguen informes sanitarios e historias clínicas actualizadas. La resolución permite sostener pensiones no contributivas y gestionar el Certificado Médico Oficial para nuevos beneficios.
La presentación, impulsada por la Defensoría del Pueblo y la Asociación Camino Azul TEA Formosa, se realizó en el Juzgado Federal N° 2 de la provincia. El defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, explicó que la disposición judicial del juzgado, dirigido por la funcionaria judicial Belén López Macé, responde a un esquema previo que otorgaba apenas 15 días para reunir documentación de hasta dos décadas de antigüedad.
El funcionario calificó ese plazo como inviable y precisó que esta constituye la tercera ampliación conseguida por el organismo provincial. Gialluca instó a los beneficiarios a utilizar el nuevo término y completar la entrega de estudios. La sentencia declaró inválidas auditorías anteriores realizadas de manera irregular y ordenó al Estado nacional abonar retroactivamente los haberes suspendidos. El ombudsman recordó que los titulares del derecho deben igualmente cumplir con la presentación de la documentación requerida.
Un trámite fundamental para las personas con discapacidad
El titular de la Defensoría señaló que el trámite digital se volvió complejo tras modificaciones administrativas y la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por ese motivo, recomendó realizar la gestión de forma presencial y ofreció asesoramiento para digitalizar antecedentes a través de las oficinas del organismo y sus canales de contacto oficiales.
En relación con la cantidad de prestaciones vigentes en la provincia, Gialluca denunció un bloqueo informativo por parte de la Nación y afirmó que desde hace un año solicitan datos en las bases de la ex ANDIS y de la Administración Nacional de la Seguridad Social sin obtener respuestas precisas. El defensor sostuvo que existe una manipulación estadística para justificar ajustes bajo la hipótesis de fraude y cuestionó la falta de baremos médicos claros para evaluar los casos.
El funcionario destacó que Formosa logró restituir la totalidad de las pensiones suspendidas y afirmó que la decisión judicial se convirtió en antecedente para otras jurisdicciones. Gialluca indicó que la Defensoría del Pueblo de la Nación trabaja de manera articulada con el organismo provincial y que la provincia de Catamarca presentó un amparo similar basado en este precedente. Finalmente, sostuvo que la política nacional vulnera derechos previamente reconocidos por el propio Estado y reclamó criterios transparentes para cualquier proceso de revisión.
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